6ª AUDIENCIA PÚBLICA
BUENOS AIRES, ARGENTINA
NOVIEMBRE 2012
RESUMEN DE CASOS I
I- ARGENTINA
I.1) Contradictorio: Los Vecinos Autoconvocados de González Catán contra la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por la posible afectación de los mantos acuíferos en González Catán, Matanza, Buenos Aires. Los actores del contradictorio son los Vecinos Autoconvocados de González Catán contra la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Se denuncia la contaminación del agua por el presunto manejo inadecuado de líquidos lixiviados y la proliferación de graves enfermedades en los barrios cercanos al botadero de desechos de la CEAMSE. Ubicado en la rivera del arroyo Morales – afluente del río Reconquista, donde las napas del acuífero Puelche se encuentran a 65 metros de profundidad –, se indica que el centro de disposición final queda a 800 metros del centro de la ciudad y en la vereda de enfrente de 4 barrios. Un grupo de vecinos frentistas de ese relleno sanitario inició en el 2003 la movilización ciudadana, que se organizó como asamblea popular. Han preparado petitorios para presentación ante distintos organismos gubernamentales – en ámbito municipal, provincial y nacional –, obteniendo miles de firmas de apoyo. La demanda presentada al Tribunal Latinoamericano del Agua se funda en la contaminación ambiental y la inutilización del agua en napas, de supuesta vinculación con las graves enfermedades identificadas en pobladores locales.
I.2) Contradictorio: Fundación Chadileuvú (FUCHAD) contra el Estado Nacional Argentino y la Provincia de Mendoza por los presuntos daños en el territorio de La Pampa ocasionados por el corte del río Atuel. Son actores del contradictorio la Fundación Chadileuvú (FUCHAD) y de otra parte el Estado Nacional Argentino y la provincia de Mendoza. La denuncia plantea que la construcción del embalse el Nihuil 1 en Mendoza ha acabado con la escorrentía permanente del río Atuel aguas abajo, afectando la disponibilidad hídrica para consumo humano y uso productivo en La Pampa. Se alega que el embalse ha producido graves daños ambientales y serias limitaciones agrícolas en esta provincia, con la alegada conversión en “desierto” de un territorio de 400.000 hectáreas.
El conflicto hídrico permanece sin solución hace décadas, en que pese a que la materia haya sido objeto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la nación Argentina (1987), del Protocolo de Entendimiento Interprovincial (1989), del Tratado (1992) y del Convenio (2008) del Atuel. La demanda presentada al Tribunal Latinoamericano del Agua contiene petitorias para la busca de soluciones basadas en el cumplimiento de dichos instrumentos y de sus resoluciones conciliatorias.
II – BINACIONAL CHILE – ARGENTINA
II.1) Contradictorio: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco – Región de Atacama, la Pastoral Salvaguarda de la Creación – Alto del Carmen, el Comité Esperanza de Vida – Alto del Carmen, Región de Atacama contra Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de Barrick Gold (Canadiense), y su proyecto minero Pascua Lama. Los actores del contradictorio son el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco – Región de Atacama, la Pastoral Salvaguarda de la Creación – Alto del Carmen, el Comité Esperanza de Vida – Alto del Carmen, Región de Atacama y Coordinación contra Pascua Lama de Santiago; de otra parte, la Compañía Minera Nevada Ltda. (subsidiaria de la canadiense Barrick Gold) y el proyecto minero binacional Pascua Lama, desarrollado en la región transfronteriza entre Chile y Argentina – provincias del Huasco (Chile) y de San Juan (Argentina). El proyecto enfrenta resistencia de ciudadanos y organizaciones desde el año 2000, que denuncian presuntos impactos perjudiciales e irreversibles en glaciares andinos y consecuentes amenazas a los derechos culturales y al modo de vida de los pobladores de la comuna de Alto del Carmen. La demanda presentada al Tribunal Latinoamericano del Agua se basa en la supuesta violación de derechos humanos y derechos ancestrales de los indígenas, el incumplimiento de la legislación ambiental chilena en virtud de los daños consumados y la amenaza de arrasar a todo el ecosistema glaciar que sostiene la Cuenca del Valle del Huasco.
III – PERU
III.1) Contradictorio: Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) contra el Estado Peruano y la empresa minera Yanacocha S.R.L. por ejecución del proyecto minero Conga, que amenaza al medio ambiente y el derecho al agua. Son actores del contradictorio el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) ante el Estado Peruano, por intermedio del Ministerio de Energía y Minas, y la empresa minera Yanacocha S.R.L., por ejecución del proyecto minero Conga. La denuncia plantea que este proyecto minero de tajo
abierto tiene previsto en concreto la afectación de más de 600 manantiales y la pérdida inminente de lagunas naturales, con efectos ambientales drásticos y consiguientes afectación de las poblaciones que se encuentran en la zona baja. El proyecto Conga se ubica en distritos de las provincias de Celendín y Cajamarca. De acuerdo con estudios e informes, el proyecto se desarrollará sobre una cabecera de cuenca que abastece a 5 microcuencas. Sus resultados comprenden la desaparición de varios ecosistemas definidos y fragmentación de los restantes, además de reemplazar lagunas por depósitos de relaves y desmontes de la mina. La demanda presentada ante el Tribunal Latinoamericano del Agua sostiene la violación al Derecho Humano al Agua y al derecho al medio ambiente sano y equilibrado, requiriendo la suspensión definitiva de la explotación del Proyecto Minero Conga.
IV – MÉXICO
IV.1) Contradictorio: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (ANAA) contra la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Salud por la posible afectación y merma del caudal hídrico en la República Mexicana. Los actores del contradictorio son la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (ANAA) frente a Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Secretaría de Salud. Se denuncia el deterioro general de los ecosistemas, contaminación de los sistemas hídricos, crecimiento urbano desmedido, impacto en la salud pública y represión estatal a los movimientos comunales y ciudadanos en defensa del Derecho Humano al Agua que se ha experimentado en México en los últimos años. Los denunciantes están integrados en una gran asamblea nacional de 57 organizaciones/movimientos sociales, con la convergencia de más de 130 luchas locales en casi la mitad de los estados de la República mexicana. Alegan que las políticas neoliberales han puesto en grave riesgo todas y todos los habitantes de México – incluso las futuras generaciones –, además de saquear los territorios de pueblos indígenas y campesinos. La demanda presentada al Tribunal Latinoamericano del Agua se basa en cinco capítulos: “Esplendor y ruina del jurídico”; “Debilitando a la nación”; “La creciente escasez del agua”; “¿Cómo incumplir la ley desde el gobierno?”; y, “Las luchas contra la injusticia hídrica en México”.