El diario, 22 de enero de 2007
Palabras de Ex ministro Ric.
La explotación del Mutún sigue en la incertidumbre.
La multinacional india Jindal Steel & Power, adjudicataria de la licitación para la explotación e industrialización de los yacimientos de El Mutún, actúa políticamente en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, haciendo ofrecimientos de dotación de ambulancias, construcción de escuelas y otras “prebendas” para que los pobladores de esa región presionen al Gobierno para que firme el contrato con esa empresa.
En denuncia a la Red Erbol, el ministro de Servicios y Obras Públicas, Salvador Ric Riera, explicó que la empresa trabaja de manera subterránea para obtener el gigantesco yacimiento de El mutún. “Los hindúes son unos vivos y es muy difícil negociar con ellos, vienen al país y mueven a una región para llevarse todo. Ellos trabajan políticamente, van a la región, hablan con los dirigentes y les prometen ambulancias y colegios, eso no puede ser”, aseveró. Recomendó al Gobierno del presidente Evo Morales romper las negociaciones con la Jindal, argumentando que los términos de la licitación son más favorables para esa empresa y desventajosos para el Estado bolivianos en términos de ganancias por la explotación e industrialización de los yacimientos de hierro y manganeso.
Ric señaló que en base a los términos de la negociación la empresa hindú es la más beneficiada porque llegará a obtener ganancias por encima del 50 por ciento, principalmente por la industrialización del metal. “Tendríamos que tener el 50 por ciento de las utilidades de participación en la empresa siderúrgica del Mutún, lamentablemente ellos manejan los números y deberían ser más transparentes.
Si nos dieran el doble de lo que nos están queriendo dar es poco”, aseveró.
Indicó que otra de sus observaciones es la exportación de materia prima, que según la ex autoridad no debería darse en ninguna de las fases del proyecto, sino que desde el principio debe implementarse la industrialización, incluso con menos regalías en la parte de mayor proceso de industrialización.
Afirmó que en el caso de que el equipo negociador del Poder Ejecutivo no rompa las negociaciones con la Jindal, el Congreso de la República está en la obligación de observar el contrato que sea firmado porque es contrario a la Constitución Política del Estado.