Por Diego Cevallos
MÉXICO, 25 agosto, 2008 (Tierramérica).-
La corporación minera canadiense Minefinders exploró durante 14 años una zona rural del norteño estado mexicano de Chihuahua. Pero cuando se apresta a iniciar la explotación de oro y plata, sus planes se ven amenazados por protestas campesinas.
La inconformidad con Minefinders luego de tanto tiempo se debe a que "nos dimos cuenta de los engaños, de cierto abuso de la empresa", dijo a Tierramérica el portavoz de los campesinos, David de la Rosa. "Es que se tomó conciencia de la inequidad de la relación", añadió el abogado Mario Patrón, asesor del grupo. Los habitantes de Huizopa, comunidad enclavada en la Sierra Madre Occidental y conformada por unas 230 familias dedicadas a la agricultura de autoconsumo y la ganadería, mantienen desde mayo un campamento cerca de la aún no estrenada planta de procesamiento de la Compañía Minera Dolores, subsidiaria de Minefinders en México.
Familias enteras de la Asamblea Permanente de Ejidatarios de Huizopa hacen turno allí para garantizar una presencia constante. Aunque no interrumpen los trabajos de la empresa, sus reclamos y la posibilidad de que radicalicen su protesta mantienen en vilo los planes de Minefinders.
La corporación goza de una concesión otorgada en 1994 por el gobierno de México. Con esa autorización y la venia inicial de los campesinos efectuó unas 1.000 perforaciones en búsqueda de oro y plata. Para iniciar la explotación, en 2006 firmó un acuerdo con los dirigentes comunitarios de Huizopa, según el cual puede operar sobre unas 1.200 hectáreas.
Sin embargo, buena parte de la comunidad sostiene que no se llevó a cabo el proceso de consultas obligatorio con la comunidad que posee las tierras. "El acuerdo firmado con la minera es ilegal pues no se analizó ni se votó en la asamblea comunitaria y además es desigual, no tiene el mínimo principio de equidad", dijo Patrón a Tierramérica.
Además, argumentan los campesinos, la minera se ha apropiado de casi 3.500 hectáreas, de las 86.000 que tiene Huizopa. Un grupo minoritario de pobladores apoya a la empresa, que ha construido viviendas y caminos, pero la mayoría quieren un nuevo acuerdo que incluya la financiación de un plan de desarrollo comunitario, pago de renta anual por hectárea explotada, definición de un sistema de participación en las utilidades y estudios ambientales.
Minefinders asegura en su sitio web poseer la propiedad de "100 por ciento" de la mina Dolores, que espera explotar a cielo abierto durante 15 años. No se trata de un conflicto aislado.
En la última década han estallado problemas recurrentes entre la industria minera, los sindicatos y los pobladores en varios países de América Latina, coincidiendo con la bonanza de los precios internacionales de los metales.
En los últimos cuatro años, la cotización del oro se elevó 219 por ciento y la de plata en más de 149 por ciento, un ciclo que trajo multimillonarios ingresos a las empresas y un repunte de los impuestos que perciben los Estados.
En Perú se contabilizaron 26 huelgas mineras en el primer semestre de este año, apenas tres menos que las registradas en todo 2007. En América Central, donde las compañías identifican al menos 23 zonas explotables, organizaciones sociales están en pie de lucha, con el argumento de que los empresarios se enriquecen a costa del ambiente y las poblaciones cercanas a los yacimientos.
En México el conflicto entre el gobierno y la dirigencia de un sector del sindicato minero se mantiene desde 2006. Los campesinos de Huizopa "no caeremos en la violencia, pero no nos rendiremos hasta lograr beneficios reales de Minefinders, pues sabemos que va a tener ganancias jugosas", advirtió De la Rosa.
Ellos estiman que en 15 años la empresa obtendrá unos 3.000 millones de dólares y podría causar graves daños a la naturaleza, pues para extraer oro y plata de la roca utilizará el venenoso cianuro de sodio.
La firma ha dicho que esos cálculos económicos están errados. En Huizopa hay reservas "equivalentes a 3.000 millones de onzas de oro", declaró en marzo el presidente de la corporación, Mark Bailey.
La corporación, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y tiene otros tres proyectos en México, informó a sus accionistas el 25 de julio que por un "bloqueo ilegal" y "amenazas de violencia de manifestantes", sus operaciones en Huizopa están detenidas, pero aseguró que en el siguiente trimestre entrará de lleno en la extracción de oro y plata.
Policías custodian las instalaciones de la mina y, según denuncian los campesinos, se ha recurrido al ejército para que efectúe patrullajes intimidatorios.
El 27 de mayo, un operativo de fuerzas federales dispersó con gases lacrimógenos a unos 100 campesinos que efectuaban un plantón y dos días después fueron detenidos dos dirigentes de Huizopa, liberados casi de inmediato por falta de denuncias.
Minefinders no ha actuado de forma honesta, afirman la Asamblea Permanente de Ejidatarios y el no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que pertenece el jurista Patrón. La compañía asegura haber gastado 12,7 millones de dólares en asistencia a la comunidad dueña de la tierra y haber financiado becas a estudiantes de geología en una universidad de Chihuahua.
Para terminar el conflicto, ofrece seis millones de dólares más y patrocinar algunos programas sociales y acciones vinculadas al ambiente, y alega que los campesinos han sido azuzados por personas vinculadas al izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática.
"Lo que nos ofrecen demuestra la cerrazón de la empresa, hay que considerar que la minera va a estar aquí muchos años más y lo que queremos es una buena vecindad y que los beneficios sean equitativos y para todos", señaló De la Rosa. La representación de Minefinders en México se rehusó a dar más declaraciones a Tierramérica, con el argumento de que "las negociaciones con los campesinos están ahora en marcha".
Una comisión del Senado de México exhortó el 12 de agosto a diferentes autoridades investigar posibles violaciones de derechos humanos contra los habitantes de Huizopa, ayudar a establecer un diálogo entre las partes, estudiar los impactos ambientales y sociales de la explotación e informar sobre la presencia del ejército en la zona.
El portavoz de los campesinos indicó que por gestión del gobierno estadual fue posible iniciar un diálogo con la empresa, por ahora sin resultado.