El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga se aprobó bajo la legislatura de Alan García por el Ministerio de Energía y Minas.
La normativa dice que el MINEM es el encargado de la aprobación de los EIA, si bien esto resulta contraproducente porque este ministerio es el que persigue inversiones de este calibre.
Con Humala, en noviembre de 2011, se anuncia un paro indefinido en contra del proyecto Conga. Comienzan las protestas. Pocos días después, el Ministerio del Ambiente da cuenta de su disconformidad con el EIA. Presenta un informe en el que critica al EIA por carecer de un enfoque ecosistémico, por ver a las 4 lagunas (las que se perderán con el proyecto) como reservorios de agua que podían ser usados como botaderos.
La filtración de parte de este informe produce un escándalo en la prensa de derecha del país, la que se muestra en contra de tamañas críticas al EIA de la minera Yanacocha. Por su parte, el viceministro del Ambiente, abiertamente en contra del proceder del gobierno con el proyecto Conga, presenta su renuncia.
En diciembre, el premier, junto con el ministro del Interior, se trasladó a las zonas del proyecto Conga para convencer a los dirigentes de que levanten el paro indefinido. Allí sucedería algo insólito. El primer ministro se encontró con un agente de inteligencia que era quien tenía la lista de las autoridades capacitadas para entrar en la mesa de diálogo. Entre ellas se había excluido al presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Esa misma noche, el primer ministro se enteraba por televisión de la declaración de estado de emergencia (suspensión de las garantías constitucionales sobre libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio) en las cuatro provincias cajamarquinas que permanecían en paro. Un acto inconstitucional debido a que para ello se requiere del refrendo del premier, y a este no se le había comunicado la medida represiva.
Asimismo, mientras el premier seguía en negociaciones con las autoridades de Cajamarca, el Ministerio de Economía y Finanzas bloqueó las cuentas del gobierno regional de Cajamarca sin notificar nada al presidente del Consejo de ministros.
Pocos días después un grupo de dirigentes de Cajamarca (incluido el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca) eran detenidos al salir de una reunión con la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso. Fueron recluidos 10 horas en la Dircote (Dirección contra el terrorismo). El gobierno utilizaría la sombra del terrorismo para atacar a sus disidentes.
Frente a tanto atropello, el primer ministro presenta su carta de renuncia. Con él cae el primer gabinete de Humala, pero con él también nace uno nuevo dirigido por Oscar Valdés, el exministro del Interior y aquel que estuvo de acuerdo desde el principio con la declaración de estado de emergencia en la zona.
En la nueva etapa continúan las movilizaciones, y el Estado contrata a 3 peritos para analizar el EIA. La presentación del informe del EIA es positiva. Solo se dan unas cuantas recomendaciones para su posible ejecución. El presidente en un mensaje a la Nación ratifica el proyecto, mientras Cajamarca se preparaba para convocar a otro paro indefinido. Los congresistas, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila, renuncian a la bancada de Gana Perú, luego de que el gobierno acepta continuar con el proyecto Conga.
A inicios de julio, en medio de las protestas en contra de Conga, la policía y las fuerzas armadas mostrarían su capacidad de represión dejando decenas de heridos y un total de 5 muertos en dos localidades de la región de Cajamarca. Las muertes fueron debidas a disparos de bala por parte de las fuerzas armadas. Las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron para su transporte autobuses con el logotipo de la minera Yanacocha, dando cuenta de la connivencia entre las instituciones públicas y la empresa privada.
El 3 de julio el Ejecutivo se apresuraría a decretar, una vez más, un estado de emergencia. Al día siguiente la policía nacional detuvo arbitrariamente, y por espacio de un día, al dirigente del partido Tierra y Libertad, Marco Arana, conocido por su gran labor de denuncia en contra de los atropellos ambientales por parte de las empresas mineras.
La semana pasada se decretó la prórroga del estado de emergencia. Parece ser que la búsqueda de diálogo roza la mitología. Si nos ceñimos al proceder del Ejecutivo, notaremos que lo único que busca es la implantación del proyecto Conga a toda costa. Y para ello vienen utilizando todas sus herramientas de represión: detenciones indiscriminadas, presión económica, declaración de emergencia, golpes y balas.
Por Francesca Emanuele