Casi los mismos diputados que habían limitado la práctica ahora la convalidaron.
Por Arturo Ortiz Sosa (h.) Para LA NACION,
8 Ago 2008
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LA RIOJA.-
Bajo los pliegues de una reforma a la ley de medio ambiente, la Legislatura riojana derogó una norma que prohibía en todo el territorio de la provincia la explotación minera "a cielo abierto con técnicas correspondientes al proceso de lixiviación con cianuro, mercurio o cualquier otra sustancia contaminante". Prácticamente la misma mayoría justicialista que el 8 de marzo del año pasado había resuelto esa prohibición ahora la eliminó de un plumazo.
La voz cantante del cambio de opinión fue el jefe de la bancada peronista, Mario Guzmán Soria. Gómez Soria dijo que era "una decisión política" del gobierno provincial" porque hay un "interés en promocionar la minería", ya que, "si no hay inversiones mineras" en La Rioja, se va a "postergar el desarrollo de esta provincia por generaciones".
Sostuvo que este interés no se contrapone ni es "contradictorio" con la decisión "seria y permanente" de preservar el medio ambiente, y negó que "toda minería signifique muerte y contaminación", en alusión a los argumentos de los asambleístas que rechazan esta actividad.
Uno de los fundamentos de mayor peso que utilizaron algunos diputados justicialistas hace dos años para sancionar aquella prohibición fue precisamente que los proyectos impulsados por el entonces gobernador, Angel Maza, a través de la minera canadiense Barrick Gold eran "contaminantes" y provocaban "muerte".
La ley ahora derogada tenía un sólo artículo y se sancionó cuando la Cámara de Diputados era comandada políticamente por el entonces vicegobernador y actual gobernador, Luis Beder Herrera, y llevaba adelante un severo enfrentamiento con Maza.
Tan sólo una semana después de aquella sanción, Maza fue suspendido en su cargo mediante un juicio político por presuntos hechos de corrupción con tierras fiscales y, tiempo después, destituido.
Maza era un férreo defensor de los megaproyectos mineros que llevaba adelante en la provincia Barrick en el cordón del Famatina. Lo curioso fue que el 9 de marzo de 2007 promulgó la ley que íntimamente rechazaba.
Resistencia
La original y mayor resistencia a la explotación minera a cielo abierto provenía de un grupo de asambleas ciudadanas de Famatina y Chilecito, que con los meses obligaron en la práctica a Barrick a abandonar su proyecto de exploración.
Los asambleístas sostienen que la explotación con lixiviación de cianuro contaminará el valle agrícola de Famatina y terminará con sus reservas de agua. Ayer, una de las voceras del grupo, Marcela Crabbe, consideró la derogación de la ley 8137 "una falta de respeto para los que han trabajado muchos años defendiendo la vida; esa lucha y ese sacrificio ha beneficiado a un sector político para destituir a un gobierno y sentarse en el poder, y hoy está entregando los recursos naturales, burlándose de la decisión de un pueblo".
Guillermo Galván, presidente electo del comité de la UCR de la capital riojana, planteó la sospecha en sus declaraciones a medios locales: "Espero que no haya una motivación económica en los diputados".
Sin embargo, no descartó que el gobierno nacional haya presionado para lograr la modificación legal. "[El ex presidente Néstor] Kirchner tiene tres niñas mimadas: mineras, pesqueras y juegos de azar con mínimos impuestos", dijo.
En cambio, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) celebró ayer en un comunicado "la restitución del estatus que la minería siempre debió preservar en La Rioja por ser ésta una actividad pionera del desarrollo de esa provincia" y reconoció que había hecho gestiones ante las autoridades riojanas para derogar la ley, al tiempo que elogió el "liderazgo político" de Beder Herrera.
A través de la nueva ley de medio ambiente, se le quitó a la Dirección de Minería la facultad de analizar el impacto ambiental de los proyectos mineros que se presenten en territorio riojano. Además, se crea un Consejo Provincial de medio ambiente, integrado por representantes del Ejecutivo y del Legislativo, así como por organismos intermedios.
Sus miembros no podrán ser removidos hasta que no concluyan sus dictámenes.