9 de Mayop 2012
Sectores sociales y periodísticos advirtieron hoy del posible aumento de la conflictividad socioambiental en Guatemala y urgieron al presidente Otto Pérez a buscar mecanismos de diálogo y concertación.
«Se le puede ir de las manos» la situación al mandatario, quien el martes apenas cumple 120 días en el poder, advirtió el activista ambiental Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (Calas), en declaraciones a la dpa.
La preocupación «crece», según tituló en portada el matutino «Siglo 21» por el «rechazo» de comunidades indígenas en el campo a proyectos mineros e hidroeléctricos.
El martes, en San José del Golfo, en el central departamento de Guatemala, los pobladores bloquearon el camino de acceso al área de exploración minera e impidieron el paso de una caravana de 32 camiones de la empresa Exmigua, responsable del proyecto.
Este hecho se sumó a la tensión que ocurre en el municipio de Santa Cruz Barillas, en el norteño departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.
Pérez se vio obligado la semana pasada a implantar el estado de sitio en ese lugar por disturbios que dejaron un muerto y dos heridos de bala por la oposición de la comunidad a la construcción de una hidroeléctrica por parte de una empresa de capital español.
«La conflictividad socioambiental en el país se acentúa; ya hay varios focos de descontento de las comunidades, lo cual demanda de manera urgente una posición inteligente del gobierno, procurando la concertación y el diálogo, pero no tomando partido a favor de ningún grupo en particular», dijo Melini.
Melini dijo que el presidente Pérez, de acuerdo con la Constitución, representa «la unidad de la nación», por lo que le corresponde tomar acciones para evitar la conflictividad. Si no lo hace, la situación «se le puede ir de las manos».
En Huehuetenango y en Ciudad de Guatemala, varias organizaciones campesinas e indígenas han expresado su rechazo a la decisión del mandatario de imponer el estado de sitio en Santa Cruz Barillas como medida para resolver la conflictividad.
Según las organizaciones, la disposición, que restringe las garantías ciudadanas y aumenta la presencia militar y policíaca en el municipio mientras se cumple con órdenes de captura contra pobladores a los que se acusa de instigadores, causa zozobra y temor entre la población.
«Siglo 21» señaló en su editorial que «sube el tono de la conflictividad social en el país», lo cual consideró «preocupante», por lo que consideró que el gobierno está «obligado a crear mecanismos de diálogo» a fin de evitar que tales condiciones hagan «arrastrar el país a un proceso de ingobernabilidad».
Los mayores focos de descontento actual están vinculados a proyectos de explotación de recursos naturales como el agua y la minería.
El estado de sitio en Santa Cruz Barillas fue impuesto después de que los pobladores ingresaran a un destacamento militar y desarmaran a los soldados en protesta por la muerte a tiros de un poblador a manos aparentemente de agentes de la empresa a cargo de la construcción de la hidroeléctrica. En ese hecho también resultaron heridos otros dos pobladores.
Melini recordó que en la política de promoción de inversiones y explotación de recursos naturales que implementa el gobierno de Pérez «se excluyen visiones», pues «se apuesta por un modelo de desarrollo económico basado en el capital natural, que es finito y agotable y genera graves impactos ambientales».
Señaló que «todo esto genera distorsión, genera conflictos», y que estos no son «potenciales», sino que «ya existen».