20 de abril de 2012
Mariana León Medina
Ley vulnera derechos de comunidades, advierten
Al menos 56 millones de hectáreas, 30% del territorio nacional, son controladas por las empresas mineras que operan en el país, en su mayoría canadienses, según expertos académicos que admitieron que la legislación mexicana ha facilitado la extracción pero también ha desprotegido a terceros de los daños y perjuicios de esa actividad.
Durante la presentación el libro La Minería o la Vida, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los expertos indicaron que México es el segundo abastecedor mundial de minerales para Estados Unidos, y ocupa el lugar 14 entre los países atractivos para la inversión minera, aunque con bajas perspectivas económicas ya que mientras una empresa puede obtener ganancias por 50 mil millones de dólares el país recibe una derrama económica de 500 millones de dólares.
Marycarmen Color, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, dijo que las leyes nacionales actuales vulneran los derechos de las comunidades y privilegian a los megaproyectos mineros.
La funcionaria calificó esos privilegios como los principales abusos que se cometen en el mundo, recordó que esa oficina de la ONU ya ha emitido “recomendaciones para que se respeten las opiniones de los pueblos, como en el caso de la mina en la reserva Wirikuta en San Luis Potosí”.
Los perjuicios
México resulta atractivo para la minería por las medidas ambientales, leyes sobre posesión de la tierra y los impuestos que cobra, y por ello, según los autores del libro, Francisco López Bárcenas y Mayra Eslava, la Secretaría de Economía ha otorgado más permisos en todo el país que en la década pasada, principalmente en los estados del norte.
Sin embargo, advirtieron que “cuando una empresa decide solicitar una concesión no necesita manifestar qué mineral va a buscar, sólo se apropia del que encuentra”, lo que ha causado graves perjuicios a las comunidades.
Añadieron que la ley resulta injusta para los pueblos indígenas, ya que les da el derecho de “mejorar o igualar la oferta económica” para explotar un mineral, pero debido a sus precarias condiciones “¿cuándo podrá una comunidad competir con una empresa transnacional?”.
Pare el investigador de la UNAM, Andrés Barreda Marín, las mineras son expertas en “ingenierías de conflicto” porque enfrentan a las comunidades y utilizan métodos que no son compatibles con la preservación del ambiente y “sólo extraen y se van”.
El investigador de la Universidad de Zacatecas, Arturo Burnes, dijo que en lugares como Peñasquito y Salaverna se obligó a la comunidad a migrar para permitir las actividades de las mineras. “Vivían en casas de adobe y fueron obligados a emigrar a casas de 90 metros cuadrados”.