27 de Marzo 2012La minería es uno de los sectores económicos más contaminantes e impactantes en el mundo, no sólo por sus métodos de extracción que cada vez son más agresivos por conseguir mayores ganancias en menor tiempo, sino también por las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que afectan los recursos agua, suelo y aire… condenando la vida de las especies naturales y las comunidades en las que se insertan los proyectos mineros.
La actual crisis mundial y la desestabilización económica que ha dejado la devaluación del dólar, ha provocado que los inversionistas pongan sus ojos en el antiguo y más codiciado activo del mundo, el oro, cuyo precio tenía un valor de $250/onza troy para el año 2000, y ha aumentando de manera estrepitosa, alcanzando un valor de $1 750/onza troy para el 2011.
La reincidente búsqueda del oro y la visión política de los gobiernos de la Región Centroamericana, quienes han abierto sus puertas a la inversión extranjera a ojos cerrados, han dejado vulnerables a sus recursos naturales en la búsqueda de un rápido «desarrollo» que al final nunca llega. Las empresas mineras, el 60% de las cuales son de capital canadiense, trabajan bajo la lógica de aprovechamiento máximo, a bajo costo y corto tiempo, condiciones que son aún más ventajosas sí, en el sitio donde se instalan, se pagan mínimos ingresos tributarios y existen muy pocos compromisos ambientales y sociales, condiciones que Centroamérica les ofrece en bandeja de plata a estas transnacionales.
Las leyes de minería de nuestros países son similares al enfocarse en los métodos y requerimientos para la adquisición de concesiones de exploración y explotación, las autoridades regulatorias, y otros aspectos meramente concesionarios. Sin embargo, no incluyen obligaciones y metodologías para el control de impactos ambientales y sociales. Costa Rica es el único que en el 2010 aprobó una Ley que prohíbe la minería a cielo abierto, como método definitivo para negar el ingreso a este tipo de proyectos.
La legislación ambiental, bastante incipiente y escueta en la región, ha demostrado ser débil frente al accionar de las empresas mineras. Los proyectos más emblemáticos han confirmado que las mineras encuentran fácilmente los vacíos que les permiten esquivar las sanciones y violentar la legislación ambiental. En la mayoría de los casos, éstas se asocian con los representantes de las comunidades locales e incluso con representantes a nivel nacional, para obviar consideraciones de carácter social y ambiental. En el peor de los casos, las empresas se aferran a acuerdos internacionales como el Tratado Comercial DR-CAFTA, los que sirven para amenazar al país centroamericano a asumir compromisos comerciales que los obliguen a cumplir las exigencias de las transnacionales.
En cuanto al tan divulgado desarrollo que las empresas mineras dicen traer a los países, un estudio publicado en el 2011 por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM)[1] sobre los «Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica», identificó que los ingresos tributarios que las empresas mineras pagan a los países de la región son en promedio no más del 1.5% de los ingresos obtenidos.
Movimientos socio-ambientales frente a la minería
La lucha social en contra de la minería, especialmente la metálica, ha venido creciendo a medida que generaciones enteras han visualizado los impactos ambientales y sociales, mismas amenazas que se han intensificado y extendido con el ingreso de nuevos proyectos en una era que se ha denominado «recolonización».
En Guatemala, según el documental «El oro o la vida»[2], 54 comunidades indígenas han realizado consultas comunitarias, contabilizando un millón de personas que han rechazado alas empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas. Estas consultas son prácticas ancestrales que son reconocidas por las leyes municipales, la constitución de ese país e incluso el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso a este movimiento social y hasta el 2011 había concedido 155 licencias de exploración y explotación minera metálica.
En Guatemala, la transnacional canadiense Goldcorp Inc. es propietaria del Proyecto Marlín, ubicada en San Marcos, y el Proyecto Cerro Blanco en Jutiapa. El Proyecto Marlín es quizá el más emblemático para Guatemala, debido a las afectaciones ambientales que han generado graves problemas a las comunidades indígenas de la zona. En un estudio realizado en el 2008 por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) se encontraron concentraciones de metales pesados en el Río Tzala (aluminio, arsénico y manganeso) por encima de los rangos permisibles, y evidencias de afectaciones a la salud pública. El Proyecto Cerro Blanco se encuentra a solo 15 km de la frontera con El Salvador y a 5 km de la ciudad de Asunción Mita, proyecto aún en construcción y que tiene implicaciones socio-ambientales a nivel binacional que no han sido tomadas en cuenta desde las exploraciones.
Guatemala tiene una fuerza de resistencia ante los proyectos mineros que es admirable, gracias a la apropiación que tienen los pueblos indígenas del valor de sus territorios y sus recursos naturales como herencias ancestrales invaluables. Sin embargo, en los últimos 10 años, las consecuencias de esa lucha se han visualizado en el asesinato de 120 activistas y defensores de los Derechos Humanos. Como parte de su lucha, el caso de la Mina Marlín fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, logrando que ésta emitiera medidas cautelares para resolver el conflicto y detener el proceso de contaminación ambiental. Ante las estrategias dilatorias del Gobierno para no cumplir con las medidas planteadas, el movimiento social logró que el relator de la ONU para los pueblos indígenas visitara a las comunidades afectadas por la Mina Marlín para escuchar sus reclamos y demandas, divulgando el caso a nivel internacional.
En El Salvador, el movimiento social ambientalista consiguió que el Estado salvadoreño negara conceder los permisos de explotación al Proyecto Mina San Sebastián de Commerce/Sanseb, y al Proyecto El Dorado y la nueva concesión de Exploración del Proyecto Santa Rita de Pacific Rim, éstos últimos ubicados en el Departamento de Cabañas.
El Comité Ambiental de Cabañas estaba preocupado por el uso indiscriminado del agua, recurso que es escaso en la zona. El Dorado pretendía consumir 10.4 l/s (900 mil l/día), misma cantidad que abastece a una familia promedio durante 20 años. Por otro lado, el río San Sebastián es el ícono de la contaminación que ha dejado la Mina San Sebastián; en éste se vierte de manera constante drenaje ácido que contamina el río y que ha dejado sin agua potable a los pobladores de la zona.
La negativa del Estado salvadoreño trajo sus consecuencias sobre la vida de 4 líderes comunitarios, miembros del Comité Ambiental de Cabañas, quienes en el 2009 fueron asesinados. Actualmente, valiéndose del tratado de libre comercio con EEUU (DR-CAFTA), Pacific Rim y Commerce/Sanseb han presentado demandas ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por $77 millones y $100 millones de dólares respectivamente, en contra del Estado salvadoreño.
En Honduras, después de los estragos que ocasionó el Huracán Mitch (1998), el Congreso aprobó una ley en la que se establecía la priorización del uso del agua para el desarrollo de proyectos mineros, dejando al recurso agua vulnerable a la voluntad de las empresas transnacionales. Es así que Honduras se postula como el país centroamericano con el mayor número de concesiones y con el área más grande de territorio concesionado para proyectos mineros (31% del territorio nacional).
El Proyecto San Martín, ubicado en El Valle de Siria, fue comprado por Goldcorp Inc. en el 2006, y a partir del 2007 inició un proceso de cierre dados los innumerables reclamos por contaminación ambiental y violaciones a los derechos humanos. Entre los numerosos daños que se le atribuyen, resalta la contaminación de la mayoría de las fuentes de agua del Valle de Siria, generando una epidemia de problemas dérmicos producto de la exposición a metales pesados y se han registrado 150 casos comprobados de personas con presencia de arsénico en la sangre. Pero no fue sino hasta el 2010 que el Estado hondureño reaccionó ante esta problemática.
El Proyecto Mina San Andrés, de Minerales de Occidente S.A, ubicado dentro del Departamento de Copán, está aún en etapa de explotación, registrándose denuncias por derrames de agua cianurada desde el 2006; dichas descargas se hacen en las proximidades del río Lara, afectando directamente las fuentes de agua superficiales de las que se abastecen las comunidades cercanas a la mina.
En Nicaragua, existen más de260 concesiones mineras otorgadas, y 95 nuevas solicitudes, las cuales casi doblan el área total del territorio nacional que está actualmente otorgado para proyectos mineros.
El Proyecto Mina El Limón, localizado al noroeste del país, de la empresa Tritón Minera S.A., y el Proyecto La Libertad, ubicado en el centro-norte del país, de la empresa DESMINIC, fueron comprados en el 2009 por la transnacional B2Gold, las cuales han mantenido su comportamiento como las principales contaminadoras del medio en sus zonas de influencia. En el 2006, una ONG nacional (Centro von Humboldt) realizó muestreos de aguas superficiales y subterráneas cercanas a ambos proyectos, encontrando en las quebradas de Mina El Limón, concentraciones de aluminio y manganeso superiores a los rangos permisibles. En La Libertad, se hicieron muestreos al río Mico y sus afluentes, encontrando concentraciones fuera de los rangos máximos permisibles para aluminio, manganeso, zinc, y grasas y aceites.
En La Libertad, las autoridades competentes procedieron a demandar a la empresa por la vía administrativa, y se le solicitó al Centro Humboldt y al Centro de Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN) que realizaran análisis de sedimentos en el río Mico, encontrando altas concentraciones de plomo, hierro y zinc. Finalmente, MARENA emitió una resolución para la toma de medidas cautelares y de mitigación de daños ambientales, a lo cual no se le dio seguimiento.
En el 2009, pobladores del Comité de Desarrollo Comarcal de Mina El Limón, interpusieron denuncia ante las autoridades competentes sobre una nueva presa de cola que pretendía construir la empresa Tritón en la comunidad San José de la Cañada, así como la contaminación ambiental (aguas, suelos y atmósfera) y las afectaciones a la salud de los pobladores, la mayoría de los cuales sufren problemas renales a causa de la mala calidad del agua de consumo, deteriorada por la explotación minera. En función de ello, el Ministerio del Ambiente presentó una demanda en contra de Tritón Minera, emitiendo una resolución en la que se mandaba a tomar medidas precautorias y de mitigación por los daños ambientales ocasionados, a la cual no se lo dio seguimiento. Pese a una serie de medidas legales que tomó la comunidad, recurriendo incluso ante la Corte Suprema de Justicia, la que continúa sin pronunciarse, la Presa de Cola San José ya culminó su faceta de construcción y la empresa minera se encuentra en pleno uso de la misma.
Otro sitio de concentración de proyectos mineros en Nicaragua se ubica en el Distrito Minero de Siuna, Bonanza y Rosita, ubicado en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, denominado Triángulo Minero. La propietaria es la empresa de propiedad trinacional HEMCO, de capital canadiense, estadounidense y nicaragüense, conocida como HEMCONIC.
La presa de cola del proyecto fue construida sobre la microcuenca Concha Urrutia, al sureste del casco urbano. En el 2009, la presa presentó los primeros problemas a raíz de un sismo de 6.4 en la escala de Richter, que provocó el rompimiento de una sección de la tubería de bombeo de las aguas residuales. Este hecho se agravó con otro sismo a inicios del 2010, esta vez de 4.3 en la escala de Richter, generando grietas a la estructura de 1 cm de espesor en sentido longitudinal. Las aguas residuales de esta presa de cola afectarían al Río Concha Urrutia, Río Tuqui, a su vez al Río Bambana, y al Prinzapolka, mismos que desembocan en el Mar Caribe.
En Costa Rica, se encuentra la Mina Bella Vista, ubicada al noreste de Miramar de Montes de Oro, en Puntarenas, siendo un ejemplo ícono de la irresponsabilidad por parte de las empresas, una vez que el proyecto es abandonado. En el 2000, funcionarios públicos de la Dirección de Geología y Minas, en una interpretación manipulada de la ley, otorgaron autorización al cambio de extracción de túneles a cielo abierto, sin cumplir con los trámites señalados por esa Dirección. La empresa Glencairn Gold suspendió operaciones en julio de 2007, producto de un problema de deslizamiento de terreno que sufrió el área de extracción del proyecto. En octubre 2007, Glencairn Gold fue comprada por la transnacional B2Gold, obteniendo un Proyecto en estado de abandono, sin acciones de remediación del terreno concesionado, aunque B2Gold asegura estar en una etapa de recuperación para la reanudación de actividades.
El Proyecto Minero Crucitas, uno de los más emblemáticos de la lucha anti minera por parte de organizaciones ambientalistas de Nicaragua y Costa Rica, le pertenece a la empresa Industrias Infinito S.A., subsidiaria de la compañía Infinito Gold Limited de origen canadiense. Luego de una ardua campaña anti minera por parte de UNOVIDA (Unión Norte por la Vida), ACAME (Alianza Centroamericana frente a la Minería Metálica) y los(as) líderes comunitarios(as) del norte y el sur de Nicaragua, el 30 de noviembre 2011 fue finalmente anulado por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó por unanimidad la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dejó sin efecto la concesión y ordenó a la empresa pagar una indemnización por daño ambiental. Fue parte de la orden investigar las implicaciones del ex Presidente Oscar Arias y otros funcionarios del Estado que se vieron involucrados en las gestiones ilegales de la empresa Industrias Infinito S.A.
En definitiva, los proyectos mineros en Centroamérica se comportan de manera similar, ubicándose estratégicamente en los afloramientos de los ríos, afectando cuencas hidrográficas de vital importancia para la población; pasan por alto requerimientos técnicos y violentan las incipientes leyes ambientales, y no se hacen responsables por las afectaciones ambientales y sociales. Las consecuencias de la minería son irreversibles, afectan y afectarán a generaciones que estarán condenadas a un restringido acceso al recurso agua en calidad y cantidad, así como a la exposición a contaminantes como los metales pesados, limitando sus capacidades de desarrollo, generalizando la pobreza y particularizando las ganancias.
* Tania Sosa es ingeniera en Calidad Ambiental; trabaja en el Centro Humboldt, Nicaragua, como oficial de industrias.
Este texto es parte de la revista «América Latina en Movimiento», No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre «Extractivismo: contradicciones y conflictividad» – http://alainet.org/publica/473.phtml.