En el último decenio, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington, asentado sobre la valorización financiera y una política generalizada de privatizaciones, al Consenso de los Commodities, basado en la extracción y exportación de bienes primarios a gran escala, sin mayor valor agregado, hacia los países más poderosos. Al compás de una nueva división territorial y global del trabajo, el Consenso de los Commodities cerró la etapa del mero ajuste neoliberal y abrió a otro ciclo económico en América Latina, caracterizado por las altas tasas de crecimiento y las ventajas comparativas -que en líneas generales persisten, aún en el marco de la reciente crisis económica y financiera global-, gracias al boom en el precio de las materias primas.
Convertido en algo más que un orden económico, el Consenso de los Commodities fue definiendo un espacio de geometría variable, que habilita cierta flexibilidad –hasta donde la globalización lo permita- en cuanto al rol del Estado-nación, según las orientaciones político-ideológicas de los gobiernos, sobre la base común de un acuerdo acerca de lo que se entiende por Desarrollo (matriz productivista, modelo primario-exportador), así como de la aceptación acrítica del rol histórico asignado a América Latina (“sociedades exportadoras de Naturaleza”, como afirmaba el venezolano Fernando Coronil).
Sin embargo, por encima del discurso triunfalista y del retorno de una ideología desarrollista como gran relato, la contracara de este proceso de adaptación de las economías latinoamericanas, ha sido la creciente consolidación de un estilo de desarrollo extractivista, ligada a la sobre-explotación de recursos naturales no renovables y a la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como improductivos. El extractivismo resultante contribuyó a agravar aún más el patrón de distribución desigual de los conflictos sociales y ecológicos entre, por un lado, los países del centro y las potencias emergentes y, por otro lado, los países periféricos. En consecuencia, impacto socioambiental mayor y explosión generalizada de la conflictividad, aparecen como rasgos inherentes a dicho estilo de desarrollo.
Por cuestiones vinculadas con las características negativas del modelo, potenciado cada vez más por razones de índole histórica -la memoria larga del saqueo colonial-, la megaminería metalífera a cielo abierto se convirtió en la actividad extractiva más cuestionada por las poblaciones latinoamericanas. No obstante, lejos estamos de asistir a una oposición contra todo tipo de minería. Las poblaciones, se trate de comunidades campesino-indígenas o de asambleas de vecinos, multiétnicas y policlasistas, en pequeñas y medianas localidades, se oponen a un modelo de minería metalífera: el sistema de explotación minera a cielo o tajo abierto (open pit). Dicho sistema, hoy generalizado frente al progresivo agotamiento a nivel mundial de los metales en vetas de alta ley, utiliza técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación, esto es, sustancias químicas contaminantes, y requiere de enormes cantidades de agua y energía.
Hay que tener en cuenta que, debido a la aplicación de dichas tecnologías, América Latina es una de las regiones que tiene las reservas minerales más grandes del mundo, lo cual explica que, en 2011, haya concentrado el 25% de la inversión mundial en exploración minera[1].
Ahora bien, el cuestionamiento a la megaminería no se refiere exclusivamente al uso de tecnologías lesivas en relación al ambiente. Uno de los rasgos principales de este tipo de minería es la gran escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte sobre las grandes inversiones de capital que exige (se trata de actividades capital-intensivas, antes que trabajo-intensivas), el carácter de los actores involucrados (grandes corporaciones trasnacionales, que controlan la cadena a nivel global), así como de los mayores impactos y riesgos –sanitarios, ambientales, sociales, económicos- que dichos emprendimientos conllevan. Asimismo, otro de las consecuencias es la consolidación de economías de enclave, visible en los escasos encadenamientos productivos endógenos y la fuerte fragmentación social y regional, lo cual termina configurando espacios socio-productivos dependientes del mercado internacional y de la volatilidad de sus precios.
Es entonces esta combinación de aspectos –máxima expresión del despojo económico y destrucción ambiental-, lo que convierte a la megaminería en una suerte de figura extrema, símbolo del extractivismo depredatorio. A esto hay que sumar el establecimiento de “áreas de sacrificio”, con lo cual los territorios intervenidos aparecen como “socialmente vaciables” y desechables, en función de la rentabilidad y la mercantilización, lo cual posteriormente repercute y tiene efectos visibles sobre los mismos cuerpos. En consecuencia, la minería metalífera a gran escala es muy cuestionada, no por falta de cultura productiva o simple demonización de la actividad, sino porque las poblaciones comprenden que ésta constituye una síntesis acabada del maldesarrollo, que pone en riesgo la vida presente y futura de las poblaciones y los ecosistemas.
Conflictividad y lenguajes de valoración
Si hay algo que no puede ser minimizado, ni siquiera por el propio discurso tecnocrático prominero, es la fuerte conflictividad social desencadenada de manera creciente por los proyectos extractivos. Actualmente, no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no haya suscitado conflictos sociales entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades: México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y, recientemente, Uruguay.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. Sólo en el Perú, la Defensoría del Pueblo de la Nación da cuenta de que la actividad minera concentra el 70 % de los conflictos socioambientales y éstos a su vez, representan el 50 % del total de conflictos sociales en ese país.[2] Asimismo, la conflictividad contribuye directa o indirectamente a la judicialización de las luchas socio-ambientales y a la violación de los derechos ambientales y colectivos, en la medida en que no se generan procesos de consultas en las comunidades involucradas, y en no pocas ocasiones los dispositivos institucionales existentes (como, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT) tienden a ser bastardeados por los propios gobiernos, interesados en la rápida aprobación de los proyectos.
Incluso en aquellos casos donde la megaminería fue rechazada y la actividad no logró instalarse, tal como sucedió en Intag (Cotacachi, Ecuador), en dos oportunidades (en 1995 y en 2006); o en Famatina (la Rioja, Argentina), en 2007 y recientemente en 2012, asistimos a la reactivación cíclica del conflicto, con sus corsi e ricorsi, frente al arribo de una nueva empresa que reemplaza a la anterior, ya expulsada, y puja por obtener por todos los medios una licencia social que la población ya ha denegado. Asimismo, una vez instalada la empresa, la conflictividad tiene una sobrevida que excede largamente la del período de explotación del yacimiento, tal como se puede verificar en casos emblemáticos de la minería latinoamericana, como en Guanajuato y Zacatecas (México), Cerro de Pasco, La Oroya o la Bahía de Ilo (Perú)[3]
En consecuencia, gracias a la estrecha alianza entre gobiernos y grandes empresas y por encima de la orientación político-ideológica de los gobiernos, el actual escenario de conflictos ilustra el modo cómo el extractivismo pone en jaque a las democracias latinoamericanas, pues se trata de un modelo que avanza sin el consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad, y una espiral de criminalización y represión de las resistencias que sin duda abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los derechos humanos.
Por lo general, las acciones de oposición arrancan con reclamos puntuales (económicos o ambientales) y van configurando una nueva “comunidad del no”[4]; pero en la misma dinámica de lucha éstas tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorporando otros temas, tales como el cuestionamiento al modelo de desarrollo hegemónico y la exigencia de desmercantilización de los bienes comunes. Así, los procesos de movilización van conduciendo a una concepción de la territorialidad opuesta a las nuevas formas de colonización de la Naturaleza, ilustradas por el discurso eficientista y el neodesarrollismo dominante. Para el caso que nos ocupa, asistimos a la emergencia de una nueva ecología política del agua, de defensa de las cuencas hídricas, fuertemente amenazadas por la actividad minera, tal como lo refleja la consigna “el agua vale más que el oro”, que hoy recorre este tipo de luchas en todo el continente.
Otro de los elementos más novedosos de las resistencias contra la megaminería es la articulación entre actores diferentes, que incluyen desde organizaciones o comunidades de vecinos, pequeñas organizaciones ambientalistas (ONGs), y profesionales y universitarios. Este diálogo productivo entre disciplinas y organizaciones heterogéneas, ha ido produciendo un saber experto independiente de las corporaciones y de los gobiernos, desde el cual plantear una disputa, a la vez epistémica y política. Resulta imposible realizar un listado de las redes auto-organizativas nacionales y regionales contra la megaminería que hoy existen en América Latina, además de las organizaciones campesino-indígenas preexistentes. A título de ejemplo, podemos mencionar la CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, nacida en 1999, Perú); la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, Argentina), surgida en 2006, que congrega unas setenta organizaciones de base que cuestionan el modelo minero; y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA, México, que incluye diferentes frentes de lucha), creada en 2008, en instalaciones de la UNAM, con el apoyo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
Entre fines de 2011 y comienzos de 2012 las luchas contra la megaminería adoptaron una mayor urgencia y dramatismo: en Cajamarca, Perú, se llevó a cabo la Marcha en defensa del Agua y de la Vida, en contra del proyecto Conga, que amenaza con secar cuatro lagunas, para extraer cobre y oro, impactando sobre la vida de unas 100 mil personas; en Famatina, Argentina, en enero de 2012, se produjo una gran pueblada, que permitió la visibilización de otras luchas contra la megamineria y colocó la problemática en la agenda política nacional; en Panamá, en febrero de 2012, hubo una gran represión que costó la vida de dos miembros de la comunidad indígena Ngäbe Buglé; en México, en el Estado de Veracruz, crece el rechazo contra la instalación del proyecto minero Caballo Blanco, que pretende desarrollarse a pocos kilómetros de una central nuclear; en Cajamarca, Colombia, la población se ha movilizado en contra de una gigantesca mina de oro, La Colosa; en fin, en marzo de 2012, en Ecuador, las manifestaciones se intensificaron, como lo muestra la ocupación y posterior desalojo de la embajada de China en Quito, de un grupo de mujeres que querían entregar una nota de protesta contra un proyecto minero de capital chino que sería la primera explotación a gran escala de la historia de ese país. Estos pocos ejemplos ilustran la rápida generalización de las luchas continentales en contra de este modelo.
Por último, vale aclarar que no todas las formas de resistencia a la megaminería plantean una redefinición del modelo de desarrollo aunque sí promueven una democratización de las decisiones (consultas públicas, audiencias, plebiscitos). En países con una larga tradición de minería a gran escala, como el caso de Bolivia, Chile y Perú, los escenarios son muy complejos, así como múltiples las visiones de la territorialidad hoy en disputa. Sin embargo, visto el fracaso de la megaminería como “motor de desarrollo”, visto la dinámica creciente de desposesión que convierte en sacrificables los territorios, así como la peligrosa espiral de criminalización y represión de las luchas, los procesos de radicalización de la población suelen ser impredecibles, tal como lo muestra actualmente el caso peruano, el primer país latinoamericano en donde se implementó este tipo de minería.
– Maristella Svampa es investigadora del Conicet (Centro Nacional de Investigaciones Científico Técnicas) de Argentina y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Coordinadora del Grupo de Estudios Críticos del Desarrollo.
Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre «Extractivismo: contradicciones y conflictividad” – http://alainet.org/publica/473.phtml.
Notas:
[1] http://noticiasmineras.mining.com/2012/03/05/america-latina-lidera-inversiones-mundiales-en-exploracion-minera/
[2] De Echave, Hoetmer y Palacios, (2009) Minería y Territorio en el Perú: Conflictos, Resistencias y Propuestas en tiempos de globalización. CooperAcción, CONACAMI, Programa Democracia y Transformación Global, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
[3] Colectivo Voces de Alerta (2011), 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina, Buenos Aires, El Colectivo-Herramientas.
[4] M. Antonelli (2009) “Minería transacional y dispositivos de intervención en la cultura”, en M.Svampa y M.Antonelli, Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, editorial Biblos
Publicado en América Latina en Movimiento, No. 473: http://alainet.org/publica/473.phtml
http://www.alainet.org/active/53571&lang=es