4 de Marzo 2012
Ignacio Arellano y Antonio Rebollo
Veracruz: En 2011 el Banco de México compró cien toneladas de oro a las mineras canadienses, que antes lo habían extraído de suelo nacional.
EXCLUSIVA. Seis firmas canadienses controlan el 70 por ciento de la explotación de oro en México y poseen, en territorio nacional, reservas del metal por más de 82 mil 924 millones de dólares, informó el senador del Partido del Trabajo Ricardo Monreal.
Según la Secretaría de Economía, de 41 empresas dedicadas a este ramo, 25 son filiales de corporativos canadienses, las cuales, mantienen “un régimen fiscal de privilegios” y leyes laxas que provocan la inseguridad de trabajadores.
Destacó el ex gobernador de Zacatecas que México es el cuarto destino más atractivo en el mundo y el primero en América Latina para las inversiones en explotación minera, según la Cámara Minera de México en su informe anual 2011.
No obstante, prosiguió, el derecho de explotación minera se cobra por hectárea concesionada, lo que es un beneficio económico para las empresas mineras, pues este régimen contribuye a elevar las ganancias, más allá de las generadas por la explotación y venta del recurso.
Monreal Avila comentó que su iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta fue turnada por el Pleno senatorial a la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.
El senador pidió reducir del 77 al 60 por ciento, las deducciones a las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, en el sector minero.
Es urgente, dijo, acabar con el régimen fiscal de privilegios de unas cuantas empresas extranjeras.
ORO REGALADO
El dirigente de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental, Guillermo Rodríguez, indicó que el oro que las mineras extranjeras se llevan de México es prácticamente regalado.
“Después el gobierno mexicano lo compra a mil 600 dólares la onza, el año pasado compró cien toneladas. Es vergonzoso que el gobierno de Calderón le entregue nuestro país a las mineras canadienses”, expresó.
Rodríguez, de la organización La Vida, expresó que en promedio las cientos de empresas mineras canadienses que operan en México de cada mil dólares de ganancias que obtienen, dejan sólo el 0.5 por ciento en el país.
“En este nuevo fenómeno de la fiebre de oro, para compra de joyas, para resguardo de metales en bóveda, y para dimensionar el beneficio que nos deja para el país, nosotros, les estamos regalando el oro a las minas y después se los estamos comprando a precio de oro”, acotó.
“Haciendo mención de que el Banco de México, el año pasado compró cien toneladas de oro para darle fortaleza a la economía mexicana, irónicamente se los compro a las minas canadienses, que ese oro salió de México.
“Les regalamos el oro y después se lo compramos en promedio a mil 600 dólares la onza”, apuntó.
Caballo Blanco
El director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís, calificó de “muy relevante” que el gobernador Javier Duarte, haya señalado públicamente que no está de acuerdo con la construcción de la mina Caballo Blanco.
Destacó que lo que debe seguir ahora es que el gobierno federal no otorgue la autorización de impacto ambiental al proyecto, pues la inversión productiva en la región debe ir de la mano con una visión de sustentabilidad.
Esto para permitir a un estado tan rico en recursos como Veracruz lograr un crecimiento económico que genere desarrollo y bienestar social, así como la preservación del medio ambiente, recalcó.
El rechazo del gobierno de Veracruz a la operación de la mina Caballo Blanco, debe ser tomado en cuenta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su resolutivo de impacto ambiental, y negar el permiso al proyecto, afirmó.
Agregó que la mina colinda con la nucleoeléctrica Laguna Verde, lo que implica riesgos ambientales y de seguridad nacional.
Recordó que el gobierno veracruzano afirmó que la mina Caballo Blanco no es viable y el Congreso de Veracruz hizo un exhorto a Juan Elvira Quesada, titular de la Semarnat, para que niegue la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional del Proyecto minero “Caballo Blanco”, promovida por la empresa CANDYMIN.
Al no ser un proyecto viable, una extracción de estas características generaría impactos negativos, irreversibles al medio ambiente de la región y un alto riesgo para la población.
La agrupación ambientalista quizo entregar un pliego petitorio a la embajada canadiense, pero en la cansillería se negaron a recibirlo. El docuemtno constaba de 3 puntos.
Primero, manifestaba el desacuerdo que el Gobierno mexicano siga permitiendo que las minas canadienses operen en México.
“Segundo, exigimos la salida de todas las mineras canadienses, y, tercero, exigimos justicia para el compañero Bernardo Contreras, de 29 años de edad, que fue asesinado en San José del Progreso, quién dejó en orfandad a tres menores de edad.
“También, está la compañera Elena Beristaín que todavía esta herida y se encuentra en el Hospital de Oaxaca”, concluyó.
Colindancia peligrosa
La concesión minera Caballo Blanco se ubica cerca del Golfo de México, a 65 kms. del puerto de Veracruz en dirección noroeste y a 3 km, en línea recta, de la planta Nucleoeléctrica Laguna Verde.
Abarca 10 km de largo por 12 de ancho, en aproximadamente 120 mil hectáreas (según los mapas presentados por la empresa).
El proyecto canadiense incluye el polígono XI de la planta nuclear.
El CEMDA, conjuntamente con un grupo de científicos expertos, al revisar la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa, como parte de los trámites para obtener la autorización correspondiente, encontró que Caballo Blanco y la nucleoeléctrica Laguna Verde son dos empresas que colindan.
Lo cual implica graves riesgos para la seguridad nacional y ambiental en caso de que se produzcan accidentes o de que puedan ser blanco de ataques.
Por otro lado, el transporte de materiales explosivos, altamente sensibles y en extremo tóxicos como el cianuro, para alimentar las lagunas de lixiviación (proceso mediante el cual se trata una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado para separar sus partes solubles de las insolubles) pasa por ciudades como Xalapa, Córdoba y Orizaba, lo cual constituye también un riesgo alto para la población.
Adicionalmente a lo anterior, no se ha realizado una evaluación independiente sobre el efecto que tendrían las explosiones (más de 5000 kg de explosivos diarios) a sólo 3 km de Laguna Verde.
La generación de microsismos diarios derivados de dichas explosiones podría constituir una afectación potencial a la infraestructura y funcionamiento de la planta nuclear.
Otras de las deficiencias encontradas en la MIA son, la no existencia de una evaluación independiente sobre la contaminación de los mantos freáticos de los acuíferos Actopan y de la planicie costera.
Asimismo, para iniciar la construcción sería necesario el desmonte de 320 hectáreas, las cuales se sumarían al desmonte que ya ha ocurrido debido a la apertura ilegal de caminos, que se ha hecho para explorar los socavones.
De igual forma, el proyecto implicaría una grave devastación de la vegetación en una zona de selva baja caducifolia, en la cual se encuentra gran variedad de especies endémicas como encinos tropicales, que son remanentes pleistocénicos de origen boreal en el clima tropical subhúmedo.
Una de las afectaciones más graves sería a las cicadáceas, especie de plantas milenarias endémicas, contemplada en la Norma 059 de Semarnat para especies en peligro de extinción.
Las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, colocándose así como la vegetación viviente más antigua de México.
De igual forma, muchas aves acuáticas estarían en riesgo de contaminarse en la laguna de lixiviación.
HUBO UN LLAMADO DE ALERTA
El 3 de noviembre de 2011, los senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, por conducto del senador Francisco García Lizardi, presentaron un punto de acuerdo al Senado para que se detuviera la fase exploratoria del proyecto minero Caballo Blanco.
Pidieron que se hiciera una revaluación de las condiciones en que se autorizó la exploración y concesión, por alrededor de 19 mil hectáreas, a la empresa canadiense Gold Group y a la Minera Cardel, antes que se pasara a la etapa de explotación.
En su oportunidad se presentaron evidencias de que las empresas concesionarias habían aprovechado la infraestructura regional, particularmente caminos que forman parte de la red de evacuación de población prevista en el Plan de Emergencia Radiológica Externa, de la planta de Laguna Verde.
Durante la reunión con el senador García Lizardi, se puso de manifiesto que el proyecto minero rebasaba el límite de seguridad previsto en el PERE, que es de 16 kilómetros.
En este perímetro toda actividad industrial debe ser controlada para no arriesgar la operación de la nucleoeléctrica y la seguridad de los habitantes, en este caso de los municipios de Alto Lucero y Actopan.
Guillermo Rodríguez Curiel, de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, en la que se agrupan más de 30 organizaciones defensoras del medio ambiente, llamó la atención sobre el hecho de que los reactores de la planta podrían ser enfriados con agua de mar, con el consiguiente riesgo de contaminación de arrecifes.
El senador García Lizardi afirmó que más allá de la producción de oro que logre la mina (calculada en 100 mil onzas de oro al año a partir de 2013, con un valor superior a los mil millones de dólares), el punto crucial es el de la seguridad y la protección civil.
“Nuestro compromiso es servir y estas causas son para que hagamos nuestra tarea”, dijo el presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado, después de reconocer el interés, la preocupación y el apoyo manifiestos del senador Dante Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y ”veracruzano comprometido”.
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, resaltó que ve con preocupación el proyecto minero a cielo abierto Caballo Blanco, el cual pone en peligro la seguridad nacional por estar ubicado a sólo tres kilómetros frente de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz.
“Esto podría incrementar el riesgo de un accidente nuclear y comprometer la vida e integridad de los mexicanos”.
Precisó el organismo que la concesión minera abarca un área de 19 mil 650 hectáreas ubicadas entre los municipios de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan, Veracruz.
“Parte de la mina está localizada en los cerros de La Paila y La Cruz, enfrente de la planta nuclear de Laguna Verde, e inclusive la concesión minera de este proyecto canadiense incluye el polígono XI de la planta nuclear Laguna Verde”, reveló.
Los integrantes de LAVIDA, Emilio Rodríguez y Abigail Marín, manifestaron que se trata del tipo de minería conocido como a cielo abierto.
Para su operación se requerirá realizar grandes movimientos de tierra a razón de una tonelada de tierra por cada 0.2 a sólo 2 gramos de oro extraídos aproximadamente.
Como es común en otros proyectos similares eventualmente usarán mil litros de agua por segundo para obtener 28 gramos de oro (una onza).
Este proyecto minero prevé una producción anual de 100,000 onzas de oro a partir del 2012 con una duración de 10 años, según información publicada por la empresa”.
Por tratarse de minería a cielo abierto, el movimiento de tierras requerirá grandes cantidades de explosivos, en promedio 5 toneladas diarias; las múltiples detonaciones causarán microsismos que podrían modificar considerablemente los mantos acuíferos que alimentan a la región.
Además el uso y transportación cotidiana de explosivos incrementa el riesgo de accidentes en la propia zona de seguridad de la nucleoeléctrica, acotaron.
“Aunado a ello y según las imágenes publicadas por la propia empresa, se colocarán miles de toneladas de material removido (con cianuro) en la cabeza de cuenca de la región.
“En lagunas de lixiviación las cuales eventualmente podrían ser objeto de deslaves o desbordes severos, ocasionados por las propias condiciones meteorológicas del lugar como tormentas tropicales, huracanes y otros fenómenos naturales.
“Los sedimentos afectarán ríos, lagunas costeras y la ribera del mar de donde se extrae agua para el enfriamiento de los reactores de la nucleoeléctrica”, señalaron.
Otro aspecto importante es que el tránsito de los vehículos de trabajo de la empresa minera incrementaría el congestionamiento de la red de caminos y carreteras ya existentes en la región.
Las cuales se encuentran comprendidas en el Plan de Emergencia Radiológico Externo, para el caso de evacuación ante la eventualidad de un accidente nuclear.
El proyecto minero a cielo abierto de Caballo Blanco representa una grave amenaza puesto que se está poniendo en riesgo la operación de la central nuclear, bajo estándares de seguridad internacional al configurarse a nivel mundial como la única central nuclear con una industria minera en su radio de seguridad, alertaron.
Daños al ecosistema
El área de concesión minera abarca manglares, vegetación de duna costera, bosque de encino tropical y selva baja caducifolia, verdaderas islas en extinción, pues cada uno de estos tipos de vegetación representa ensambles ecosistémicos particulares, indicaron.
Específicamente destacaron la presencia de encinos tropicales, que son remanentes pleistocénicos de origen boreal en el clima tropical subhúmedo.
“Según las imágenes publicadas por la propia empresa se colocarán miles de toneladas de material removido en la cabeza de cuenca, las cuales serán objeto de deslaves severos cuyos sedimentos afectarán ríos, lagunas costeras y la ribera del mar de donde se extrae agua para el enfriamiento de los reactores de la nucleoeléctrica.
“Además estos territorios tienen un gran valor histórico y arqueológico de las primeras civilizaciones mesoamericanas”, señalaron.
Manifestaron que el centro de Veracruz, es una región crítica (un embudo), para aproximadamente 236 especies migratorias neotropicales de relevancia mundial.
Posee además poblaciones de unas 12 especies de aves endémicas o de distribución restringida y 4 de las 19 especies de aves enlistadas para México en el libro rojo de la IUCN.
“Por la zona pasan anualmente dos millones de aves rapaces migratorias, un fenómeno natural que atrae turistas que realizan una importante derrama económica en toda la región.
Posee, además, 34% de las especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat, 2001.
En especial se advierte la presencia y zona de resguardo del loro cabeza amarilla, Amazona Oratrix, una especie en peligro de extinción.
LOS NÚMEROS DEL SAQUEO
México compra a
1 mil 600 dólares
la onza de oro
De 41 empresas dedicadas la minería,
25 son filiales de corporativos canadienses
Caballo Blanco planea producir 100 mil onzas de oro al año
Equivalente a 1 mil millones de dólares