María Isabel Ferreira A.Febrero terminó con un giro inesperado en el enmarañado caso de la empresa minero metalúrgica Doe Run Perú.
Hasta hace poco, la atención sólo apuntaba al inminente reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, para lo cual Doe Run Perú requería, además de obtener la viabilidad de su plan de reestructuración, una nueva prórroga del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), la misma que viene siendo impulsada por el Congresista Casio Huaire, a través de un proyecto de ley con nombre propio, desconociendo el carácter general que toda ley debe tener.
Ante esta situación, diversas instituciones de la sociedad civil, organizadas como la Plataforma La Oroya por un Cambio, se pronunciaron preocupadas por los graves impactos a la salud en niños y gestantes, que se generarían si el complejo metalúrgico volviera a emitir al ambiente (como en años pasados) toneladas de dióxido de azufre, plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. Pues una tercera prórroga del PAMA a Doe Run Perú, significaría un nuevo permiso para contaminar legalmente.
El Ministerio de Energía y Minas, quien preside la Junta de Acreedores de Doe Run Perú al reconocerse el incumplimiento del PAMA como la mayor acreencia, tiene una posición favorable al reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico, a pesar del costo ambiental y de salud que ello implica. Esta posición, se ha visto descolocada con la última acción que Doe Run Perú ha iniciado ante el Poder Judicial, en donde exige la nulidad de la resolución del INDECOPI que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor.
Para tener una mayor claridad, son 2 las acciones interpuestas por Doe Run Perú contra el Estado Peruano. La primera, de abril del 2011, es la demanda de arbitraje ante UNCITRAL por US$ 800 millones de dólares, en donde la empresa se ampara en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU, que considera que el reconocimiento del PAMA como una acreencia, constituye un intento de «expropiación indirecta» del complejo metalúrgico, por parte del Estado Peruano. La segunda, es la acción ante el Poder Judicial para conseguir que se anule la resolución del INDECOPI.
Si bien la segunda acción pareciera poner trabas para obtener una nueva prórroga del PAMA, esta se constituye como un argumento clave que puede hacer ganar a Doe Run Perú la primera demanda de arbitraje ante UNCITRAL.
Esta última jugada de Doe Run Perú ha desconcertado al Estado Peruano y a la opinión pública. Funcionarios y Congresistas han comenzado a cuestionar las políticas ambientales, sociales y económicas que ha venido aplicando esta empresa, conocida por incumplir sistemáticamente sus compromisos ambientales con el Estado Peruano, por haber convertido a La Oroya en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo y por manipular a sus trabajadores para contar con su respaldo, según últimas declaraciones del Congresista García Belaunde.
A la luz de estos últimos acontecimientos, todo parecería indicar que habría más interés de Doe Run Perú en poder cobrar la millonaria demanda al Estado Peruano, que en reiniciar sus operaciones en La Oroya. Irónicamente, de ganar de arbitraje, los US$ 800 millones de dólares serían pagados con el dinero de todos los peruanos.