molibdeno es total.
La medida se cumplimenta con retenes en los municipios catamarqueños de Belén, Tinogasta, Santa María, Andalgalá, en la comuna rural tucumana de Amaicha del Valle. Los días 9-10 de febrero, unidades provinciales de infantería policial rompen los bloqueos de Belén, Tinogasta –donde los efectivos chocan con los pobladores– y Amaicha del Valle. Desde el 15 no se registran bloqueos en Santa María. Un contrabloqueo impuesto en Andalgalá por partidarios del proyecto minero el 11 de febrero es levantado el día 16. Diálogo con Roberto Lovera (66), tinogasteño, miembro de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua.
P: ¿Permanece alguno de tus compañeros detenido u hospitalizado tras las
refriegas con la policía de los días 9-10 de febrero?
R: No, gracias a Dios la gente se está recuperando. Los que habían sido
más golpeados ya están de nuevo en la calle participando activamente,
continuando con el bloqueo. La gente no se ha retirado del lugar a
pesar del atropello del que fue víctima, y está con más fuerza que
antes, porque tenemos el convencimiento de cuál es el objeto por el que
se está luchando.
P: ¿Por qué se decidió, «por primera vez en 15 años», detener de forma
efectiva el suministro de insumos destinados al emprendimiento de Minera
Alumbrera? ¿Se puede determinar el origen de las protestas?
R: La gente fue tomando conocimiento de lo que significaba una actividad
minera y de los daños que empezaban a aparecer en las localidades,
especialmente en Andalgalá: ver la presión social con que actuaban sobre
la zona, ver cómo se incidía sobre la educación, cómo se desatendía el
desarrollo económico de los lugares. Todo eso se fue enlazando y cada
comunidad fue entendiendo lo que acarreaba un emprendimiento megaminero.
Por eso, viendo los atropellos, la complicidad del Gobierno, la falta de
accionar de la Justicia, los pueblos empiezan a reaccionar. No lo
hicieron antes porque nadie conocía cómo era este tipo de actividad, y
tenían todavía la confianza en que su Gobierno estaba haciendo algo en
serio.
P: En relación a la posible contaminación ambiental ocasionada por la
minería, uno de los referentes del bloqueo en Belén expresaba el rechazo
a los estudios elaborados por organismos privados, ya que las
instituciones públicas podrían hacerlos con mayor responsabilidad y
transparencia. Minera Alumbrera cita una veintena de monitoreos
independientes de calidad de agua encargados en 2010 a las universidades
nacionales de Santiago del Estero (UNSE) y Tucumán (UNT), cuyos
resultados confirmarían que la calidad de los desagües de Bajo de la
Alumbrera se ajusta a la legislación vigente.
R: Es preocupante ver que las autoridades responsables de realizar el
control en las áreas correspondientes de la provincia, como la misma
Secretaría de Minería de la Nación, empiezan a mirar para otro lado.
Dejan que las empresas hagan su autocontrol; son poco creíbles los
informes que puedan hacer porque no informan la realidad. No nos pueden
decir: «Sí, los estamos haciendo». Veamos quiénes los hacen y por qué
prohíben la participación de otros organismos más independientes. Los
mismos fiscales federales no han podido entrar, en su momento, a tomar
las muestras de estos vertidos. Se le prohibió la entrada a la justicia
federal. La información tiene que ser muy clara, muy precisa y bien
orientada.
P: Durante el período 2004-2010, según un informe de la empresa
elaborado con datos provinciales oficiales, del total de regalías
mineras captadas por los municipios catamarqueños –unos $351,8
millones– Andalgalá, el distrito minero más caliente, absorbió $84
millones, en tanto Belén y Santa María captaron $37,8 y $15,6 millones
respectivamente…
R: Acá no se ha visto que la actividad genere algún beneficio para las
comunidades. Catamarca está prácticamente encabezando el «ranking» de
la pobreza en nuestro país. Los pueblos más cercanos, especialmente
Belén y Andalgalá, están sumidos en un abandono y una pobreza totales.
Esperamos que no sigan con estos beneficios porque van a matar a la
provincia de Catamarca. Uno compara pueblos vecinos de la zona, mejor
desarrollados, donde los pueblos están más tranquilos y viven con
proyectos verdaderamente sustentables. Es cuestión de recorrer la zona
y ver el desastre, el abandono, la falta de asistencia del Estado. No
estamos discutiendo el tema de esas dádivas. Y aunque fuesen mayores,
primero hay que ver si se puede realizar la actividad, en qué
condiciones se puede hacer y si en los lugares aceptan ese tipo de
actividad. Acá no se permite la participación, se la prohíbe. Le
imponen a la gente un producto metido por la ventana.
P: La asamblea «El Algarrobo» lanzó dos fuertes reclamos el día 13 de
febrero: «el restablecimiento inmediato del Estado de derecho en todo el
territorio catamarqueño y el restablecimiento de las garantías de libre
tránsito de toda persona que ingrese o egrese de Andalgalá».
¿Contemplan abandonar las rutas para descomprimir la situación?
R: La situación de abandono del Estado de derecho y pérdida de las
garantías constitucionales la ha establecido la Provincia, nadie más.
Esa decisión de atropellar la dignidad de la gente cuando está haciendo
un reclamo es una forma salvaje de agredir a una comunidad que pide ser
escuchada. Esto es sencillo: no hace falta ser técnico para decidir
cómo quiero vivir.
P: ¿Que diseño tendría la hoja de ruta que permita encauzar el conflicto?
R: Creo que el diálogo es lo más necesario y urgente, pero hay que tener
la voluntad política de no ser soberbio. Hay que dialogar primero, y no
imponer a palos, como lo están haciendo. El diálogo lo vamos a hacer
sin condicionamientos, sin imposiciones. Se necesita entender que la
gente reclama por un derecho genuino, porque ve amenazado su futuro, su
agua. Es indispensable y urgente que, de una vez por todas, piensen que
tienen que escuchar a la gente que los ha puesto en el lugar que están.
Acá no hay violencia, no hay nada. La violencia la han engendrado ellos.