Los pequeños mineros del estado Bolívar trabajan actualmente en las propuestas centrales para agregar un capítulo especial sobre minería subterránea al decreto de nacionalización del oro, cuya puesta en práctica fue congelada por el Gobierno durante seis meses.
La tenencia de la tierra y la garantía de la entrega de gasoil son las peticiones más relevantes recogidas por los voceros de molineros y mineros artesanales.
Con el acuerdo para instalar las mesas de trabajo, los trabajadores han logrado un diálogo con el Ejecutivo nacional, que no había sido posible desde el 16 de septiembre, cuando se publicó el Decreto 8413 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado la actividad de exploración y explotación del oro, lo que desató una ola de protestas en el sur del estado Bolívar.
El 2 de diciembre cientos de mineros restringieron el paso por la carretera troncal e impidieron el suministro de gasolina a los municipios del sur.
Miembros de las asociaciones y del frente de trabajadores protestaron contra el instrumento legal que acabaría con la actividad de más de 200.000 artesanos.
La prórroga de 90 días para la puesta en práctica del decreto la consiguieron con la manifestación del 8 de diciembre.
Nulidad o negociación. Para el 16 de enero está prevista la instalación oficial de las mesas de trabajo en las que participarán, entre otros organismos, CVG Minerven y el Ministerio de Petróleo y Minas.
La presidenta del Concejo Municipal de El Callao, Mara Valdez, es partidaria de solicitar el recurso de nulidad del decreto, como lo hizo un grupo de mineros de La Paragua ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Por lo pronto, no vislumbra un punto intermedio donde el Estado y los mineros puedan compartir el fruto de su labor.
«Creo que vamos a apegarnos al recurso de nulidad para poder trabajar en paz», dijo.
El presidente de la cooperativa Frente Minero América Nuestra, William Padilla, por el contrario, cree que sí es posible conseguir la solución del conflicto con la redacción de un capítulo especial referido a la pequeña minería. Aunque Padilla respaldó el recurso de nulidad, destaca que los municipios del sur tienen experiencia en la redacción de leyes y se mostró partidario de profundizar la discusión en las mesas de trabajo.
Como punto de honor, los mineros exigen la tenencia de la tierra con sus permisos y la garantía del suministro de gasoil. Si se da ese objetivo, Padilla cree que podría lograrse cualquier tipo de asociación mixta con el Estado.
«No podemos rechazar todas las propuestas. Nosotros redactamos una ley que llegó a la primera discusión y se quedó allí. Por eso digo que vamos a demostrar que el pueblo sí sabe legislar», apuntó el dirigente.
Sostiene que con la tenencia de la tierra se lograría un equilibrio de ganar ganar. «Nadie quiere un negocio para perder, y el del oro es para ganar», indicó.
Otros beneficios. La dirigente de la Asociación de Molineros Auríferos de El Callao, Nancy Ruiz, informó que algunas propuestas incluyen beneficios en las áreas de vivienda y tecnificación. Expuso que con la capacitación de los mineros y la incorporación de nuevas tecnologías es posible reducir el impacto ambiental y el uso del mercurio en los procesos de exploración y explotación. Agregó que es importante que entreguen las tierras con los estudios geológicos que certifican la reserva, para evitar la búsqueda infructuosa del mineral.
CLAVEL RANGEL