EDITORIAL DE ACTUALIDAD MINERA DEL PERÚ
COOPERACCION(DICIEMBRE 2006)
Usualmente, el último editorial del año lo dedicamos a hacer un balance del sector minero y analizar las perspectivas para los próximos doce meses. Sin embargo, una serie de acontecimientos ocurridos en el último mes nos obliga a centrarnos en un tema sumamente preocupante, que puede representar una tendencia peligrosa y de franco deterioro en las relaciones que se tejen entre distintos actores vinculados a la actividad minera. Si bien es cierto que en los últimos años los conflictos entre empresas mineras y comunidades han provocado situaciones difíciles, de serios enfrentamientos y un debate que sigue abierto en torno a los reales impactos de esta actividad, nunca antes como hoy se había percibido el riesgo de ingresar a un escenario donde las prácticas de hostigamiento y persecución contra los adversarios sean las que predominen.
El destape de la denominada “Operación Diablo”, puesta en marcha desde el pasado mes de agosto, tenía como objetivo central vigilar, intimidar y dañar la imagen del sacerdote Marco Arana y el equipo de profesionales de la institución no gubernamental GRUFIDES, conocidos por su trabajo en defensa del medio ambiente en esa región, base de las operaciones de Minera Yanacocha.
Los detalles de la “Operación Diablo” dados a conocer por el diario La República , superan la imaginación y la especulación alarmista de cualquiera sobre las prácticas secretas que estarían desarrollando algunas empresas.
Una empresa especializada en investigaciones de tipo administrativo, contable, financiero, periodístico, comercial, industrial, es contratada por un tercero y despliega un operativo que moviliza nada menos que dieciséis agentes en varias regiones del país, alquila inmuebles y equipos sofisticados, automóviles y motocicletas que eran utilizadas para las jornadas diarias de seguimiento de hasta diecisiete horas continuas. ¿Quién puede cubrir y solicitar todo este despliegue y sobre todo financiarlo?
Una vez descubierta la “Operación Diablo”, la explicación presentada, que suena más bien a una pésima coartada, es que el trabajo era realizado para un medio de comunicación. La pregunta cae por su propio peso: ¿Qué medio de comunicación está dispuesto a invertir en una operación con las características descritas? ¿El sacerdote Arana y el equipo de profesionales de un organismo no gubernamental son tan atractivos para la opinión pública y para los medios de comunicación?
La información periodística de La República ha recogido evidencias de nexos establecidos entre la empresa encargada del operativo[1] y personal de Forza S.A., que como es sabido presta servicios de seguridad a Minera Yanacocha.
La respuesta de Forza no deja de sorprender: lejos de dar una explicación sólida sobre lo ocurrido y responder a las evidencias presentadas, en un comunicado público emitido el pasado 5 de diciembre, señalan que realizan “operaciones de Seguridad Corporativa a nivel nacional y sin embargo, únicamente ha tenido incidentes en la región de Cajamarca donde realiza sus actividades la ONG Grufides”[2] y que “Forza sabe que estas calumnias que pretenden desprestigiar su bien ganado nombre responden al deseo de perjudicar a nuestros clientes[3] y por ello asumimos este alto costo con la satisfacción de brindar siempre nuestro mejor servicio”[4].
El mundo al revés: ¿Forza insinúa que GRUFIDES, la víctima del operativo descubierto, sería la responsable de los incidentes que perturban y dañan su buena imagen? Que suerte la de Minera Yanacocha de contar con una empresa como Forza que está dispuesta a asumir “este alto costo”, que en realidad responde al deseo de perjudicarlos, según la versión del comunicado.
Los voceros de Minera Yanacocha, usualmente muy locuaces, han brillado por su ausencia. Salvo las declaraciones de Raúl Benavides, directivo de Buenaventura y socio de Yanacocha, que ha señalado que podía ser una iniciativa de Forza, los altos mandos de la empresa -que en realidad es manejada por la norteamericana Newmont-, se han callado en todos los idiomas.
Peor aún, sus boletines informativos “Diálogo Abierto- Yanacocha al Día” han obviado el tema y como si nada hubiese pasado se han dedicado a informar de una serie de premios que la empresa habría ganado en los últimos meses por sus buenas prácticas y proyectos de responsabilidad social. Felicitaciones.
Toda esta situación es una nueva evidencia de la predominancia de diagnósticos errados en sectores empresariales y el riesgo latente que esta situación los lleve a prácticas peligrosas.
Para los núcleos más conservadores de las empresas mineras, el conflicto en sus zonas de influencia es consecuencia y responsabilidad exclusiva de grupos opositores: “grupos antimineros aparecen y lo hacen extremadamente más difícil”, declaraba hace muy poco el empresario minero Roque Benavides, en relación a los conflictos sociales vinculados a la minería[5].
Si éste es el diagnóstico todo indica que algunos estarían dispuestos a dar otros pasos; desacreditar y buscar la derrota de lo que ellos denominan como “movimiento antiminero”.
Insistimos, diagnóstico equivocado que estaría llevando a algunos a optar por prácticas siniestras que lo único que lograrán es crear un mayor clima de enfrentamiento y evitar que los temas de fondo sean abordados.
A estas alturas, lo que nadie puede negar es que la “Operación Diablo” existió y que los verdaderos responsables siguen siendo cubiertos por chivos expiatorios y tontos útiles.
Desde CooperAccion, queremos hacer llegar nuestra solidaridad al Padre Arana y a todo el equipo de GRUFIDES y el pedido que este hecho sea aclarado y que los verdaderos responsables sean plenamente identificados.
[1] C&G Investigaciones.
[2] Punto 4 del comunicado publicado el 6 de diciembre en el Diario El Comercio.
3] ¿Léase Yanacocha?
[4] Punto 5 del comunicado.
[5] Declaraciones aparecidas el 19 de diciembre, 2007 en el DOW JONES NEWSWIRES. Traducción de César Padilla.