Martín Catalán Lerma
A pesar de su enorme producción, el estado es penúltimo en su aportación al PIB
El importante aumento de las inversiones extranjeras en todas las regiones mineras de México, incluido Zacatecas, ha generado una competencia por atraer esa inversión extranjera directa, corriendo el riesgo, que ya se ha concretado en algunos casos como Real de Angeles, en el municipio de Noria de Angeles, de sacrificar aspectos sociales y ambientales de largo plazo por el urgente crecimiento económico de corto plazo.
En ese sentido Arturo Burnes Ortiz, especialista en el tema de minería por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ha manifestado la necesidad de impulsar la investigación enfocada a la detección y evaluación de los riesgos ambientales de la minería, estudio que permitiría establecer pautas de planeación y tratamiento para disminuir o remediar el deterioro ambiental, ya que la actividad extractiva es casi inevitablemente “sucia” tanto en el nivel de extracción como en el del procesado de las materias primas minerales. Ello no implica, sin embargo, que no puedan hacerse esfuerzos para minimizar el impacto ambiental de dicha actividad, tanto en la prevención como en la solución.
Además, el impacto socioambiental, ecológico, de derechos humanos y despojo de la tierra en las comunidades es un problema de gran índole que trasciende al país, porque el promedio de los grandes proyectos de inversión y explotación minera es de 20 años, como en el caso de la minera Peñasquito, y después de la explotación hay un vacío ambiental que en todos los casos no son reparados y la empresa no asume a cabalidad su responsabilidad.
Asimismo, la explotación de recursos naturales no renovables en América Latina la realizan grandes consorcios de origen canadiense y estadunidense, cuyo objetivo es tener una reserva estratégica en 100 diferentes recursos naturales y minerales en los próximos 10 años, es decir, actúan bajo objetivos geopolíticos.
Cabe mencionar que la inversión en proyectos de explotación minera en América Latina es la mayor del mundo en 32 por ciento, seguida por Oceanía con 20 por ciento; Africa con 16 por ciento; Asia con 13 por ciento; Norteamérica con 12 por ciento y Europa con 7 por ciento. A su vez, Chile, Brasil y Perú son los países que invierten más dinero en la exploración y explotación de recursos minerales.
Según el Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la producción minera en México representa 2.4 por ciento de la producción minera mundial, y México ocupa el noveno lugar en producción minera mundial y el cuarto lugar en producción minera de Latinoamérica. Los países a los cuales se exporta la producción minera nacional son Estados Unidos, Japón, Perú, Suiza, República Dominicana y Canadá, entre otros.
En el caso de Zacatecas, explicó el investigador de la Unidad Académica de Economía de la UAZ, la minería ha traído paradojas. Por ejemplo, mientras el estado es primer lugar en la producción de plata, plomo, zinc y oro, también es penúltimo en su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional. El estado también tiene la mayor explotación de oro en América Latina y la segunda en el mundo; sin embargo, ello no se puede integrar en el Plan Estatal de Desarrollo.
Burnes Ortiz explicó que el problema tiene su origen en la liberalización de la legislación y desmantelamiento de las normas constitucionales sobre el dominio de los recursos naturales y la emisión de una nueva ley minera en junio de 1992, que simplificó el proceso de otorgamiento de las concesiones, lo cual ha derivado en un impacto negativo de la minería en los ámbitos sociales y ecológicos actuales.
Frente a ese escenario, en el que Zacatecas es una entidad importante por su contribución de minerales, el académico manifestó la necesidad de definir una visión integral del desarrollo regional que asegure que la minería contribuya también al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo social y económico equitativo de los distritos mineros.
Para ello, agregó que “deben implantarse estrategias públicas que articulen de manera integral la gestión del recurso natural con el desarrollo de los diferentes sectores productivos, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones del capital natural, social, institucional y humano con que cuenta la región pues, en efecto, el alcance de las decisiones y acciones gubernamentales no dejará de ser limitado si no cuenta con la cooperación decidida de todos los sujetos sociales productivos”.
Eduardo Manzanares, investigador del Centro Regional de Estudios Nucleares (CREN), indicó que la minería y las técnicas utilizadas para la extracción de los minerales y metales, así como las limitaciones normativas en México, han propiciado la contaminación de entornos, constituyéndose en pasivos ambientales.
En ese sentido Zacatecas se ha definido como un estado minero por excelencia, y gran parte de su economía depende de esa actividad, pero con una mínima atención a la generación de desechos, y sin planeación alguna respecto a los asentamientos humanos, por la cual se han acumulado grandes cantidades de metales pesados, que pueden estar biodisponibles para todos los seres vivos, en especial para los humanos.
Según explicó, el efecto de los metales existentes en el ambiente van desde los llamados microelementos (siendo algunos esenciales), hasta los efectos tóxicos que produce especialmente el plomo, que es omnipresente y puede ingresar al organismo a través de diversas fuentes como el agua, alimentos, suelo, aire, utensilios y al uso de gasolina. Las vías de contaminación son la oral y respiratoria, y una vez en el organismo afectan al sistema hematopoyético, nervioso, reproductor y urinario, y tienen la capacidad de bioacumularse en hueso, por lo que su concentración se magnifica a lo largo de la cadena alimentaria.
En el periodo entre 1930 y 1950, la medicina laboral se preocupaba por los niveles de metales como el plomo en personas que laboraban en minas, industrias metalúrgicas y refinerías, pero ahora se ha extendido hacia la contaminación de metales en el medio ambiente, la cual fue incontrolada por las altas concentraciones de plomo encontradas en sitios urbanizados y mineros.
Según Manzanares, el plomo es un metal pesado que no tiene función en el cuerpo humano, por lo que el nivel plasmático ideal debería ser cero, aunque en la actualidad es prácticamente imposible encontrar alguna persona en la que no se detecten niveles de plomo en sangre. Para el Center of Disease Control (CDC) el nivel de intoxicación es mayor o igual a 10 μg/dL.
En el estado de Zacatecas, los casos que han generado una mayor contaminación ambiental se localizan en el municipio de Noria de Angeles y en la comunidad de Nuevo Mercurio, en Mazapil.
En el caso de Noria de Angeles, después de constituirse como el soporte económico del suroeste de la entidad, la minera Real de Angeles convirtió ese territorio en un desolado paraje contaminado de residuos, y eso, tan sólo en poco más de 10 años en que se mantuvo en operación.
Martha Guerrero Ortiz, docente investigadora de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAZ, realizó un estudio sobre el impacto de esa minera en el lugar, y se obtuvo como resultado un nivel de contaminación muy alto del subsuelo y los acuíferos y también una repercusión muy grave en los problemas de salud de la población.
Además, la minera Real de Angeles, comentó, afectó 4 mil 800 hectáreas para la siembra y ese territorio fue devastado al grado que en la actualidad la producción de maíz y frijol es nula.
La investigadora explicó que esa minera se inauguró durante el sexenio del presidente José López Portillo y explotaba una veta de plata a tajo abierto, y esta era considerada la más grande del mundo, lo que la convirtió en el soporte económico de ese municipio y esa región del estado, pero después de ser abandonada por la empresa de origen canadiense que la explotaba, Noria de Angeles es un municipio sumido en la marginalidad.
Por tanto, el impacto ambiental de la actividad minera, explicó la académica, se evidencia con la modificación de la superficie terrestre, la eliminación del suelo y la resequedad en las zonas circundantes, la disminución de las actividades y rendimientos agrícolas, la eliminación de vegetación y destrucción y modificación de la flora y la fauna, además de que el entorno queda afectado al perder su atracción paisajística.
En Noria de Angeles, expuso, desaparecieron paralelamente a la actividad minera aves como águilas, búhos, halcones, cuervos, tecolotes y víboras, animales que cumplen con la función de depredadores de los roedores, cuya plaga ha aumentado en esa región.
Además, en ese municipio la agricultura ya no es posible en la zona circundante a esa minera, tampoco el pastoreo de ganado vacuno y caprino, debido a la formación de pantanos de agua contaminada, y las tierras de cultivo, ubicadas en zonas más lejanas, han sido afectadas por los polvos de la presa de Los Jales.
En relación a los problemas de salud que se generaron por la contaminación de la explotación minera, mencionó el plomo en la sangre, lo que detiene el crecimiento físico y conduce a problemas auditivos, visuales, renales y cáncer en los huesos. También se detectaron enfermedades pulmonares, bronquitis, cáncer de pulmón y silicosis, producida esta última por la respiración del polvo de la mina.
La primera parte de la investigación, realizada por Guerrero Ortiz y Gildardo Gaitán, consistió en caracterizar el estado de Zacatecas y los municipios de Noria de Angeles y Villa González Ortega, respecto a la producción minera. En la segunda parte se abordaron los diferentes tipos de explotación, entre estos la subterránea y la de cielo abierto. Por último la investigación explica la contaminación como producto de la escasa gestión y manejo deficiente de los residuos de explotación minera.
Cabe mencionar que en el estado hay más de un millón de hectáreas que se destinan a la explotación minera, pero esta ha sido una de las principales causas de la pérdida de las tierras para la agricultura, y por consiguiente de la producción de alimentos y materias primas, por lo que se trata de una actividad que afecta de manera directa e indirecta a los habitantes.
En el caso de Nuevo Mercurio, en años recientes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emprendió un proceso de restauración ambiental para eliminar residuos altamente contaminantes abandonados por la minera Rosycler.
La primera etapa de ese proyecto tuvo una inversión de más de 400 mil pesos y consistió en cambiar todos los tambos que habían sido abandonados en el lugar y que contenían sustancias tóxicas.
Esos tambos se cambiaron por otros tinacos de plástico, a fin de que la población de ese lugar ya no tenga contacto directo con aquellos que contenían los llamados bifenilos policlorados, y que durante muchos años habían generado un alto grado de contaminación en esa región.
Al respecto, Francisco Sandoval Martínez, delegado estatal de Semarnat, informó que la inversión aportada para la restauración ambiental de Nuevo Mercurio se realizó en conjunto entre esa secretaría y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con un monto de 410 mil pesos, recurso con el que se ha sustituido todo material que haya tenido contacto directo con esas sustancias.
También aseguró que no se presentaron mayores problemas de contaminación en Nuevo Mercurio, pero las medidas de contención fueron necesarias para evitar problemas en el futuro, de manera que el proceso emprendido en los últimos meses ha sido fundamental para ello.
Posteriormente, indicó, es probable que se lleve a cabo una segunda y tercera fase de atención para eliminar completamente todas las cenizas de bifenilos que aún puedan permanecer en el lugar y puedan tener contacto con la gente.
Otra acción realizada, de acuerdo a Sandoval Martínez, ha consistido en acopiar todos los materiales impregnados por bifenilos para después disponer de ellos y entonces reubicarlos para eliminar su presencia en ese lugar.
Liza Díaz, directora ejecutiva de Outlet Minero, indicó que ese organismo se creó por iniciativa ciudadana cuyo objetivo es promover la minería responsable y comprometida con el medio ambiente.
“En lugar de oponernos a una fuerza económica que tenemos en el estado como es la minería, el objetivo de nuestra iniciativa es sumar los esfuerzos de las empresas mineras, los proveedores de minería, las universidades y la sociedad, a favor de esta industria y promover que se trabaje o vigile que se opere responsablemente”, indicó.
Desde su punto de vista, los problemas ambientales por la minería pueden resolverse si hay un acercamiento con las empresas y establecer comunicación con la Cámara Minera de México y los gobiernos federal y estatal, a fin de vigilar que esas empresas cumplan con la normatividad.
Cabe mencionar que las grandes explotaciones mineras cada vez encuentran una resistencia organizada mayor, a pesar de que no tienen el apoyo de los gobiernos, como en el caso de proyectos mineros en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; Salaverna, en Zacatecas, y Mezcala, en Guerrero.
Un verdadero modelo de desarrollo será solamente una quimera si lo que sigue privando es la ganancia económica por encima de todo. “La minería no es en sí la culpable; ella es sólo un instrumento y como tal puede utilizarse para bien o para mal, dependiendo de quién y cómo la usa”, concluyó Burnes Ortiz.