01 de Diciembre 2011
Daniel Blancas Madrigal
Riesgo. La CNDH realizó un reporte especial sobre las condiciones de seguridad e higiene de las minas en el país. Foto: Archivo
De 2006 a lo que va de 2011, han muerto 124 trabajadores dedicados a la extracción de carbón en Coahuila, 80 de ellos laboraban en los llamados pocitos. La cifra es parte de un informe especial de la CNDH sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado, el cual fue divulgado ayer.
Aunque la investigación del organismo se centró en lo que pasa en territorio coahuilense, señaló que en todo el país la actividad minera se desarrolla entre anomalías como falta de permisos para explotación, omisión por parte de las autoridades de realizar visitas de inspección y establecer medidas adecuadas para proteger la vida de mineros, falta de verificación del cumplimiento de medidas dictadas, complicidad y tolerancia con empresarios, uso de inspectores improvisados y carencia de recursos para tareas de vigilancia y de un directorio actualizado de empresas, así como trabajo infantil. “No hay una política pública firme, que involucre a los tres órdenes de gobierno, encaminada a resolver los problemas y consecuencias derivados de la minería ilegal; las labores de coordinación son nulas”, concluyó.
Acreditó, por ejemplo, que la Secretaría de Economía, una de las dependencias involucradas en el ramo, no cuenta con personal especializado en inspección y recurre a funcionarios inscritos a otras áreas. Una de los principales factores que obstaculizan el control de esta actividad es que los titulares de concesiones mineras no son quienes explotan el manto, pues celebran contratos de prestación de servicios con contratistas. Desde el 2006 el organismo ha recibido 17 quejas contra la SE y la Secretaría del Trabajo (4 en 2006, 2 en 2009, 4 en 2010 y 7 en 2011). “Diez de éstas se relacionan con siniestros en los que 90 mineros perdieron la vida y seis resultaron heridos. Los últimos cuatro accidentes fatales ocurrieron este año”, reportó.
En general, las Recomendaciones emitidas durante este tiempo han sido incumplidas por las dependencias, que también “han desatendido las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad laboral”. Con respecto a los pocitos señaló: “El empleo que generan es inseguro, sub-registrado y altamente peligroso. Los siniestros son frecuentes, no hay inspecciones y cuando las hay, los productores se alertan entre sí, lo que permite desmantelarnos y que pasen desapercibidos”. Y en torno al trabajo infantil describió: “Es un problema recurrente de la minería ilegal, más habitual en explotaciones mineras de pequeña escala y artesanal e incluso en minas que fueron abandonadas, o aquellas que carecen de permiso. La situación de los niños se agrava, pues no cuentan con medios necesarios para tener una vida digna, acorde con su condición de edad, comienzan a laborar en pocitos a los 14 años”.