María Alejandra Ceballo
Comercios locales se sumaron a la “hora cero” que inició el pasado lunes
Los manifestantes prometieron tomar las empresas básicas si no obtienen la respuesta deseada
Foto: María Alejandra Ceballo
El Callao.- Desde que se estableció la nacionalización del oro, el sector minero protagonizó varias acciones de protesta contra la ordenanza 8.413 que concede al Gobierno Nacional la explotación de los yacimientos auríferos y la comercialización del preciado mineral. La toma de ayer de la Troncal 10, fue la octava manifestación pública y nació del seno del pueblo callaoense.
La revuelta se dio desde las 7:00 de la mañana, cuando centenas de personas participaron en una mega caravana de motocicletas, vehículos ligeros y camiones de carga, recorriendo las principales calles del casco central, donde todos los comercios estaban cerrados.
Se recuerda, que el pasado lunes el gremio de molineros y algunas asociaciones mineras decretaron “hora cero” en la población, por lo que la Cámara de Comercio tomó la determinación de adherirse a la lucha.
Posterior a la marcha, los manifestantes decidieron ir más allá del puente que está sobre el río Yuruari y se instalaron frente al Monumento de las Madamas, trancando el tránsito vehicular hacia Tumeremo, Guasipati y el propio municipio anfitrión; situación que obligó a los efectivos de seguridad (Fuerza Armada, Policía del Estado Bolívar y Guardia Nacional) a comparecer rápidamente, para intentar el cese de la rebelión.
Paralelamente, largas colas de vehículos, gandolas y autobuses se fueron creando en la carretera que conecta a los pueblos del sur, lo que produjo enfrentamientos verbales entre los protestantes y aquellos particulares que querían continuar con su rutina, tales como los estudiantes universitarios.
Los motivos de la tranca pueden resumirse en una sola palabra “prórroga”. Eso es lo que todos estaban pidiendo, ya que desde hace varias semanas se solicitó formalmente ante las altas esferas de Gobierno un aplazamiento de 18 meses para la entrada en vigencia del Decreto Ley que regula la minería, período durante el cual se pretende la consolidación de mesas de trabajo para redefinir la legislación que hará valer el cumplimiento de los acuerdos que se establezcan.
Pedro Fabio, de la directiva de Amac (Asociación de Molineros Auríferos de El Callao), explicó que seguirán alzando su voz hasta que el Presidente Chávez firme un documento en el cual oficialice la aceptación del citado pedido.
“El 15 de diciembre se vencen los 90 días que dio el parlamento para la entrada en vigencia de la reglamentación jurídica penalizadora e inconsulta que amenaza con encarcelarnos o quitarnos el oro que lleváramos encima; por lo que necesitamos apurarnos y pedirle a todos los actores del sur que se involucren, ya que si los molineros y mineros desaparecemos, esto será una especie de desierto, así como ocurrió en El Pao”.
Además, “necesitamos que Chávez vea que el pueblo está hecho un caos, porque los molinos llevan semanas sin trabajar debido a que nos cortaron el acceso a los insumos. Vale destacar, que hasta el día de hoy agotamos todas las acciones legales que estuvieron a nuestro alcance, así como las vías diplomáticas, para que nos tomen en cuenta en la transición hacia la industrialización del oro; pero, parece que todo fue en vano, por lo que no nos restó más que multiplicar los movimientos de calle”.
Por su parte, Rafael Arzola –de la mina Caratal- expresó que es minero desde hace 10 años y que nunca se imaginó que lo obligarían a ejercer otro oficio. “Si el Ejecutivo hace esto por razones ambientales, entonces no debe meternos a todos en el mismo saco, ya que dentro de la minería artesanal hay gente que contamina y otros que no. Por ejemplo, nosotros en el barranco ni siquiera empleamos explosivos. Luego, si el molinero usa mercurio, ya es responsabilidad del Ministerio para el Ambiente ofrecer alternativas ecológicas. Lo que sí es cierto, es que si los molinos desaparecen, estos pueblos no tendrán vida”.
En la misma tónica, Douglas Clark denunció que la principal fuente de contaminación proviene de la empresa del Estado, CVG Minerven. “Yo saco material aurífero de El Perú desde hace 16 años y por detrás de mi casa veo las colas de lo que procesa Minerven sin ningún tipo de consideración con el medio ambiente. Entonces, no pueden justificar sus acciones diciendo que nosotros somos depredadores de la naturaleza, ya que ni en su propia industria han puesto orden al respecto”.
Igualmente, “si no les gusta el entorno social que acompaña la minería a pequeña escala, sepan que si la Ley entra en vigencia el 15 de diciembre, se acrecentará la delincuencia a niveles inimaginables, por lo que además de hambre y miseria, las personas vivirán atemorizadas”.
Intentos fallidos
Dentro de los discursos, varios voceros recordaron el fracaso de la Reconversión Minera y del Plan Caura, políticas implementadas por el Estado para controlar la minería ilegal en diferentes yacimientos del país. “Al igual que en La Paragua, los militares vinieron al Km 88 para acabar con maquinarias y limitar a la gente de seguir trabajando, lo que le hizo mucho daño a gran cantidad de familias; pero, como el pueblo se reveló, no les quedó más que aceptar que ese modelo era inaplicable”, esgrimió Álvaro Oronoz, minero desde hace 6 años.
Algo parecido “ocurre con la Misión Piar, la cual está conformada por personas que no son de aquí y que desconocen el funcionamiento real de nuestros métodos de extracción y del ritmo de vida de la zona. Por eso, es injusto que ellos participen en las comisiones de transición, cuando en verdad no tienen capacidad de representar nuestros intereses. Tanto la Reconversión Minera, como el Plan Caura y la Misión Piar no han traído nada positivo ni para la comunidad ni para el propio Gobierno”.
Por otro lado, Daniel Leiva (otro minero) recalcó que no están en contra de la nacionalización del oro ni de su industrialización. “El problema no es lo que se quiere hacer, sino cómo se pretende consolidar. Si el manejo de este mineral va a revertirse en beneficio para todos los venezolanos, nadie puede estar en contra de eso; pero, mientras tanto, queremos trabajar como hasta ahora”.
En el sur hay votantes
Alexis Ruiz –molinero- confesó que le resulta incomprensible el hecho de que el Presidente Chávez esté demorando tanto tiempo en atender los reclamos relacionados con el Decreto Ley 8.413. “Esto es algo que se comenta en todas partes, porque nadie logra entender que un año antes de las elecciones el Gobierno menosprecie los datos demográficos del estado Bolívar. Aquí la población de votantes es grande y lo peor es que la mayoría de los están en la protesta son adeptos al proceso de revolución”.