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5 Noviembre 2011
Minas y mentiras reseña las acciones de campesinos y la represión que han sufrido. Comuneros rechazan la presencia de Fortuna Silver en San José del Progreso, Ocotlán. Sin consultar a los pobladores, se autorizaron trabajos en 2008.
Instalaciones de una mina en Oaxaca, en imagen de archivo. Foto: La Jornada
Cuando bajó el nivel de agua de los pozos y el líquido empezó a escasear, los habitantes de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, decidieron organizarse para protestar en contra de la compañía minera Fortuna Silver que adquirió la concesión para extraer oro y plata de sus tierras.
Era 2008. Casi tres años después, los campesinos mantienen su rechazo a la presencia de la empresa canadiense, pero de muy poco ha servido, porque la explotación del suelo empezó en septiembre pasado y hasta ahora ninguna autoridad ha dado respuesta a sus demandas.
De cualquier manera, los inconformes siguen en lucha, ahora mediante el documental Minas y mentiras, en el que están plasmadas las acciones que han emprendido y la represión de que han sido víctimas. Durante la presentación del material, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Bernardo Vázquez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, sostuvo que el conflicto se originó, primero, porque no se tomó en cuenta a la comunidad.
Las autoridades permitieron el proyecto de exploración y explotación sin informar a los pobladores sobre sus alcances y las afectaciones que habría en su entorno, como la desecación de los pocos mantos freáticos que hay en la zona. Tampoco que a causa de los trabajos de minería el subsuelo se contaminaría con ácido sulfúrico o que incluso tendrían que emigrar por el crecimiento del área de explotación.
En alrededor de 30 minutos, el documental expone la situación que han vivido los pobladores de San José del Progreso, situado en los valles centrales de Oaxaca, los testimonios que dan cuenta de las movilizaciones y las detenciones de varios de sus compañeros.
También explican cómo les afectó la desaparición del ejido y la asamblea a la que se hubiera tenido que consultar si estaba de acuerdo con la instalación de la mina. Los empresarios encontraron un sitio favorable en Ocotlán porque cada campesino es dueño de su terreno y puede decidir si lo vende o no, a quién y en cuánto. En San José del Progreso, 32 pobladores firmaron contratos de usufructo con la firma canadiense de un polígono que abarca 702 hectáreas.
Información del Centro Pro señala que la producción minera en Oaxaca representa 0.56 por ciento del valor total nacional. Refirió datos de la Secretaría de Economía, según los cuales el valor de la producción minera estatal entre enero y diciembre de 2010 ascendió a casi mil 100 millones de pesos, lo que representa un aumento de alrededor de 30 por ciento respecto de 2006.
La superficie oaxaqueña concesionada es de 742 mil 791 hectáreas, equivalente a 7.78 por ciento de la superficie total del estado.
Para la organización civil, el caso de la minería es uno de los ejemplos de los daños que causan los megaproyectos capitalistas a las comunidades campesinas e indígenas.
Otros son las autopistas que dañan la flora y fauna, y provocan el desplazamiento de las comunidades; la represas y la explotación forestal.