Jesús Rodríguez Montes
Los proyectos mineros en La Montaña han comenzado a generar una amplia expectación, sobre todo en quienes no están de acuerdo con ellos.
En respuesta al silencio de las autoridades, que a cuentagotas han soltado información sobre el tema, varios indígenas, por sus propios medios, se han dado a la tarea de investigar y se han encontrado con experiencias de otros estados donde las mineras, lejos de contribuir al desarrollo de sus comunidades, han sido el principal motor para provocar división entre comuneros y un irreversible daño al medio ambiente, sobre todo cuando el método de extracción de minerales que se aplica es a cielo abierto.
La CRAC y otras organizaciones locales han comenzando a articular una campaña de información en los pueblos, mediante la conformación de brigadas de información anti mineras. Se distribuyen volantes donde aparece la fotografía del helicóptero realizando sobrevuelos y, en letras grandes, resalta la pregunta: “¿Tú sabes qué anda haciendo éste?”. Y el texto añade: “¿Estás de acuerdo con que nos sigan invadiendo, queriendo llevar nuestras riquezas, dejándonos en la ruina? ¿Estás de acuerdo que vengan a contaminarnos, a acabar con nosotros? ¡Hay que ponerles un alto porque las consecuencias son graves!”.
Mientras que en la estación de radio comunitaria La Voz de los Pueblos, órgano de difusión de la Policía Comunitaria, se transmiten spots en el mismo sentido e informan de los daños al entorno y a los seres humanos que provoca el cianuro, sustancia empleada en el proceso de extracción de minerales.
“Lo que se ha hecho es investigar un poco lo que ha ocurrido en otros lugares y lamentablemente la información que nos ha llegado en videos y diversos documentos, es que donde se explotan los minerales, sobre todo a cielo abierto, se produce un serio impacto ambiental, se desgarran cerros, se acaba con la flora y la fauna del lugar, pero no sólo eso, sino que se ha envenenado el cauce de los arroyos y los ríos por el procedimiento que utilizan, que se valen de sustancias tóxicas para el ser humano”, dice Máximo Tranquilino Santiago, coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán.
Po su parte, el alcalde de este municipio, Vicario Portillo Martínez, en entrevista telefónica confirma que en el Ayuntamiento tampoco han recibido información oficial sobre las mineras.
Ante un proyecto de tal magnitud, dice Pablo Guzmán, también coordinador de la CRAC, el gobierno debiera considerar el derecho que tienen los pueblos a la libre consulta, como establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y afirma que las empresas “han sorprendido a algunos compañeros para firmar convenios que al final se traducen en un gran problema, que al final derivan en un gran daño social. Al final lo que quieren ellos es lograr su propósito no importándoles cómo quede la región y la zona, eso es saqueo y sería un robo”.
Por ello, anuncia que desde los primeros días de 2011, en la región se desplegarán brigadas de información, actividades previas a una magna concentración de comunidades de La Montaña que se realizará el 5 de febrero, en la localidad de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, para tratar el caso de las mineras.
No se cumplen las leyes de protección al ambiente
Las cordilleras de la Sierra Madre del Sur que atraviesan por esta región son ricas y vastas en cuanto a recursos naturales. Desde La Montaña surgen las cabezas de cuenca que abastecen de agua a ríos tan importantes como El Papagayo, el más caudaloso de Guerrero que desemboca en Acapulco.
Según estudios realizados por investigadores del proyecto Manejo Integral de Ecosistemas (MIE), auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que operó durante ocho años en La Montaña, la zona cuenta con una riqueza de recursos naturales en una superficie de 692 mil hectáreas, de las cuales 281 mil 332 tienen una cubierta boscosa natural que representan dos ecorregiones globalmente importantes: Las selvas secas (selvas bajas caducifolias) del pacífico y los bosques de pino-encino de la Sierra Madre del Sur.
Tiene la región un registro en flora de 298 especies, de las cuales tres están catalogadas en protección especial, cinco amenazadas y tres en peligro de extinción. La riqueza de fauna es de 371 especies, de las cuales 28 están catalogadas en protección especial, 21 amenazadas y tres en peligro de extinción.
A juzgar por los hechos, dice el estudioso y activista por los derechos ambientales en la región, Miguel Ángel Mijangos Leal, para el gobierno explotar la riqueza mineral es más importante que proteger el entorno de La Montaña, por eso es que ante los proyectos mineros han optado por “pasarse por el arco del triunfo” leyes de protección al medio ambiente, como la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales o la Ley de Fauna Silvestre.
De entrada, precisa que un proyecto minero de esta naturaleza requiere de un estudio de impacto ambiental donde se asegure que no habrá afectaciones mayores al entorno. A nadie se le ha informado si las empresas cumplieron con ese criterio ante las dependencias correspondientes.
En el territorio hay también bosques mesófilos o de niebla, un ecosistema que en muy pocas regiones de México y de América es posible encontrar y que de acuerdo a las leyes mexicanas, adquieren una protección especial por sus características. “Ahí ni siquiera debe de permitirse ni el aprovechamiento forestal y mucho menos las mineras”, critica.
Pero además, hay experiencias en Guerrero, como en la mina instaurada en El Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, donde las empresas arrasaron con vestigios arqueológicos sin que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hiciera algo para controlarlo. Advierte que ese mismo riesgo sin duda alguna se corre también en La Montaña.
Ojo de Agua es una localidad me’phaa de Malinaltepec donde los lugareños ya han acordado impedir que su territorio sea parte del proyecto minero. Desde 2009 se han organizado para proteger sus bosques no sólo contra las mineras, sino también contra la explotación de madera que realizaba la empresa local Temilitzin, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la cual supuestamente fue creada para operar como una empresa al servicio de los Bienes Comunales de Malinaltepec, aunque en los hechos, los únicos beneficiados han sido comuneros de un grupo que controla políticamente al núcleo agrario.
El 24 de noviembre de 2009, más de 70 habitantes presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia popular contra la maderera, al considerar que incurre en graves faltas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), y solicitan que se suspenda el convenio de explotación forestal que autorizó la Semarnat. Actualmente, se mantiene suspendida de manera temporal la explotación del bosque de su comunidad, aunque aún no hay una resolución definitiva.