12/12/2024
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha presentado un revelador informe sobre los retrocesos en la protección de los pueblos indígenas y sus territorios.
Mineros ecuatorianos han ingresado a territorio peruano, con maquinaria pesada, generan un foco de conflicto social y de pérdida de control territorial.
El 11 de diciembre se cumplen dos años desde las primeras muertes en el sur andino, resultado de la represión estatal durante las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Las víctimas eran de origen indígena, y estos eventos fueron el preludio de un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Congreso, que resultó en la concentración del poder político en este último.
En el contexto de esta crisis, se presentó el informe «Posicionamiento político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH frente a la situación de los pueblos indígenas u originarios en el Perú». Este documento, que se elabora anualmente, fue enviado a la OIT en agosto y destaca el debilitamiento institucional y la aprobación de políticas públicas que afectan a las comunidades indígenas.
Durante la presentación, Luis Hallazi, representante del Instituto del Bien Común, señaló que el gobierno actual está supeditado a un Congreso autoritario que promueve cambios y reformas constitucionales de facto, afectando la institucionalidad.
Destacó que en el Perú, 55 pueblos indígenas organizados en 3.003 comunidades poseen alrededor del 30% del territorio. Sin embargo, los procesos de saneamiento físico-legal están detenidos por diversas razones, lo que facilita invasiones en sus tierras, especialmente en la Amazonía, debido a la Ley Forestal y la expansión de las economías ilegales.
Ana Leyva, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH, denunció la situación de impunidad respecto a las muertes de 49 personas durante los últimos dos años de conflicto. No solo no se ha hecho justicia, sino que se intenta justificar estas muertes, trasladando la responsabilidad a las víctimas. Esta situación refleja el poco valor que se otorga a las vidas de estas personas en el país.
Leyva criticó la falta de inclusión de las organizaciones indígenas en un evento denominado “cumbre indígena” que fue convocada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso dejando de lado a las organizaciones indígenas nacionales. Lo que constituye una negación a su condición de interlocutores en temas indígenas. Además, expresó la preocupación por el próximo censo nacional, que se está organizando con muy poco tiempo y sin la participación de todas las organizaciones indígenas nacionales. Recordó que el censo es importante porque permitirá saber cuánta población se considera indígena y dónde está. De ello depende las políticas de inclusión y el presupuesto asignado a ellas, así como la determinación de la representación política que les corresponde.
Conflicto por el oro
Respecto a la minería ilegal y el cultivo ilícito de coca, Luis Hallazi señaló que se han incrementado significativamente entre 2018 y 2022, afectando a las comunidades indígenas y áreas protegidas. Se han identificado más de 56 pistas clandestinas de aterrizaje en comunidades nativas. Un caso destacado es el de los Kakataibo, quienes enfrentan minería ilegal, cultivos ilícitos, falta de titulación, invasión, tala forestal y violencia.
Leyva señaló reveló que mineros ilegales de oro han ingresado a territorio peruano en la zona Comainas, cerca a la comunidad de Antigua Canan, Amazonas, utilizando maquinaria pesada, sin que ninguna autoridad los detenga. Lo que significa pérdida de control territorial y de soberanía.
Informe sobre posicionamiento político del GTPPII de la CNNDDHH / Miembros del GTPPII de la CNNDDH
Ángel Damian, representante de la Confederación Nacional Agraria (CNA) señaló la existencia de minería ilegal transfronteriza en el río Puyango, la misma que afecta las aguas del río Tumbes. Asimismo, criticó la Ley APCI impulsada por el Congreso, que busca poner fin al financiamiento internacional para las ONG que trabajan en favor de comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables. Damian afirmó que desde la CNA lucharán contra esta norma y buscarán la derogación de la Ley Anti-Forestal.
Para conocer más sobre esta propuesta y, en general, sobre la situación actual de los pueblos indígenas, no deje de revisar el informe completo de la CNDDHH ingresando al siguiente enlace: https://goo.su/kTEl
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