03 de Octubre de 2011 El proyecto de nuevo Código Minero, elaborado por la administración del presidente Evo Morales, aparte de estatizar todos los recursos, elimina la concesión y la reemplaza por el contrato minero y las licencias.
Un análisis de la Fundación Milenio conocido por LA PATRIA afirma que «a diferencia de las anteriores reformas de la legislación minera, el proyecto presentado por la administración gubernamental actual, no pretende adecuar el ámbito legal a una nueva realidad productiva minera, por el contrario, al postular un fundamento y procedimientos estatales para adquirir, mantener y transferir derechos mineros exactamente opuestos al contenido y filosofía del código de minería de 1997, parece pretender transformar la base económica de una minería moderna privada a otra estatal, a partir de cambios en la legislación».
Dice que el aún proyecto, más que un conjunto de normas y reglas del juego que regulen los derechos de los sujetos mineros, «termina siendo un régimen de uso y aprovechamiento estatal de los recursos mineros».
El cambio fundamental radica en que luego de ratificar que la propiedad de los recursos naturales existentes en el suelo y subsuelo son de «dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano; su administración corresponde al Estado en función del interés colectivo», elimina la institución centenaria de la concesión minera y la reemplaza por el contrato minero y las licencias.
A este efecto clasifica el territorio nacional en tres áreas: Reserva Fiscal, Área Minera de Aprovechamiento Estatal (Amaes) y Área Minera de Aprovechamiento por Particulares (AMAP).
Por tanto, el principio que rige el uso y aprovechamiento de los recursos minerales es que el Estado tiene el derecho de uso y aprovechamiento de los recursos minerales, a través de empresas estatales o mixtas; y otorga derechos de uso y aprovechamiento a particulares a través de contratos y licencias.
De acuerdo al análisis, otros principios y objetivos prioritarios que de forma declarativa se mencionan en el proyecto son:
La protección del medio ambiente.
La prospección y exploración minera.
El carácter estratégico de la industrialización.
El desarrollo tecnológico.
Estos objetivos son indiscutibles; sin embargo, existen dudas de que se puedan alcanzar mediante un control centralizado y rígido por parte del Estado, en una base productiva caracterizada por su heterogeneidad estructural, tamaño y capacidad de gestión y considerando las enormes deficiencias y falencias que el Estado muestra en cuanto al conocimiento del inventario de los recursos mineros, la escasez de capital humano, ausencia de infraestructura de información, medios técnicos y limitaciones a nivel del gasto público necesarios para el seguimiento y supervisión de los contratos, añade.