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El gobierno provincial avanza en un proyecto de ley para frenar la exploración en la zona cordillerana RIO GALLEGOS
(Para LA NACION).-
La provincia de Santa Cruz avanza en la elaboración de un proyecto de ley, que sería presentado el mes próximo en la Cámara de Diputados provincial, tendiente a hacer caducar los permisos mineros otorgados sobre la zona cordillerana.
Actualmente hay otorgados diversos permisos de cateo a empresas mineras sobre la zona cordillerana, como Lago del Desierto u otros cercanos a la ruta 40.
"Los vamos a caducar. Vamos a hablar con ellos para que se retiren porque hay otros lugares para explorar", dijo Peralta.
Si bien aclaró que la intención del proyecto no era "ahuyentar las inversiones", porque en la provincia hay "lugar para que todos crezcan y hagan negocios en forma sustentable", aseguró: "No podemos rifar lo que es el futuro de nuestras generaciones y de nuestros recursos naturales. Hasta ahí llega nuestra permisibilidad".
La decisión de Peralta viene atada a un proyecto más ambicioso, que tiene que ver con incentivar el enclave de nuevos núcleos poblacionales a lo largo de la ruta 40, desde Río Turbio, al sur de la provincia, hasta Los Antiguos, ubicada al Norte.
Precisamente para favorecer el desarrollo turístico y agrícola de la zona se declararía su intangibilidad, y de esa forma se vetarían los permisos de cateo minero vigentes.
Peralta confía en que las empresas mineras aceptarán la propuesta de la provincia y renunciarán a sus intereses sobre la Cordillera. Algo en lo que insistirá, dijo, aunque le lleve toda su gestión.
La decisión calmaría, además, el reclamo del movimiento de vecinos autoconvocados de Perito Moreno y Los Antiguos, que se sienten amenazados por los cateos y exploraciones mineras.
A 50 kilómetros de Los Antiguos se encuentra el Monte Forestal Zeballos, un lugar con importantes atractivos naturales y culturales. Justamente allí, en las nacientes del río Jeinimeni, la estatal Fomicruz habría realizado cateos y exploraciones detectando oro, plomo, plata y zinc, según la información publicada en su página web. A ello se suma que unos kilómetros hacia el Sur la empresa canadiense Tenke viene realizando cateos y exploraciones en Cerro Cuadrado y El Bagual, y ya encontró plata, plomo y zinc, lo que induce a seguir explorando en la zona. Algo a lo que los vecinos se niegan rotundamente.
Antecedentes
El caso sería similar al ocurrido en la década del 90, cuando por presión de la población de El Calafate la provincia vetó el permiso de exploración petrolera que la Nación le había otorgado a Perez Companc sobre el lago Argentino. Durante una visita a El Calafate, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, se expresó en contra de la actividad minera en la región.
Indicó que ese negocio "no puede afectar el gran recurso turístico que tiene esta zona", concordando así con lo expresado por Peralta al argumentar su decisión de caducar los permisos de cateo minero.
"Estamos con un nivel de alerta máxima para evitar un deterioro irreversible en el ambiente. Hay que analizar caso por caso", sostuvo Picolotti en declaraciones a la prensa sobre la actividad minera a lo largo de la cordillera de los Andes.
La actividad se encuentra en la mira de los ambientalistas por el impacto que produce en las zonas de extracción y en las áreas aledañas. Las empresas del sector niegan las acusaciones y afirman que trabajan bajo un riguroso esquema de control ambiental.
De concretarse, la iniciativa del gobierno de Santa Cruz implicaría otro golpe al sector, al cual el Gobierno le impuso el año pasado un cambio unilateral en el esquema de retenciones que pagan sus exportaciones.
Según sostienen las empresas, esa modificación viola la llamada ley de inversiones mineras, que congela la carga impositiva que recae sobre una explotación por tres décadas.
Esa ley, aprobada durante los 90, despierta cierta controversia porque les otorga a las empresas del sector, según sus detractores, la posibilidad de lograr ganancias extraordinarias.
Sus defensores sostienen que sin ese esquema no habría inversiones y el mineral nunca sería extraído.
La actividad produjo minerales en 2007 por un valor cercano a los US$ 3500 millones, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
Empresarios del sector buscaron negociar una alternativa con el Gobierno para eludir el aumento en las retenciones. Pero las tratativas, que tuvieron como protagonista central al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fueron infructuosas.
Las negociaciones, por el momento, están congeladas.