Edwin Tapia
El proceso se desarrolló al aire libre, en el Centro Parroquial de Victoria del Portete. Acudieron a sufragar 1.037 personas…
A criterio de Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, la consulta comunitaria, celebrada ayer en Victoria del Portete, fue un ejercicio en defensa de los derechos colectivos. El proceso arrojó un triunfo contundente del No, con 958 votos, contra 47 del Sí, 18 blancos y 14 nulos.
Tenesaca, quien fue invitado al evento, criticó a quienes calificaron al proceso de ilegal y a los votantes de manipulados, como si los indígenas no tuvieran la capacidad de defender su autodeterminación, reconocida en la Constitución y por organismos internacionales.
“Ejercemos los derechos colectivos: el derecho a la naturaleza, al gua, al medio ambiente, esto es legítimo, nadie nos lo puede negar. Nos tienen que oír, nos tienen que ver, esas son nuestras necesidades, es un pronunciamiento democrático comunitario, vivimos en un país con realidades diferentes”, argumentó.
En esa misma línea, Carlos Pérez Guartambel, coordinador de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay, FOA, desestimó las opiniones sobre la ilegitimidad del proceso.
Subrayó que el evento se amparó en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la declaración de las Naciones Unidas de los pueblos indígenas, en lo que dice la Constitución del Ecuador sobre el Estado Plurinacional. “Es una reivindicación milenaria: el derecho a la autodeterminación de los pueblos a decidir, en lo económico, social, ambiental, espiritual, cultural…”, precisó.
Respecto a la resolución del Concejo Cantonal de Cuenca que pide, entre otras cosas, reconocer las competencias del Municipio sobre el uso de suelos y suspender los procesos mineros, hasta determinar si los proyectos mineros afectarían el aprovisionamiento de agua, Pérez comentó que toda acción en beneficio del agua y la vida es bienvenida. Añadió que los ocho años de resistencia de Tarqui y Victoria del Portete han ganado terreno.
Gerónimo Yantalema, de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional teme que la minería afecte la soberanía alimentaria de la zona.
El proceso contó con la presencia de observadores nacionales e internacionales, entre ellos Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU; Telmo Jaramillo, de la Defensoría del Pueblo; Lourdes Tibán, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional; César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL; de Katu Thea Riofranco, de la Universidad de Pensilvania.
Ilégitima
Para el alcalde de Cuenca, Paúl Granda, debe entenderse bien la resolución del Concejo Cantonal, que de ninguna manera es contrario a la política minera y ambiental del Gobiermo Central. Lo que busca, más bien, es definir las competencias de los distintos gobiernos, desde el nacional hasta los seccionales, y construir una política en torno a estas necesidades.
Puntualiza que el pronunciamiento del Concejo Cantonal no es un espaldarazo ni trampolín político para nadie, sino de una decisión seria, comprometida con los intereses de la ciudadanía en busca de una posición firme, basada en elementos técnicos.
Agregó que la información sobre los estudios de impacto ambiental será valorada, solo mediante ella se determinará si hay una amenaza a las fuentes de agua y a la naturaleza. Dijo que la labor que el Gobierno local mantiene con los ministros de Recursos Naturales No Renovables y de Ambiente es horizontal y se mantendrá de esa manera, sin incluir a la Prefectura, pues las áreas concesionadas son de jurisdicción municipal. Además, el Prefecto ya se ha pronunciado.
Desconoció la legalidad de la consulta escenificada en Victoria del Portete, no porque la haya impulsado una organización comunitaria, sino porque la Constitución, a tiempo de reconocer un Estado Plurinacional, dice que este debe enmarcarse en las directrices de los reglamentos e instituciones pertinentes, en este caso el Consejo Nacional Electoral, CNE. Como se la hizo, manifestó Granda, la consulta no es vinculante, y más que solución, será un obstáculo. A estas declaraciones se unieron las de la vicealcaldesa, Ruth Caldas, quien enfatizó que los ediles de PAIS no concuerdan con varios puntos de la resolución, sin embargo, como corresponde en democracia, la decisión de la mayoría se respeta.
La pregunta del proceso
Ante la opinión de que la pregunta de la consulta comunitaria inducía a responder No, vertida por Edmundo Villavicencio, viceministro de la Coordinación Política, César Padilla, expresó que nadie podría negar que el proyecto minero Quimsacocha se asienta en el área de influencia de las fuentes de agua.
“Trabajo en minería desde 1995, el área de influencia de un proyecto minero son decenas de kilómetros, a veces cientos de kilómetros”, razonó.
En cuanto a la pregunta, esta decía: ¿Está usted de acuerdo que se dé explotación minera en los páramos y fuentes de agua de Quimsakocha?. Del total de 1.500 sufragantes, acudieron 1.037; los organizadores explicaron que el ausentismo del caso (casi 500 personas), obedece a que la gran mayoría de faltantes viven en el exterior en calidad de migrantes.
Para conseguir el triunfo, una de las opciones debe obtener mayoría simple, del total de los votos válidos. Martha Arévalo, presidenta del Tribunal Electoral Comunitario, informó que se sacarán copias notarizadas de los resultados y estos se entregarán a las autoridades del Azuay. (JRT)
Cuenca.