José Elosegui
Uruguay ha sido históricamente un país agrícola y ganadero. Sin embargo, la llegada de megaemprendimientos mineros está desnudando intencionalidades y debilidades del gobierno en el camino sinuoso de una nueva apuesta productiva, que se ha visto ratificada con la reforma al Código de Minería aprobada en Diputados el 14 de setiembre.
Sólo en el 2011 el gobierno uruguayo ha otorgado permisos para prospección y exploración minera en un total de 1 millón de hectáreas, cifra varias veces superior al promedio anual otorgado en la última década. La apuesta del gobernante Frente Amplio por diversificar la matriz productiva nacional, avanzar en la industrialización y fomentar la inversión extranjera directa también en el sector minero parece clara.
Según la Dirección Nacional de Minería y Geología, Uruguay tiene concedidos permisos de prospección y/o exploración en diversos departamentos del país para minerales como: oro, plata, hierro, cobre, zinc, níquel, platino, manganeso, paladio, riolita, diamantes, estaño, titanio, rutilos, ilmenitas, molibdeno, magnesio, cadmio, antimonio, vanadio, litio, kimberlitas, zirconio y plomo.
En tanto, son numerosos los minerales que son explotados y se destacan los que son de utilidad para la industria cementera. No obstante, hay que subrayar también las concesiones de explotación otorgadas a proyectos de oro, plata, cobre, zinc e hierro, y en este marco, la explotación misma del oro. Se trata del mineral con mayor peso en las exportaciones del país, según información del portal gubernamental Uruguay XXI.
El presidente José Mujica, en su discurso de balance del primer año de gobierno, pronunciado el 1 de marzo ante el Poder Legislativo, destacó que las inversiones extranjeras, particularmente en el sector minero, “habrán de reactivar a su vez otros sectores productivos generando empleo directo e indirecto”.
Pero fue el proyecto de extracción de hierro a cielo abierto de la empresa Aratirí, perteneciente a la transnacional india Zamin Ferrous, con una inversión de alrededor de US$ 2 millardos y la amenaza de cráteres gigantescos en el centro del país, el que alborotó el avispero político, económico y social.
Enfrentamientos por proyecto
El proyecto de Aratirí generó resistencias y respaldos en la zona de instalación de la empresa, fuertes enfrentamientos políticos entre oficialismo y oposición y hasta el surgimiento del Movimiento por un Uruguay Sustentable.
La ambientalista María Selva Ortiz, de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, dijo a Noticias Aliadas que la minería a gran escala “amenaza las tradicionales bases agropecuarias de la producción nacional. En la mayoría de los países de la región la gran minería se da en porciones de suelos poco fértiles, o desérticos, pero Uruguay sería uno de los primeros casos en tierras fértiles”.
En junio pasado varios técnicos de Aratirí habían reconocido que el ganado debía estar, por seguridad, a más de 3,000 o 4,000 m del área de operaciones de la empresa.
Ortiz consideró que “la megaminería es social y ambientalmente insustentable, además de incompatible con el derecho ambiental uruguayo”.
A comienzos de agosto Aratirí anunció que su proyecto en Uruguay dejaba de ser la principal prioridad, y el gobierno reaccionó preocupado. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, exhortó a “no vociferar contra las inversiones”, mientras que el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, aseguró al semanario Voces que “el hierro nos dará la revolución productiva”.
El revuelo político que causó la decisión de la empresa derivó en la convocatoria del Ejecutivo uruguayo a una comisión multipartidaria, conformada por integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y el gobierno, para definir la estrategia minera del país. La comisión se reunió por primera vez el 12 de agosto y se fijó un plazo de 60 días para llegar a un pronunciamiento.
Paralelamente y presionado por el proyecto Aratirí, el Parlamento nacional se dedicó ya desde el año pasado al debate de una propuesta oficial de reforma del Código de Minería de 1982. La iniciativa, aprobada finalmente el 14 de septiembre en Diputados y que ahora debe ser promulgada, incluye varios puntos que, según el gobierno, buscan desarrollar la industria minera, que esa actividad deje mayores riquezas al país y que se integre armónicamente al sistema productivo nacional. No obstante, el punto más importante de la reforma, y a la vez conflictivo, es el aumento del canon que las empresas deben pagar al Estado. Hasta ahora las empresas pagaban como canon el 5% del valor del mineral al momento de extraerlo del suelo. Con la modificación aprobada pagan el 5% del valor de exportación del producto, que es bastante más alto que el valor anterior.
El ministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman, confirmó que las modificaciones apuntan a facilitar la llegada y el trabajo de empresas que arriesgan en la etapa de prospección y exploración.
Resistencia a la minería
Organizaciones uruguayas agrupadas en el Movimiento por un Uruguay Sustentable —que surgió para resistir la instalación de Aratirí en el país y nuclea a productores agropecuarios, sindicatos, investigadores, académicos, asociaciones de vecinos, entre otros actores— advierten que el nuevo Código de Minería concretará la apertura uruguaya a la minería de gran escala. Reconocen, no obstante, que la reforma también incluye criterios de protección del medio ambiente y el aumento del canon a pagar al país por parte de las empresas mineras.
Aunque un sector del movimiento sindical, como la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), considera que Uruguay debe apuntar al desarrollo de la minería, advierte que ésta debe garantizar rigurosidad en el cuidado del medio ambiente, mayor apropiación del Estado de los recursos extraídos, un proceso de industrialización para no sólo exportar esos recursos y la mejora de las condiciones laborales, tal como lo señaló Marcelo Abdala, secretario general de la UNTMRA, al periódico La Diaria.
En tanto, Mónica Castro, dirigenta de la Federación de Funcionarios de la empresa estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), manifestó a Noticias Aliadas que “no es posible plantearse el desarrollo de la megaminería como algo bueno para el pueblo”. Argumentó que “lo único que este desarrollo garantiza es la rentabilidad del capital” y que “no hay impuestos a las ganancias de quienes se llevan nuestros recursos naturales”.
Castro advirtió que Uruguay tiene firmados numerosos tratados de protección de inversiones con otros países, que podrían ser usados por las grandes mineras contra el Estado. Finalmente, la sindicalista lamentó que “no se tienen en cuenta los derechos de las próximas generaciones, que ya no tendrán lo que hoy se lleva el capital y sí sufrirán las consecuencias ecológicas de sus prácticas depredadoras”. —Noticias Aliadas.