21 de septiembre de 2011
El nombramiento de los nuevos ministros de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santa María; y de Ambiente, Frank Pearl, resulta una buena oportunidad para que el Gobierno ponga a caminar la locomotora de la minería, protegiendo el ecosistema. Los vacíos en la legislación minera y la fragilidad en las políticas ambientales atentan contra la simetría que debe tener desarrollo y naturaleza.
Los nombramientos de los nuevos ministros de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santa María; y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, resultan una buena oportunidad para que la locomotora de la minería por fin despegue, pero sin poner en riesgo el ecosistema, como sucede en la actualidad.
A la deficiente política minera que existe en Colombia hay que sumarle la frágil legislación ambiental y, sin duda, de las buenas sinergias que se puedan establecer entre ambos Ministerios dependerá que el país logre poner a caminar derecho, sin atajos y con reglas de juego claras, el tren de la prosperidad.
Los antecedentes de lo que ha sido el manejo minero y ambiental no son buenos. La explotación ilegal de minas no sólo ha dejado cientos de víctimas por todo el país, sino que ahora sirve como fuente de financiación de grupos armados ilegales. No es menos dramático el daño ecológico que la actividad ha ocasionado en zonas naturales y la contaminación del agua que el uso de materiales tóxicos ha provocado por falta de controles.
No dudamos de las capacidades profesionales de los nuevos ministros, pero la realidad minero ambiental es mucho más compleja de lo que se piensa. Tenemos un Código Minero en entredicho, pues la Corte lo declaró inexequible, en mayo, por vicios de trámite, pese a que le dio al Gobierno un plazo de dos años para volverlo a tramitar en el Congreso; y las funciones del Ministerio de Ambiente se quedan cortas para enfrentar los desafíos del cambio climático.
Sumado a esto, la situación de orden público en varias regiones donde hay explotación de hidrocarburos le agrega más incertidumbre al panorama para la inversión, no sólo la extranjera. El ministro Cárdenas Santa María tiene, de entrada, el primer problema para resolver, pues los duros enfrentamientos en Campo Rubiales, en Meta, aunque son más de tipo laboral, amenazan la estabilidad de la compañía y, por ende, su permanencia en la región.
Antioquia, cada vez más ausente dentro del gabinete ministerial no obstante su gran aporte al desarrollo del país, vive una difícil situación de seguridad, dada la presencia de la guerrilla y las bandas criminales, cada vez más metidas en actividades ilegales de explotación minera y cultivos de hoja de coca. El daño ambiental es incalculable y está asociado a los graves problemas de inundaciones, deslizamientos y destrozos a la infraestructura vial del Departamento. Ojalá los nuevos Ministros de Minas y de Ambiente puedan articular sus programas con las políticas de seguridad que está emprendiendo el recién posesionado titular de la Defensa, Juan Carlos Pinzón.
La llegada al Gobierno de esta nueva generación de tecnócratas despierta muchas expectativas, pero se necesitarán más que nombres e impecables hojas de vida, reglas de juego claras y leyes más acordes con la nueva realidad del país.
La simetría entre la explotación minera y el desarrollo sostenible es tan importante como la seguridad jurídica que los inversionistas reclaman para poder inyectarles gasolina a las locomotoras. Sobre todo ahora que con el nuevo régimen de regalías, el país sueña con avanzar hacia la prosperidad democrática.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_reto_minero_ambiental/el_reto_minero_ambiental.asp?CodSeccion=219