20 de Septiembre de 2011
El oro que se extraiga en Venezuela será a partir de hoy de venta y entrega obligatoria al Estado, con la entrada en vigor del decreto de nacionalización que reserva al país las actividades primarias y conexas de este negocio.
Según el decreto, publicado en la Gaceta Oficial que circula hoy, «todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional será de obligatoria venta y entrega» al país.
«La República o los entes públicos designados al efecto ejercerán el monopolio de la comercialización del oro, en los términos que establezcan las políticas que dicte el Ejecutivo Nacional al respecto», añade el decreto, con fecha 23 de agosto, y aparecido en la Gaceta, fechada el 16 de septiembre.
El pasado 17 de agosto el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la nacionalización de los yacimientos de oro del país y la utilización del mineral para su conversión en reservas internacionales.
«Vamos a nacionalizar el oro y vamos a convertirlo, entre otras cosas, en reservas internacionales», aseguró Chávez entonces, e indicó que la normativa está enmarcada en la Ley Habilitante, que le otorga poderes para gobernar por decreto sin control del Parlamento.
El decreto, con «rango, valor y fuerza de ley», reserva al Estado «por razones de conveniencia» y «carácter estratégico» las actividades de exploración y explotación de minas y yacimientos de oro, así como el almacenamiento, tenencia, transporte, circulación y «comercialización interna y externa del oro».
Asimismo, prevé un proceso de migración «de las concesiones, autorizaciones para el ejercicio de la pequeña minería y contratos para la exploración y explotación del oro a un esquema de empresa mixta».
De igual forma establece una regalía de 13 % «de las cantidades de oro extraídas de cualquier mina o yacimiento», la cual podrá ser rebajada «hasta un límite del 3 % a las empresas mixtas vinculadas a proyectos mineros de interés social».
Por otra parte, dispone que las Fuerza Armada se encargarán de mantener la seguridad y el orden en las áreas dedicadas a la exploración y explotación del oro, a combatir los delitos contra el medio ambiente y participar en la atención a las comunidades indígenas asentadas en las zonas mineras, entre otros cometidos.
En mayo pasado, Chávez afirmó que la producción nacional de oro bordea en la actualidad las 11 toneladas anuales y que una cifra similar sale de contrabando hacia otros países.
El ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, señaló el año pasado que el Gobierno espera elevar la producción anual del metal a 15 toneladas a partir de 2012.
La reindustrialización del sector incluye una labor de represión de la minería ilegal, lo que ha derivado en deportaciones de mineros procedentes de Brasil, Colombia y Guyana, principalmente, que, según Chávez, forman parte de «mafias nacionales y trasnacionales.