15 de Septiembre de 2011 10:08Para el caso de las concesiones de la empresa International Mineral Corporation (IMC) con su megaproyecto de oro Río Blanco, las mismas debieron ser extinguidas por no haber realizado procesos de Consulta Previa como lo establece el Art. 1 del Mandato Minero emitido por la Asamblea Nacional Constituyente,,, ,
estar dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y del bosque protector Molleturo-Mollepongu, y ser una zona de donde nacen varios ríos y por el Art. 4 que establece la extinción para las concesiones de empresas que tengan un número mayor a 3.
Ayer, en la sede del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, se cumplió la rueda de prensa convocada para dar a conocer a la opinión pública sobre la petición que están dirigiendo varias organizaciones a la Dirección Nacional de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en la que se fundamenta el desacato cometido por la Ministerio de Minas y Petróleos al no haber aplicado el Mandato Minero emitido por la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes en el 2008; en el caso específico de las concesiones de la empresa International Mineral Corporation (IMC) con su megaproyecto de oro Río Blanco, las mismas que debieron ser extinguidas por no haber realizado procesos de Consulta Previa como lo establece el Art. 1 del referido Mandato, estar dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y del bosque protector Molleturo-Mollepongu, y además ser una zona de donde nacen varios ríos (Art. 3), y por el Art. 4 que establece la extinción para las concesiones de empresas que tengan un número mayor a 3. A pesar de la claridad de lo estipulado en el Mandato Minero y de ser de obligatorio cumplimiento, las 4 concesiones de la IMC (San Luis A2, Canoas 1, Migüir y Canoas) están vigentes.
«Alguna institución en el país debe hacer algo frente a este desacato. Son fundamentales derechos que se están violando y otros se están poniendo en riesgo al pretender desarrollar este megaproyecto de oro en el área de Amortiguamiento de un humedal de importancia mundial como es El Cajas, reconocido por la convención RAMSAR, y además de donde nacen varios ríos como el Migüir, Chorro, Canoas, Chacayacu y Río Blanco, que forman las subcuencas de los ríos Cañar, Naranjal y Balao, las cuales abastecen de agua para el consumo humano y las labores agrícolas a extensas zonas de la parte costanera de la provincia de Azuay y comunidades de Guayas y El Oro», dijo la socióloga Lina Solano quien intervino en representación de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS. «Queremos dejar claro que el gobierno nunca ha querido afectar a las grandes transnacionales, por el contrario las ha favorecido al no aplicar el Mandato Minero, ha protegido los intereses de las corporaciones en lugar de los derechos de las comunidades y de la Naturaleza como hipócritamente dice que está haciendo», añadió.
«Las comunidades en Molleturo siempre han estado diciendo que no. Ahora que hemos estado recorriendo para invitar para la Asamblea Popular Ambiental que se llevará a cabo el domingo, hemos constatado que la gente ni siquiera está informada sobre el proyecto que dice el gobierno que ya se ha socializado y que va a firmar el contrato. Hay un sentimiento general en contra de la explotación de oro en este sector porque la gente sabe que eso afectará su vida y podrá en riesgo las actuales fuentes de subsistencia que tienen.» Manifestó por su parte Manuel Pacheco miembro del Directorio de la Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo – CPM.
En la rueda de prensa también se dio a conocer un informe de la empresa Municipal ETAPA del año 2007, en la que se hacen serios cuestionamientos al proyecto Río Blanco, en especial por la afectación a la superficie del Parque Nacional Cajas y a las cuencas y subcuencas que tienen su origen en esa zona. En la documentación presentada consta que este informe fue enviado por ETAPA, entre otros, a la subsidiaria de IMC, San Luis Minerales, cuyo representante legal era en ese entonces, nada más y nada menos que el Ingeniero Federico Auquilla Terán, actual Viceministro de Minas. Al respecto dijo Lina Solano: «Hemos escuchado al Viceministro por los medios de comunicación diciendo que va emprender acciones legales en contra de quienes estamos «atentando contra su honra», sólo porque decimos algo que es verdad, el fue gerente de la IMC, y ¿no es acaso una extraña coincidencia que a pesar de todas las ilegalidad e irregularidades que se han venido denunciando de esta empresa, sea justamente la que encabeza las negociaciones para la firma de los contratos que anuncia el gobierno para octubre? Entonces causa risa escucharle a Auquilla diciendo que va a «enjuiciar». Además no entendemos por qué no dice abiertamente que fue gerente de la IMC, máximo le hemos escuchado que ha sido «consultor» de algunas empresas mineras, pero no dice que fue el representante legal (gerente) de San Luis Minerales, subsidiaria de IMC, y este documento del 2007 que está dirigido a él, así lo demuestra».
Finalmente Manuel Pacheco hizo una invitación a los medios y a la ciudadanía en general a llegar a Molleturo este domingo (18 de septiembre) para participar en la Asamblea Popular Ambiental, en donde los representantes de las comunidades y organizaciones de esta parroquia azuaya tomarán su decisión a cerca del proyecto Río Blanco y de las acciones a seguir en los próximos días.