CON OCASIÓN DEL INTERNOR Y EL ACUERDO NACIONAL EN CAJAMARCA,
ENERO 2008
Las instituciones y organizaciones firmantes, saludamos la realización del INTERNOR y la presencia de ocho presidentes regionales en Cajamarca.
Sea su estadía grata y sirva para que se logren acuerdos políticos que promuevan el desarrollo con equidad social y sostenibilidad ambiental para lo cual es indispensable una participación activa de la sociedad civil y el concurso de la inversión pública y privada.
Sin embargo, en nuestra condición de organizaciones de sociedad civil comprometidas por el desarrollo con justicia social y la paz en nuestro país y región hacemos un conjunto de preguntas que esperamos sean tenidas en cuenta en el discernimiento y toma de decisiones políticas en el INTERNOR, de manera que no se hipoteque el desarrollo macrorregional a una actividad económica importante pero altamente destructiva de nuestros ecosistemas como es la minería. Sin duda, esta actividad tiene importancia para nuestra región pero no puede colocársela políticamente por sobre las demás actividades económicas que son verdaderamente sostenibles y que en nuestras regiones tienen gran potencial económico como la agro exportación, la ganadería (La Libertad y Cajamarca son la 2da. Y 3ra. Región ganadera más importantes del país), turística (el turismo extranjero es especialmente sensible a la calidad ambiental y al clima de estabilidad social), forestal, pesquera y artesanal.
En virtud de ello, nos permitimos preguntar:
A inicios del año pasado la Mesa de Concertación Regional de Lucha contra la Pobreza de Cajamarca acudió a la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional para solicitar su apoyo en la construcción de un acuerdo regional que promoviera el desarrollo sostenible de la región. ¿Qué explica que la Secretaría Técnica del AN haya terminado priorizando la promoción de un acuerdo en torno a la minería, una actividad económica que por definición no es sostenible? ¿Están las empresas mineras conduciendo el proceso de realización del acuerdo inter regional?
Las regiones del norte del país tienen un enorme potencial agrícola, ganadero, forestal, turístico y algunas de ellas también minero. ¿Por qué entonces no promover un acuerdo que tenga como eje principal el desarrollo de las actividades económicas sostenibles en vez de una actividad económica y socialmente insostenible y de alta conflictividad social?
¿Se tomará como punto central de los acuerdos la importancia que tiene el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y otros mecanismos de participación y consulta ciudadana donde se pretende imponer las actividades mineras? En el discurso político y el Acuerdo de Gobernabilidad Regional de Cajamarca (2006) suscrito por el actual presidente regional de Cajamarca se suscribió el compromiso de priorizar la agricultura, la ganadería en la región, así como la protección de los recursos hídricos de la región ¿Por qué ahora el GR de Cajamarca acepta priorizar, en un nuevo acuerdo, la actividad minera? Los principales conflictos sociales de la región están relacionados con la expansión de las actividades mineras:
El crecimiento de las concesiones mineras es caótico, se concesiona incluso zonas agrícolas altamente productivas, zonas arqueológicas, zonas de reserva protegida y generadoras de recursos hídricos sin que se tenga para nada en cuenta a los gobiernos regionales y locales y a las comunidades locales.
¿Preverá el Acuerdo Nacional una declaración de exigencia al gobierno nacional para que se deroguen las normas dadas el año pasado que limitan las competencias de los gobiernos regionales y nacionales en la declaratoria de zonas de protección ecológica y los plazos para aprobación de los EIAs? Se acordará que las concesiones mineras y los nuevos permisos de operaciones mineras en nuestras regiones se suspendan hasta que no se concluyan los procesos de zonificación ecológica y económica (ZEE) y los planes de ordenamiento territorial (OT) así como el catastro de recursos hídricos y los planes de protección y gestión de recursos hídricos?
Habrá un acuerdo político que limite la expansión de actividades mineras en las cabeceras de cuencas que proporcionan toda el agua que reciben los departamentos norteños de la costa (Lambayeque, La Libertad), igualmente sobre territorios aptos para la agricultura, la forestación, zonas urbanas y arqueológica?
¿Definirán acuerdos políticos claros que permitan la erradicación de actividades mineras ilegales en nuestras regiones (Algamarca, El Toro, Tambogrande) y en plazos claramente establecidos?
¿Definirán mecanismos institucionales transparentes y participativos para la fiscalización ambiental y las sanción de la contaminación generada por las actividades de la gran minería que a la fecha solo están bajo competencia del Ministerio de Energía y Minas?
¿Cómo este acuerdo será legítimo sin la presencia de actores importantes que están siendo directamente afectados por las actividades mineras de gran escala y la minería ilegal, tales como: las juntas de usuarios de riego, los comités de productores, las rondas campesinas, los alcaldes provinciales y distritales que se han pronunciado en oposición a la realización de actividades mineras en varias de nuestras regiones?
¿Qué importancia tendrá en el acuerdo nacional los desafíos planteados por el cambio climático global y sus impactos en una región especialmente sensible al fenómeno del Niño, cuando aún no tenemos en el país y la región un estudio de riesgo del cambio climático y la próxima situación de stress hídrico (2015) en que ingresará nuestro país?
En nuestras regiones que serán conectadas vialmente con el plan IRSA transamazónico norte
¿Qué acuerdos políticos garantizarán que esa carretera no significará una pérdida de soberanía y de sumisión de nuestra economía regional al dominio brasilero, en un contexto en que transnacionales mineras como Vale Do Rio Doce tienen ya miles de hectáreas bajo concesiones mineras en Piura, Cajamarca y Lambayeque?
¿Cuál es la definición política de nuestros presidentes regionales en torno el anuncio gubernamental de creación de un Ministerio del Medioambiente? ¿No sería mejor la creación de una Autoridad Ambiental Autónoma y descentralizada libre de las injerencias políticas del Ejecutivo y la influencia de los poderosos intereses económicos?
¿Aceptarán la creación de una nueva institucionalidad que no tiene competencias en minería, gas y petróleo como se pretende hacer?
¿Saben nuestros presidentes regionales que aunque se promueva de manera intensiva la minería en las regiones con la esperanza de obtener canon minero, éste no llegará a las regiones sino solo después de varios años que las empresas mineras hayan rentabilizado y generado impactos ambientales y sociales negativos?
La leyes que promueven la minería fueron dadas en el corrupto gobierno de Fujimori bajo el influjo y a la medida de las empresas mineras por lo que las empresas solo pagarán impuesto a la renta una vez que hayan acabado de invertir pues gozan de depreciación acelerada de activos que las favorece.
Promover minería sin revisión de contratos como prometió el presidente de la república cuando aún era candidato; sin pago de regalías (como ocurre con Yanacocha y ocurrirá con Gold Fields y eventualmente Majaz); sin pago de impuestos a las sobreganancias
¿Puede realmente contribuir al alivio de la pobreza de nuestras regiones o las condena a la contaminación y la pobreza? ¿Seguirán nuestros gobiernos regionales aceptando que en vez de pago de tributos justos, sean las empresas mineras las que definan cuánto donan y en qué gastan los fondos de su donación como está ocurriendo actualmente con el mal llamado “fondo de soldiaridad” que en realidad debiera ser un fondo de compensación?
¿Definirán nuestros presidentes regionales un acuerdo que impida que las empresas mineras sigan haciendo uso privado de la Policía Nacional del Perú (cuando ésta ni siquiera puede garantizar seguridad ciudadana) y de empresas privadas de seguridad que actúan como paramilitares: intimidando, deteniendo, reprimiendo y espiando a defensores ambientales como ocurre actualmente en Piura, Cajamarca y Ancash?
Finalmente,
¿habrá un acuerdo político que ponga alto a la impunidad con que las autoridades policiales y judiciales vienen permitiendo que la violencia se incremente en la región cuando no se oyen los reclamos de las comunidades afectadas por las actividades mineras y en cambio se aplican draconianamente las leyes para criminalizar las protestas ciudadanas?
Decenas de campesinos están siendo enjuiciados por el delito de haber defendido su agua y su territorio en Cajamarca, Ancash y Piura.
Algunos campesinos también han sido asesinados en relación a la expansión de las actividades mineras y existe un clima de creciente violencia, fruto del abuso, que es preciso conjurar inmediatamente por la vía de acuerdos que garanticen la paz social. La vida de las personas, y no solo las inversiones, necesarias para el desarrollo, están siendo puestas en peligro por malas prácticas empresariales como las de Yanacocha y Vale Do Rio Doce en Cajamarca y Majaz en Piura.
Firman:
Coordinación de la Mesa de Concertación Regional de Lucha contra la Pobreza de Cajamarca.
Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca
Vicaría Diocesana de la Vida y el Medioambiente de Cajamarca
Asociación Civil para la Defensa Ambiental de Cajamarca ECOVIDA
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES
Frente Unico de la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente de Cajamarca
Rondas Campesinas Urbanas de Cajamarca
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
Parroquia Universitaria “Santo Tomás de Aquino”
Parroquia “San Lucas” de Otuzco
Parroquia de San Marcos
Parroquia de Ichocán
Parroquia “Cristo Ramos” de Porcón
Equipos Docentes de Cajamarca – EDOC-EDOP