CONTRADICCIÓN ENTRE COMUNIDADES Y GOBIERNO AUMENTA
RAPHAEL HOETMER*
LIMA
Entre el 10 y el 15 de diciembre, unos centeneros de campesinos caminaron más que 200 kilómetros, entre Ayabaca y Piura, en el norte del Perú. Con esta marcha de sacrificio, las comunidades campesinas de la zona exigieron respeto del gobierno central al resultado de la consulta vecinal del 16 de septiembre último, en lo cual rechazaron el desarrollo de la actividad minera en sus territorios.
La marcha culminó en Piura en el segundo Encuentro de Comunidades y Organizaciones Sociales del Norte del Perú, y una marcha multitudinaria por las calles del capital departamental en contra de la minería. En el desierto entre Tambogrande y Sullana la campesina joven Juana, nos dice: “No estoy cansado. Estoy alegre de caminar, ya que es parte de nuestra lucha. Nos hace más fuerte. No queremos la minería. Queremos el agua y la vida. No podemos estar cansados”. Los quinientos comuneros y comuneras se han puestos sus sombreros contra el sol que quema sin compasión en sus cabezas, y llevan sus características chicotes en los manos. Han venido desde las 21 comunidades campesinas de Ayabaca, y duerman en el camino en llamados tambos, que incluyen el coliseo de Paimas, el Teatro Municipal en Tambogrande, el local de la Junta de Regantes de Yuscay – Las Lomas, y en campo abierto de Valle Hermosos y Cieneguillo Chico en el pasto, al lado de la Panamericana, antes de Piura.
Magdiel Carrión, el presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca (FEPROCCA) plantea que los campesinos están en la calle por la actitud del gobierno central: “Nosotros hemos sido muy claros. No queremos la minería en nuestras comunidades, ya que contamina el agua, crea conflictos y no trae desarrollo sostenible para nosotros.
Las comunidades tenemos nuestro modelo de desarrollo, basado en la agricultura, el ecoturismo y nuestra organización social. Tenemos los mismos derechos de los Limeños y de todos los Peruanos.
Queremos respeto a nuestra decisión como comunidades. Así es en una democracia, y además, tanto la ley Peruana, como las leyes internacionales, nos dan el derecho de decidir sobre nuestro futuro”. La protesta de los comuneros se dirige al proyecto minero Rio Blanco, que pretende realizar la segunda mina de cobre mas grande del Perú, dentro de los territorios de las comunidades campesinas Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba).
La empresa Inglesa/China Majaz ya realiza actividades exploratorias desde 2003, en la esperanza de inaugurar un distrito minero más amplio, para la explotación de las abundantes reservas de metales y minerales en la zona. Sin embargo, la presencia de Majaz es ilegal, ya que nunca ha conseguido adecuadamente el permiso de las comunidades, como exige la legislación Peruana.
Piura Resistencias y “Diálogos”
Las actividades de Majaz han encontrado resistencia de las comunidades desde su inicio. Juntos con organizaciones de derechos humanos, activistas medioambientalistas, científicos y partes de la iglesia católica, se oponen a la actividad minera en la zona por sus probables consecuencias de deforestación, contaminación del agua y de las chacras de los campesinos, el daño al ecosistema de los paramos, y el aumento de conflictos en las comunidades en la zona. Los antecedentes de los impactos negativos de la minería son varios en el Perú.
Como los niños con plomo en la sangre en Cerro de Pasco y Callao, y el caso de La Oroya, que ha sido declarado la ciudad mas contaminada de América Latina. Encima, el Perú no cuenta con una autoridad autónoma, para evitar, supervisar y sancionar el daño medioambiental y social causado por proyectos mineros.
Frente la continuidad de las exploraciones de Majaz -respaldado por el gobierno central-, los opositores al Rio Blanco fundaron el Frente de Defensa por el Desarrollo Sostenible en la Frontera Notre del Perú (FDDSFNP), que integra comunidades, organizaciones sociales y municipalidades de Piura, y zonas potencialmente afectadas del departamento vecino de Cajamarca.
En 2004 y 2005 los comuneros realizaron dos marchas hacia la mina -que esta ubicada en una zona muy alejada-, en las cuales la represión policial dejaba dos muertos, varios heridos, y más de 220 comuneros enjuiciados. En búsqueda de una solución democrática al conflicto, las municipalidades de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, realizaron el 16 de septiembre último, una consulta vecinal sobre la actividad minera en la zona. Sesenta por ciento de la población participó en el referendo y más que noventa por ciento dijo “No” a la minería, a pesar de una campaña de deslegitimación feroz, por parte del gobierno central, la empresa Majaz y varios medios de comunicación, que plantearon la ilegalidad de la consulta y acusaron sus organizadores de ser terroristas y comunistas. Ya previa a su realización, la Defensoria del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, habían desmentido la presumida ilegalidad de la consulta, sin que esto resultara en un cambio de actitud del gobierno central. En vista del resultado abrumador del referendo, el gobierno simultáneamente convocó una mesa de dialogo, y declaró Rio Blanco y diecinueve otros proyectos mineros de “interés nacional”.
El dialogo, entró en crisis en su tercera reunión, el 6 de diciembre ultimo, cuando el premier Jorge Del Castillo salió la reunión, enojado por la propuesta de las municipalidades de integrar la consulta en la agenda de las reuniones.
Además, el 28 de noviembre venció la concesión ilegal con la cual Majaz había estado operando en la zona, dejando la empresa sin ningún sustento por su presencia en la zona. La defensa de las comunidades En este contexto, la FEPROCCA, la Central de Rondas Campesinas de Ayabaca con sede en Hualcuy, y otras organizaciones de la provincia deciden en diferentes asambleas comunales organizar la marcha de sacrificio para el respeto a la consulta, para reforzar su reclamo de poder definir su propio modelo de desarrollo.
La marcha se organiza en coordinación con la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), que esta presente durante toda la semana con dirigentes de comunidades afectadas por la minería, de Moquegua, Arequipa, Cerro de Pasco, Ancash, Huancavelica y Lima.
Los participantes en la marcha, son dirigentes de los llamados Rondas Campesinas, que sostienen la organización social en las comunidades campesinas del norte del Perú. Ellas surgieron al final de las setentas, en respuesta a la incapacidad y/o falta de voluntad del estado Peruano, de acabar con el aumento de los robos de ganado en la zona.
Los comuneros empezaron de vigilar colectivamente sus tierras, y durante las dos décadas posteriores asumieron más responsabilidades comunitarias, incluyendo la parcial administración de justicia.
En la actualidad, las Rondas asumen crecientemente un protagonismo político en defensa de la identidad y tradiciones de las comunidades en el norte del Perú. En este sentido, el presidente de la Conacami, Mario Palacios, ve la lucha de los Ayabaquinos como parte de una confrontación mayor:
“Este gobierno ha declarado guerra a nuestras comunidades originarias con un paquete de nuevos proyectos de ley, que de aprobarse otorgarían mayores ventajas a los proyectos mineros y en general a las industrias extractivas, liquidando los pocos derechos que amparan a las comunidades y criminalizando la protesta.
Su objetivo es expropiar las tierras y entregárselos a las transnacionales mineras. Para ello han desatado una campaña de desprestigio a la organización comunal, para hacernos ver como incapaces de generar desarrollo.
Pero las comunidades somos el Perú. Queremos desarrollo si, pero que valore nuestra identidad como pueblos originarios y ancestrales, basados en la solidaridad, la reciprocidad, y la harmonia y el equilibrio con la madre tierra.” Construir Poder Comunal Durante los largos días de camino, los comuneros reciben numerosos gestos de solidaridad, de sus paisanos de Paimas, Las Lomas, Cieneguillo, Pedregal, Sullana y Piura.
La bienvenida es especialmente calida el tercer día en Tambogrande, donde la resistencia popular derrotó el proyecto minero Manhattan, tras el primer referendo sobre la minería en el mundo en 2002.
La lucha de Tambogrande se ha vuelto un referente en el mundo, y un ejemplo clave en la experiencia de Ayabaca. En la actualidad, los agricultores de mango y limón del Frente de Defensa de Tambogrande y la Valle de San Lorenzo integran al FDDSFNP. Luis Riofrío del FDTVSL explica que el vinculo entre Tambogrande y Ayabaca es muy fuerte: “Nos sentimos muy cercanos a los Ayabaquinos por dos razones.
En primer lugar, el agua que usamos para nuestra agricultura viene desde arriba. Si hay minería en Ayabaca, esto destruiría nuestras posibilidades de agricultura en el Valle de San Lorenzo. Además, Ayabaca es el destino de nuestro peregrinaje más importante. Cada año subimos en octubre para celebrar el señor cautivo. Los Ayabaquinos son nuestros hermanos”.
Por lo tanto, decenas de Tambograndinos regalan mangos a los Ayabaquinos en el camino. Después seis días y doscientos kilómetros de caminata, la marcha llega a Piura, para la realización del II Encuentro de Comunidades y Organizaciones Sociales del Norte del Perú, el domingo 16 de diciembre.
En la Asamblea participaron casi mil comuneros y comuneras de los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura y Cajamarca. El espíritu luchadora de la reunión era resumido bien, por un dirigente Cajamarquino: “Nos han hecho creer que la política es solo de los de arriba, pero cuando se trata del saqueo y del hambre, ¿por si acaso no es política?
Como ronderos administramos justicia y garantizamos el orden. Ya somos poder social, ahora nos toca construir poder política.” Gregorio Santos, el principal líder de los ronderos de Cajamarca, plantea por lo tanto: “La lucha es política, y para ello estamos convocando con Mario Palacios, construir la gran unidad campesina y de las comunidades”. La declaración final del encuentro respalda la marcha de las comunidades de Ayabaca.
Además, afirma la necesidad de construir “poder comunal y popular”, para realizar un “proyecto de desarrollo reciproco transformador, en armonía con la naturaleza”, como alternativa al “actual modelo de desarrollo primario exportador”. Uno de los acuerdos de la reunión es la convocatoria a la Gran Marcha Nacional de las Comunidades Campesinas, Obrera y Popular hacia Palacio de Gobierno, a desarrollarse en mayo 2008 antes del Cumbre de los Pueblos: Enlazando Alternativas, que se realizará paralelamente al Cumbre Presidencial de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en Lima.
Finalmente, las comunidades insisten en la necesidad de una asamblea constituyente, que refunda al Perú como un “país pluricultural” y basado en la “democracia comunal”. Escenario cambiante en el Perú La semana culminó el lunes 17 de diciembre en una marcha multitudinaria por las calles de Piura, a favor de la autodeterminación de las comunidades.
Aparte de los comuneros participaron organizaciones de jóvenes, algunos representantes de partidos políticos, integrantes de organizaciones e instituciones limeños, los sindicatos de trabajadores petroleros, de construcción civil y de educación, y unos setecientos Tambograndinos.
Más que diez mil personas marcharon desde el local de los Ayabaquinos, hasta el centro de la ciudad, entregando la declaración de la asamblea popular en el camino al gobierno regional.
La marcha de los Ayabaquinos, el encuentro de las Comunidades, y la manifestación en Piura, dan una señal claro al gobierno de Alan García Pérez, en una región que tradicionalmente apoya a su partido Aprista.
A un lado, muestra que los comuneros de Yanta y Segunda y Cajas no están solos. Más bien, se encuentran respaldados por las comunidades de su provincia, por el Frente de Defensa de Tambo grande y el Valle de San Lorenzo, y además por organizaciones sociales y comunitarias de todo el norte del Perú, y del resto del país. Este escenario exige un cambio de estrategia por parte del gobierno y de la Majaz, para romper la resistencia de las comunidades.
Perder no es una opción para García, ya que esto abriría el camino a consultas vecinales en las decenas de comunidades y ciudades que se oponen a la minería en el país.
Por lo tanto, es previsible que la presión sobre las comunidades vaya a aumentar a través de los juicios contra sus dirigentes, intentos de dividir sus bases con pagos o intimidación, y la creciente militarización de la zona.
En segundo lugar, los acontecimientos de esta semana en Piura, marcan un momento importante en la reconstrucción de las organizaciones sociales en el Perú, tras los difíciles décadas de las ochentas y de las noventas, caracterizados por la guerra interna, las profundas crisis económicas, la dictadura Fujimorista, la neoliberalización de la sociedad, y -en consecuencia- la profunda destrucción del tejido social.
En el encuentro de las comunidades y organizaciones sociales destacó la voluntad de encontrarse y de construir alianzas.
Esto es originado en parte por el curso autoritario del gobierno de García, pero revela también la fuerza creciente de las organizaciones sociales en el país.
Queda claro, que la insistencia del gobierno en sus políticas radicalmente neoliberales y centralistas, resultará en un escenario de intensa polarización política y conflictividad social. Hasta ahora su respuesta a la movilización social en el país ha sido la represión, que resultó en los últimos 18 meses en diez muertos, según las Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
No obstante, para las comunidades esta mucho en juego, como explica Mario Palacios de Conacami: “Estos días en Piura han sido un hito, para el movimiento social y para las comunidades en el Perú.
Hemos expresado que vamos a defender nuestro modo de vida, nuestra identidad y nuestros territorios. Luchamos para poder vivir bien. Y esta lucha no termina aquí hoy día. Apenas estamos comenzando.”
*Raphael Hoetmer es investigador del Programa Democracia y Transformación Global (www.democraciaglobal.org) y corresponsal en el Perú de los medios Holandeses Noticias (www.noticias.nl) y La Chispa.
Mas información: www.todosobremajaz.com