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La explicación que Jorge del Castillo ofrece a su intervención en el proceso abierto contra Doe Run Resources Corporation ante el tribunal de San Luis, Missouri, por contaminación en perjuicio de la población de La Oroya, es que el caso ponía en riesgo el TLC y que el Perú ya había resuelto alrededor de 20 procesos a favor de empresas estadounidenses a pedido de Washington, para que a última hora una demanda de unos religiosos despistados ante tribunales gringos echara todo a perder.
En otras palabras que el TLC no sólo supone la inexistencia de la justicia peruana frente al inversionista con bandera de Estados Unidos, aun de los estafadores que vendieron un radar malogrado o de los que incumplieron los contratos, sino que nos convierte en abogados de las empresas que causan daños en el Perú frente a los tribunales federales, para que no se interprete que les tenemos alguna hostilidad por el hecho de envenenar con plomo los pulmones de los niños. "Si estos niños tienen un derecho, lo deben ejercer en el Perú. Aceptar la jurisdicción de otro país afectaría el principio de soberanía nacional", es lo que ha dicho el premier del régimen de extrema derecha presidido por Alan García, lo que implica que duda que lo tengan.
Pero lo más curioso es que habla de "soberanía nacional" en aspectos jurídicos, cuando está completamente al tanto que los jueces y fiscales peruanos fueron presionados a resolver a favor de las empresas yanquis en nombre del TLC, y que este documento finalmente establece, para el futuro, arbitrajes internacionales para controversias entre el Estado y los inversionistas del país socio, con renuncia explícita a la justicia nacional y soberana.
Evidentemente lo que está en la balanza es la vida y la salud de muchas personas, mayormente menores de edad, versus la presencia de la empresa contaminadora y los acuerdos comerciales que favorecen la exportación y a los exportadores. El Premier ha establecido claramente su campo.
Claro que lo ha hecho con su estilo de hacerse el idiota, como si no supiera que la demanda de una orden religiosa de Estados Unidos contra Doe Run en Estados Unidos, se debe esencialmente a que en el Perú hay un cerro de informes de la PCM, Salud, DIGESA, CONAM, OSINERGMIN, etc., que señalan la responsabilidad mortal de la empresa, sin que nadie haga nada. Hace algunos años pensaba que Del Castillo había recibido un papel en el juego del APRA de varias bandas, o diversos cañones, como decía la gente, y que le tocaba hacer las del amigo de los gremios empresariales y las transnacionales, por encargo de García, así como Mulder actuaba como el perro callejero.
Ahora que el gobierno de García apunta en una clara y única dirección, "Coquito" sigue empeñado en mantener el papel de principal hombre de confianza del capital que es lo que lo conserva en el premierato.
Como no es PPK, Boloña, Silva Ruete u otros, que vienen de los directorios de las grandes empresas y los bancos internacionales, su intervención tiene que ser aún más gruesa. Es decir lo suyo ha tenido que ser probado día a día, hasta que se acostumbró a ese rol de ujier de los intereses extranjeros.
Por eso lo vemos haciendo este increíble papelón a favor de una empresa fuera de la ley e influyendo en García para que el futuro ministerio del Ambiente, no toque el tema minero, o sea se abstenga ante la mayor amenaza ambiental existente. Con eso tiene garantizado seguir en el cargo hasta el 2011.