19/04/2021
Karen de la Hoz Pertuz, magíster en Ingeniería – Recursos Minerales y autora del estudio “Conflictos por el agua en el marco de medios de vida sostenible”, explicó que la investigación inició cuando ya había pasado la consulta popular de marzo de 2017, en la que el 97 % de la población le dijo NO al proyecto minero La Colosa.
A raíz de ello, la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti suspendió el proceso que pretendía extraer unos 24 millones de onzas de oro, usando entre 631 y 946 millones de metros cúbicos de agua, según estimaciones de la ONG Pax Christi.
“La gente señaló que el proyecto de exploración minera sí los impactó pero no tanto porque hubiera afectado el agua, sino porque aumentó el costo de vida; consideraban que la empresa no tuvo en cuenta la economía local y usaba proveedores externos”, señala la investigadora.
Otro de los puntos que generó conflictos fue la disponibilidad de la mano de obra. La investigadora señala que Cajamarca es considerada como una despensa agrícola y que la multinacional contrató mano de obra local con salarios “normales” para el sector minero, que incluían garantías en seguridad social y riesgos laborales, algo que en el sector agrícola no siempre está garantizado. “La gente estaba acostumbrada a trabajar por un jornal de 30.000 pesos. Pero cuando llega la minera y la gente ve los beneficios que ofrece, sí se hizo más difícil conseguir mano de obra agrícola”, agregó.
La investigación encontró además que en Cajamarca sí existen conflictos previos asociados con la disponibilidad del agua, pues en la zona existen fuentes hídricas importantes que abastecen a Ibagué y al sur del Tolima, que es la zona donde se concentra la producción arrocera.
Voces de descontento
“Con la comunidad identificamos cuáles eran los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más importantes para ellos. Más del 80 % de los participantes en el estudio, que viven en las veredas impactadas por el proyecto y en el casco urbano de Cajamarca, reconocieron que hubo más un conflicto socioeconómico que por el agua”, destaca la magíster.
En el estudio entrevistó a campesinos, comerciantes, empresarios y funcionarios de la zona, la mayoría de los cuales manifestó que el proyecto minero no afectó la calidad y cantidad de agua en sus territorios, cosa que –a su juicio– sí ocurrió con las obras del Túnel de la Línea.
Así mismo tomó como referencia los ODS de la ONU y el marco de medios de vida sostenible planteado por el Departamento para el Desarrollo Internacional Británico (DFID), y esa fue una de las primeras sorpresas: aunque el debate minero se desarrolló en torno al agua, la comunidad se mostró más preocupada por asuntos socioeconómicos como salud, educación y trabajo decente.
“Entonces llega la multinacional minera y lo que pasa es que se suma un actor más a la cuenca para competir por el recurso. Y esas cosas no se supieron contar. Las comunidades tuvieron mucha desinformación sobre la actividad minera y no se socializó bien el proyecto”, aclaró la investigadora.
Más del 50 % de los ciudadanos que participaron en el estudio señalaron que estarían de acuerdo con un proyecto minero siempre y cuando les ofrezca garantías como buen pago por sus terrenos (en el caso de los habitantes de las veredas impactadas), planes de protección de fuentes hídricas e inversión social en su territorio.
La investigadora De la Hoz manifestó que su investigación puso en evidencia que no solo los conflictos por el agua son decisivos a la hora de dar un debate minero. Por eso considera que este tipo de estudios deberían replicarse en otras zonas como Jericó (Antioquia), donde el conflicto entre agua y minería se mantiene vigente.