La Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM) –de la cual Chile es parte desde 1997 y a la que contribuye económicamente cada año– promueve la entrada en marcha de la explotación de minerales en aguas internacionales para un puñado de países, principalmente desarrollados, que cuentan con la tecnología adecuada para explotar a profundidades y de los cuales nuestro país no es parte. Estos minerales, el cobre entre ellos, tienen mejor ley que cualquier depósito en tierra, lo que significa una oportunidad para controlar el mercado mundial, son patrimonio común de la humanidad –pertenecen a todos y a nadie a la vez– y su extracción generará gran impacto ambiental, extracciones-destrucciones de la biodiversidad que abarcarán un área 120 a 1.200 veces el tamaño de Chuquicamata por contrato minero, dependiendo del mineral.Chile es miembro de una organización internacional denominada Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM), ubicada en Kingston-Jamaica y a la cual contribuye económicamente año a año, como parte de los acuerdos suscritos por nuestro país como parte de la Convención del Mar desde 1997. Esta organización es un instrumento de DOALOS (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea), pero no es una organización de Naciones Unidas per se, sino que en realidad es independiente del secretario general de la ONU.
Este instrumento hoy promueve la entrada en marcha de la explotación de minerales en aguas internacionales para un puñado de países, principalmente desarrollados, que cuentan con la tecnología adecuada para explotar a profundidades y de los cuales Chile no es parte. A la fecha, existen 28 contratos para explorar los recursos marinos con derechos exclusivos y localizados en todos los océanos para explotar planicies abisales, montañas submarinas y dorsales oceánicas.
La extracción de estos minerales vírgenes de los fondos oceánicos tiene 3 características importantes: 1) mejor ley que cualquier depósito en tierra, lo que significa una oportunidad para controlar el mercado mundial –hoy en manos de mineros de tierra–; 2) son patrimonio común de la humanidad –pertenecen a todos y a nadie a la vez–; y 3) su extracción generará gran impacto ambiental, extracciones-destrucciones de la biodiversidad que abarcará un área 120 a 1.200 veces el tamaño de Chuquicamata por contrato minero, dependiendo del mineral.
La extracción de minerales vírgenes de los océanos contribuirá negativamente al cambio climático y sus consecuencias en la vida de la población. La explotación de estos metales vírgenes del fondo del mar generará una nueva fuente de CO2 a la atmósfera, incrementando la concentración de este gas invernadero a tasas desde 8 (cobre) a 12.000 (oro) kg de CO2, equivalentes por kg de elemento extraído. Se proyectan 33 mil toneladas por año por contrato para cobre.
Estas actividades de desarrollo de minería submarina –que hace un par de años eran ficciones– han tomado lugar por los últimos 25 años; AIMF fue fundada en 1996. Durante este tiempo 167 países han contribuido con porcentajes de sus PIB nacionales. Es cierto que los países industrializados contribuyen proporcionalmente más que los en desarrollo, pero sumando los países en desarrollo contribuyen con 24% del presupuesto de AIFM cada año.
Lo interesante es que, aun sabiendo que muchos de esos países son mineros terrestres como Chile, Ghana e Indonesia, están inocentemente subsidiando la exploración-explotación a empresas trasnacionales por los mismos minerales que soportan sus economías: cobre y oro. Evidentemente, tomando en cuenta la ley de estas nuevas fuentes, el impacto económico y social será significativo en los paises mineros de tierra. Vale destacar que en nuestra historia la crisis del salitre, por reemplazo de substituto artificial, generó consecuencias económicas que modificaron la estructura social y política de Chile del siglo XX.
La razón por la cual los miembros estados partidarios de la Convemar contribuyen anualmente al presupuesto (subsidio), es que estos minerales son el patrimonio común de la humanidad, principio fundamental de la Convemar que debería gobernar el comportamiento de la AIFM. Sin embargo, desde 2012, esto no ha sido así.
Hoy, la AIFM es abiertamente pro minería para contratistas de países industrializados de Norteamérica, Europa y Asia, promoviendo un código minero completamente sesgado en beneficio de los contratistas y no del bien común (en beneficio) de la humanidad, ni honrando el hecho de que estos recursos son patrimonio común de esta.
Los temas ambientales en la AIFM son abordados con ligereza. En el borrador preparatorio de un nuevo código minero submarino, los impactos ambientales no se han tomado en cuenta, acción indispensable para la protección del medio ambiente para futuras generaciones.
Tampoco se menciona el cambio climático que modulará el impacto de la minería submarina. Si bien es cierto que trabajar-investigar en mar abierto y a profundidades de más de 4 mil metros, es difícil, sin embargo, y puesto que los recursos mineros son patrimonio común de humanidad, cualquier actividad, incluyendo la minería, debe desarrollarse bajo un estricto plan de manejo que debe ser basado en reglas y reglamentos que reflejen las posiciones de los miembros estados partícipes a la Convemar y contribuyentes a la AIFM.
¿Por qué entonces los países en desarrollo parecen no entender el proceso? Evidentemente el tema no ha sido socializado y los acuerdos y/o propuestas no han sido democráticos, más bien elitistas, no solo en Chile sino que en muchos otros países en desarrollo miembros de parte de la AIFM.
Esta columna es la primera de una serie que tratará científicamente de empoderar a cada uno de los ciudadanos de Chile con la noción de que los recursos minerales de las aguas internacionales les pertenecen y deberían percibir los beneficios económicos si es que algún día se explotan.
Todos los chilenos somos ricos en cobre, oro, plata, cobalto, metales raros de los fondos marinos internacionales, que nos pertenecen, puesto que firmamos la Convemar, la cual nos dice que son nuestros y contribuimos con nuestros impuestos en 25 mil dólares anuales.
Como ciudadanos de este país debemos estar alerta y responsablemente pedir cuentas a quien toma decisiones por nuestros minerales sin consultarnos. Evidentemente en los últimos 25 años esto no ha ocurrido. Creo que no es muy tarde y es nuestro deber como profesionales informar a cada uno de los ciudadanos, de Chile y del mundo, lo que se maneja en forma no transparente en la AIFM.
La socialización de este tema es necesaria. Existen constantemente reuniones, congresos y publicaciones sobre muchos asuntos relacionados a los que se alude arriba, pero solo un grupo elitista se entera y responde sin consulta nacional.
En Chile, como en muchos otros países garantes de la Convemar, los respectivos ministerios e instancias políticas no parecen dimensionar el impacto económico y social que esta nueva fuente de recursos mineros, patrimonio común de la humanidad y de un ambiente prístino, significara para cada uno de los chilenos y ciudadanos de todo el mundo. Evidentemente no existe la socialización de este tema en Chile, de lo contrario, ya hubiésemos sabido por alguna instancia nacional o comunicacional sobre el tema.
Fuente:https://el mostrador.cl