Es una de las principales actividades que genera divisas y crecimiento en diversos países, pero causa problemas como la salinización, la desertificación o la deforestación
La minería es una de las principales actividades extractivas que genera divisas y crecimiento económico en diversos países del mundo.
Naciones como Perú, la República del Congo o Chile son líderes en la producción de oro, cobre, zinc y plata gracias a su amplia biodiversidad de ecosistemas; el potencial productivo de las represas, valles, lagunas y tierras fértiles son geológicamente competitivos para el posicionamiento de empresas multinacionales en estos países.
Si bien la minería genera desarrollo de ciudades en términos de modernización en los ejes de infraestructura urbana, industrial- empresarial y empleo; fomenta por otro lado la explotación indiscriminada del hábitat en su dimensión social, económica y ecológica de las comunidades campesinas aledañas a los campos mineros.
En primer lugar, se genera una degradación, desertificación y deforestación de los suelos por la salinización, solubilización y movilización de metales tóxicos como el arsénico, mercurio, cadmio, plomo y bario (El Tiempo,2018).
En correlación, esta problemática afecta directamente la calidad alimentaria de la producción agrícola (alimentos que sobrepasan el límite máximo permisible de metales pesados según el codex alimentarus); sector primario que representa el 80% de la economía de los países en vías de desarrollo y que implícitamente genera pobreza absoluta, migraciones forzadas y convulsiones sociales en las poblaciones autóctonas (La República, 2012).
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Leyes insuficientes
Este efecto tiene correlación directa a las deficientes legislaciones ambientales por parte de los países subdesarrollados; la inseguridad jurídica, la inexistencia de principios de autoridad y la débil preparación del Estado con enfoque macro-económico impide la armonización entre las actividades extractivas y el medio ambiente.
La falta de un “upstream engagement” de los pobladores a la toma de decisiones políticas en materia de industria extractiva refuerzan una legislación abultada orientada solo para expertos que soslayan una “lingua franca” a fin de otorgarles la “licencia social” a las mineras sin el previo consentimiento ambiental de la ciudadanía.
En tal sentido, en este contexto, el desconocimiento sobre sus derechos, impide a los moradores aplicar la ley de consulta previa como mecanismo de defensa para monitorear y supervisar la efectividad de los estudios de impacto ambiental de las empresas extractivas.
La conflictividad social entre la población y las empresas licitadoras tiene su base en la desconexión entre los procesos de planificación territorial y el sistema de otorgamiento de concesiones en el gobierno central (El Tiempo, 2018).
El escaso ordenamiento territorial propulsado por los poderes descentralizados no delimita las lagunas, valles o zonas ricas en minerales como áreas naturales protegidas y conservadas, dificultando de esta manera la anulación de las concesiones mineras.
Las multinacionales
El ejemplo de Perú
La falta de acceso a la justicia de los pobladores por limitaciones económicas, geográficas y lingüísticas, sumado al inexistente despliegue de las funciones del Estado, permiten que gran parte de la superficie continental de países como Perú se encuentre concesionada a la minería; en cifras un 14,12%( INGEMMET) del territorio está ocupado por mineras que, a largo plazo, degradan los ecosistemas esenciales del paisaje, transformando una tierra de importancia espiritual y/o cultural para una comunidad determinada en una zona árida e inservible.
Como consecuencia, se tienen cifras alarmantes de recursos naturales irrecuperables para la riqueza de los pueblos; pérdidas de lagunas, racionamiento y contaminación del agua, desaparición de valles, campiñas, escasez hídrica por el secado de afluentes hídricos de los principales ríos, etc… Estos impactos al medio ambiente alteran el equilibrio social y económico, afectando negativamente al modus vivendi de la sociedad en los ejes salud, alimentación y bien estar ambiental.
Tragedia ecológica
Desaparece el 40% del valle Yanacocha
En cifras, la ciudad de Cajamarca (Perú) ha perdido el 40% del valle Yanacocha, presenta una alarmante cifra de 38% de desnutrición y un 26% no tiene luz eléctrica ni acceso a agua potable por consecuencia directa de la actividad minera, tales como el agua ácida por la disolución de metales pesados tóxicos durante el drenaje ácido de las minas (La Republica, 2017).
De igual manera, la liberación de gases como el plomo de las chimeneas metalúrgicas a la atmósfera genera una contaminación invisible y de largo plazo en la salud intergeneracional de las poblaciones cercanas a las minas; en otras palabras, nacen niños con alteraciones genéticas y /o con siete veces más plomo en la sangre que el límite máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud.
Esta realidad problemática trae consigo la aparición de múltiples enfermedades como la leucemia, la anemia y el cáncer que acortan sustancialmente la esperanza de vida de las personas.
Precisamente, según reportan fuentes de La República, La Oroya es la quinta ciudad del mundo más contaminada del planeta con un nivel de toxicidad de plomo entre 60 y 70 microgramos por decilitro de sangre, ocasionando que el 90% de los niños presenten niveles de este metal tóxico por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias.
La minería no solamente afecta la dimensión humana, también se ve afectado la salud animal por la degradación de la flora; precisamente, se tiene conocimiento de la desaparición de pantanos en la cordillera del Vilcanota (Cuzco-Perú) que eran refugio para los patos salvajes durante su migración, ahora habilitado como estacionamiento y sendero por la explotación minera (El Tiempo, 2018).
Propuestas
En el caso de Perú, considerando que los mecanismos de negociación son inequitativos a lo que respecta la mediación social entre las comunidades campesinas y las empresas mineras respaldadas por el Estado, hay tienen distintas propuestas a considerar para la preservación y protección de las áreas ferrosas de patrimonio ancestral:
En primer lugar, dotar a la ciudadanía de facultades legislativas como un agente federal autorizado por las instancias internacionales a legislar, negociar y tomar decisiones políticas con asesoramiento técnico sobre la concesión o anulación de los proyectos mineros en base a la ley de consulta previa.
Otorgar la licencia social para las actividades extractivas en base a un previo mapa zonal de planificación y ordenamiento territorial que delimite las áreas autorizadas para la concesión de proyectos mineros; contemplando que los impactos ambientales estén fuera del radio de vida urbana, así como la salvaguardia de los recursos naturales, hídricos, agrícolas que suministran la economía de las comunidades campesinas.
■ Exigir la revisión exhaustiva de los expedientes técnicos sobre impactos ambientales, así como la tecnología disponible para la mitigación y neutralización de los efectos negativos al ambiente; uso de biomasa en biodigestores para uso térmico, para generar electricidad a las zonas rurales alejadas de las ciudades, así como reducción de los impactos del cambio climático tales como la emisión de CO2. Implementar catálisis heterogénea y filtros de depuración en las chimeneas para reducir al máximo los gases como plomo.
Interponer recursos de nulidad contempladas en las cláusulas del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) anulando directamente las actividades mineras por incumplimiento de la ley de consentimiento ambiental y consulta previa, sin la necesidad de la intervención del Estado. En otras palabras, las comunidades campesinas afectadas pueden ordenar la anulación del proyecto minero con poderes ejecutivos.
Fuente:https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20190930/47670210436/batalla-mineria-ecologia-mundo-cambio-climatico.html