Mina Los Filos – El Bermejal, Carrizalillo, Guerrero, Mexico

La comunidad cuenta con poco más de 1,000 habitantes (252 familias) quienes, antes de la llegada de la minería trasnacional, se dedicaban a la siembra de milpa, la producción y venta de semilla de calabaza, la cría de ganado, sobre todo vacuno y la producción de mezcal. [1]

Su primera relación con las actividades extractivas mineras fue a partir de establecer convenios con empresas privadas, cuando la compañía Peñoles S.A. de C.V. llegó a un acuerdo de ocupación temporal de los terrenos ejidales, que le permitía a la empresa realizar estudios de exploración, [2] y con el cual iniciaron una serie de conflictos, los cuales se han incrementado de manera significativa y que lamentablemente persisten desde el 2003 hasta la fecha.

En 2005 la empresa canadiense Goldcorp, a través de su filial Compañía Minera San Luis, S.A. de C.V. (Luismin S.A. de C.V), compró dichos estudios, así como las concesiones del subsuelo, con el propósito de iniciar la operación de una mina a tajo abierto denominado proyecto “Los Filos”. No obstante, para empezar su operación, la empresa en el 2005 debió renovar los convenios de ocupación que el ejido tuvo con su antecesora, y estableció acuerdos para la compra y renta de tierras con carácter de expropiación, no sólo con Carrizalillo, sino con tres de las comunidades que, en ese momento abarcaban el total de superficie ocupada de 2,960 ha. [1]; Carrizalillo (970 ha), Mezcala (1,300 ha) y Xochipala (420 ha), para desarrollar dos tajos a cielo abierto (Los Filos y El Bermejal), las áreas de operación y oficinas, el patio de lixiviados y el área de filtrado, laboratorio y control del proceso de fundición de barras Doré, además de un área de extracción subterránea que ya operaba dentro del mismo complejo llamada túnel “Nukay”.

En 2006 empieza la explotación minera del tajo “El Bermejal” y se realizó el primer depósito de material en el patio de lixivia­dos. El año siguiente, esos patios empezaron a ser regados con cianuro de sodio y se produjo la primera barra de “doré”. Sin embargo, en el 2007 se presenta la primera muestra pública conflictiva entre la empresa y la comunidad de Carrizalillo, en la cual el Ejido decidió cerrar las instalaciones de la empresa e instalarse en Asamblea Permanente, de acuerdo a lo determinado en la ley agraria, con el propósito de, conjuntamente con  ejidatarios, población y trabajadores, exigirle a la empresa un incremento del pago que previamente ambas partes habían acordado. Este hecho es considerado un parteaguas que ha marcado de manera significativa la relación de conflicto entre empresa y ejido, porque fue en ese momento que el Ejido se enteró que la empresa había comprado las tierras de uso común de forma ilegal, porque es una acción prohibida por la ley agraria, lo cual fue ratificado por el Tribunal Unitario Agrario (TUA), quien emitió una sentencia a favor del Ejido, obligando a la empresa a la restitución y el pago de los daños de las tierras, al mismo tiempo que abrió una nueva posibilidad de “mejorar” el convenio anterior.

Para lograrlo fue necesario que el Ejido cerrara las operaciones de la empresa durante 83 días, en los cuales se presentaron una serie de situaciones entre las que destacan;  a). La detención con violencia de aproximadamente 80 personas de la comunidad por parte de la policía estatal [1], b). Con el juicio agrario a favor, lograron establecer una mesa de diálogo y negociación con los directivos para elaborar un nuevo acuerdo de arrendamiento de tierras que pasó de 1,250 pesos/ha anuales a 13,500 pesos/ha, además de incorporar una serie de cláusulas de tipo social ausentes del primer acuerdo y, c). Firmar un convenio de arrendamiento solamente por un año de vigencia, lo que posteriormente, sin tenerlo totalmente claro, fue la acción más importante de este proceso porque desde entonces le ha permitido a la comunidad aprender, tomar experiencia, evaluar sus logros anuales y, en consecuencia, mejorar su pliego petitorio.  Resaltamos que, antes de este nuevo acuerdo, Goldcorp ya mostraba una tremenda relación de asimetría financiera con el Ejido, porque la empresa recibía 999.26 dólares por cada mil dólares de oro vendido, y las comunidades solamente 74 centavos. Posteriormente el reparto a las comunidades subió a 5.87 dólares. [2]

Sin embargo, a partir de entonces, un nuevo aprendizaje se generaría en la comunidad; un año después de ese nuevo convenio, con el que supuestamente habría armonía entre la empresa y el ejido, se desencadenó una multiplicidad de conflictos que jamás serían resueltos con el paso de los años. El monto del arrendamiento de tierras pronto se volvió insuficiente para atender la masiva aparición de DAÑOS que se presentaban de manera exponencial y multifactorial. Un censo local arroja que la población gasta cerca de 27 millones de pesos para atender los diversos daños a la salud de la población, mientras que la empresa medianamente cubre una cuarta parte de ese gasto.

Los síntomas de las afectaciones a la salud empezaron a ser evidentes a partir de 2010, ya que un porcentaje importante de la población manifestaba enfermedades relacionadas en la piel, los ojos, las vías respiratorias y los oídos; se documento un aumentó significativo de los problemas gastrointestina­les, se acrecentó el número de mujeres embarazadas que presentaron abortos y partos prematuros, muchos de ellos con deformaciones, así como la aparición de enfermedades no registradas como el cáncer. Dichas afectaciones están vinculadas a la actividad minera y se deben a la exposición continua que la población tiene con diversos metales pesados liberados por la explotación minera y que, una vez liberados del subsuelo, se transportan por el aíre, el agua y el consumo de animales, es decir, por ingesta, contacto y absorción.  Un censo realizado en 2012 por el equipo comunitario de promotores de salud, comprobó que todas las familias de la comunidad tenían por lo menos UN INTEGRANTE con una o más de las enfermedades que están relacionadas con la extracción de minerales, aunque TAMBIÉN se reportaron familias en donde el 100% de sus integrantes presentaban algún tipo de daño o enfermedad. La comunidad hizo un gran esfuerzo por documentar esas afectaciones, para lo cual se apoyaron utilizando un protocolo para la documentación de daños elaborado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), quienes les acompañaron en ese proceso, de manera parecida a cómo también fue instrumentado, aunque con menos intensidad, en la población de otros sitios como San Miguel Ixtahuacán en Guatemala y las comunidades del Valle de Siria en Honduras, las cuales también tenían a la misma empresa Goldcorp operando es sus territorios. Parte de los resultados de ese monitoreo se presentaron en julio 2012 en el Tribunal Popular Internacional de Salud realizado en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, ante la presencia de varias personas de las comunidades afectadas, para que un juzgado colegiado formado por integrantes con diferentes perfiles profesionales, emitieran su fallo, el cual sancionó en contra de la empresa trasnacional Goldcorp dando inicio a la construcción de la campaña internacional «Goldcorp Me Enferma» y preparar una ruta de documentación que permitiera a las y los afectados exigir la rendición de cuentas a la empresa. [3]

El avance empresarial minero sobre el territorio comunitario de Carrizalillo fue mostrando la verdadera cara del falso “Progreso y Desarrollo” ofertado por la actividad minera. Pronto los conflictos se volvieron un común denominador para la población; Incumplimiento de clausulas del convenio, la irreparable desaparición de 14 fuentes de agua además de la contaminación con metales pesados y arsénico de otras fuentes de agua disponibles. El agotamiento de agua que va generando otros conflictos en paralelo, como la compra de agua de garrafón, a tal grado que, en época de lluvias en promedio cada familia gasta entre 1,000 y 1,500 pesos mensuales en adquirir agua de garrafón, mientras que en tiempo de secas gastan entre 3,000 y 3,500 mensualmente, al margen de que la empresa también realiza una dotación de agua no potable por medio de pipas. La subcuenca principal de captación de agua de Carrizalillo, que ocupa el 77.4 % de su territorio, ha sido destruida y alterada en un 90% de su estructura superficial, destacando el espacio que ocupa el área del tajo “El Bermejal”, así como el constante crecimiento del patio de lixiviados. El agotamiento del agua limpia ocasiona que poco más del 80% de las familias presenten daños de leves a severos en la piel y que se manifiestan recurrentemente en irritación, aparición de man­chas, resequedad, agrietamiento, ámpulas, pigmentación, salpullido, ardor, comezón, entre otros malestares.En contraparte, de acuerdo a lo descrito en el Manifiesto de Impacto Ambiental, la empresa utiliza poco más de 250 millones de litros de agua diarios destinados a lixiviación, filtrado y procesamiento, regado de caminos, talleres y consumo de instalaciones administrativas y operativas, que según sus datos representa solamente la “reposición” de una tercera parte del agua que consumen, es decir, su consumo total es descomunal. [1]

El desarrollo del proyecto minero provocó también una destrucción total del paisaje. El bosque y los cerros fueron reemplazados por los dos tajos de más de 2.3 km de ancho por 1 km de profundidad cada uno. Ello implicó destruir dos áreas con categoría de protección, la Región Terrestre Prioritaria número 118” (RTP#118), rica en plantas del género Bursera; así como también han muerto infinidad de aves, en especial los llamados cuatolopos y la paloma güilota que llegaban por miles a este territorio declarado como “Área de Importancia para la Conservación de Aves Migratorias” (AICA #18), territorio también rico en evidencias tangibles patrimoniales históricas que no fue razón para evitar que la empresa dinamitara una pirámide y sus centros ceremoniales del rededor de la cultura “Balsas Mezcala”, precursora de la cultura Teotihuacana, sin que se presentará algún tipo de intervención, salvo un rescate parcial y tardío, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). [1]

Las condiciones laborales de la empresa son otra área de conflictos permanentes que contrasta con el discurso oficial de una «empresa socialmente responsable». Se han presentado varios decesos de hombres y mujeres trabajadores de la mina por intoxicación por cianuro en los laboratorios, así como por estar expuestos y sin equipamiento adecuado a materiales sumamente tóxicos en la zona de patios de lixiviación, tajos y  basureros, como también hay decesos por diversos accidentes como el sucedido en la mina Sub­terránea “Nukay”, donde hubo una explosión en la que fallecieron por lo menos tres trabajadores, hecho del cual la empresa rápidamente logró ocultar la información. [1] En términos laborales porque la mayoría de los trabajadores están contratados bajo el modelo de outsourcing y en consecuencia, sin derechos sindicales, contratos que la empresa maneja a su antojo con poca transparencia en sus procesos de licitación, que le permite actuar en total impunidad cuando realiza despidos individuales o masivos injustificados, cambios de áreas sin previo aviso al trabajador o la capacitación innecesaria para cargos que no se ejercen, entre otros problemas.

En resumen, se puede afirmar que la minería actual es causal de la creación de conflictos multifactoriales que política y mediáticamente resuelven con dinero, el contubernio con estructuras gubernamentales, y la impunidad, violencia y control territorial a través de sumisión, miedo o represión. No es casual entonces que en cada comunidad en donde persista este tipo de proyectos extractivos habrá una gran generación de conflictos que inician con la aplicación de acciones para generar la ruptura total del tejido social y comunitario y que, en este caso de Carrizalillo, se evidencia bajo el siguiente testimonio: “Dejamos de ser una comunidad rural, campesina y libre, para ahora conformar una comunidad obrera bajo presencia patronal, ya que nuestras principales actividades productivas han desaparecido en un 90%, lo cual no sólo ha impactado los procesos identitarios y los rasgos culturales, sino que también se modificó rápidamente la forma de vivir, alterándose paulatinamente la conducta comunitaria que antes se basaba en la solidaridad y el apoyo mutuo”[1].

La creación de conflictos como conducta empresarial permanente, apuesta a la desestructuración de procesos históricos de los pueblos a partir de la eliminación de las actividades productivas y económicas, así como alterando y cambiando los procesos relacionados con la cosmovisión de los pueblos, por ejemplo; al suplantar ritos religiosos tradicionales que, por ejemplo, se realizaban en torno a la siembra y cosecha de milpa o la producción del mezcal, para ahora, ya sin tierras para sembrar, esos actos continúan realizándose pero para bendecir carros y bienes materiales. Igual sucede con la modificación de los hábitos alimenticios y la pérdida total de la soberanía alimentaria, para ahora establecer la sumisión alimentaria bajo la dependencia del dinero y que por supuesto también afecta las estructuras de gobernanza de la comunidad, tanto las municipales como la agraria.

El conflicto toma dimensiones demenciales cuando  la evidente aplicación empresarial y gubernamental de ingeniería para la generación de conflictos, a todo lo señalado anteriormente se añade la presencia de la inseguridad y la violencia por parte del crimen organizado en este proceso.

A la desgracia del “Progreso y Desarrollo” minero hay que agregarle numerosos secuestros, levantones, desapariciones, extorsiones, asesinatos, violaciones sexuales, toques de queda y restricciones de movilidad, entre otros efectos. Esta violencia empezó en 2011 y para este 2019 ha provocado el asesinato de 55 personas de la comunidad y un número indefinido de integrantes de diversos carteles que se disputan la plaza. En los momentos más álgidos de esta confrontación basada en la violencia, es cuando mejor podemos observar uno de los principales propósitos de las empresas mineras; el Desplazamiento Forzado de la población, que significa despoblar para no tener restricciones ni resistencias en sus procesos de expansión y ocupación territorial.

Para concluir; Carrizalillo ha establecido con la empresa el convenio de arrendamiento más amplio de México y posiblemente de América latina, porque logró anular su primer convenio y desde entonces elabora convenios de entre uno a cinco años de duración, dependiendo ello del tipo de peticiones que realiza el ejido y la “disponibilidad” de la empresa para aceptarlas. Sin embargo, es la asimetría de las partes la que sigue determinandoo la vida de las y los pobladores de Carrizalillo, quienes son portadores de crecientes y diversos daños a la salud que, por supuesto la empresa no reconoce, salvo desde un  asistencialismo insuficiente para resolver la cantidad, frecuencia y tipo enfermedades que la operación minera ocasiona. Desde la llegada de la empresa muchas y muchos habitantes en Carrizalillo han muerto por enfermedades, otros por violencia, otros por accidentes dentro de la mina, otros más continúan desaparecidos y en su peor momento el 50% de la población abandonó de la noche a la mañana el pueblo. El “Progreso y Desarrollo” minero sigue presumiendo en sus metas alegres de inversión, producción anual de oro y la cantidad de empleos generados, gracias a una sola razón, en su fórmula financiera no están incorporados ni los daños a la salud comunitaria ni al ambiente, menos aun la destrucción del tejido social y comunitario, porque si lo estuvieran, esa forma de expropiar minerales sería financieramente inviable. Ese es el fondo de la Acumulación por Desposesión creadora permanente de conflictos sociales, ambientales y territoriales de tipo multifactorial.