En este momento se realizan eventos paralelos a la 5ª sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas y derechos humanos. Estos encuentros discuten la necesidad de un Tratado Vinculante que exija a las empresas transnacionales el respeto de los derechos humanos y que termine con la impunidas de sus acciones negligentes.
Julia Cuadros, miembro del consejo directivo de CooperAcción, viene participando en reuniones de incidencia en la sede de Ginebra de las Naciones Unidas para colocar en la discusión global sobre el Tratado Vinculante la situación de violación a los derechos humanos por parte de empresas mineras transnacionales en el corredor minero del sur andino. En esta agenda de incidencia se han concretado reuniones con la Misión Permanente de Perú en Ginebra en la que participa también Rodolfo Abarca, representante del Frente de Defensa de Cotabambas quien compartió la situación de criminalización que él y otros 18 comuneros viven por protestar en el conflicto de Las Bambas del 2015.
La agenda de Cuadros y Sofía Jarrín (secretaria general del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente y coordinadora de Pueblos Indígenas y Ambiente del Centro de Derechos Económicos y sociales de Ecuador) considera reuniones con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Servicio Internacional de DDHH (ISHR), el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas y con el responsable de China de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH (ACNUDH) con quienes se discutirá sobre las graves violaciones a los derechos humanos de proyectos apoyados por bancos chinos en Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Perú, todo esto en el marco de las acciones del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente.
Recordemos que en el Perú, específicamente en el corredor minero del sur andino, están presentes dos grandes empresas que son la empresa estatal china MMG con el proyecto minero Las Bambas en Cotabambas, Apurímac y por otro lado la empresa privada de capitales suizos Glencore que tiene presencia en la provincia cusqueña de Espinar con el proyecto minero Antapaccay.
La actividad minera en ambos casos ha cometido graves afectaciones a los derechos humanos. Actualmente hay más de 700 personas con metales pesados en Espinar, Cusco, producto de la contaminación que genera la actividad minera en el agua. 19 personas en Cotabambas, Apurímac han sido criminalizadas y acusadas de daños materiales a la empresa MMG durante el conflicto social de Las Bambas y llevan esperando más de 4 años a que se resuelva su juicio que se viene postergando hasta 6 veces consecutivas. A esto se suma el miedo y angustia que genera en todo el corredor minero las constantes declaratorias de estado de emergencia que atentan contra el derecho al libre tránsito. Son al rededor de 72 comunidades y 142 centros poblados que están siendo afectados por el polvo, vibraciones y ruidos generados por los más de 250 camiones que transitan en el corredor minero.
El conflicto socio ambiental en la zona es permanente y presenta incidentes que vienen sucediendo desde inicios del 2016 hasta la fecha. Recientemente reportamos sobre el actual bloqueo en distintos puntos del Corredor Minero del Sur Andino que empezaron en la provincia cusqueña de Chumbivilcas y que se ha extendido hasta Paruro. En medio de las enfrentamientos, una comunera de la zona de Ranraccasa (Paruro) perdió un ojo debido al impacto de un perdigón.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tratado-vinculante-sobre-empresas-y-ddhh-situacion-del-corredor-minero-es-visibilizada-en-sede-de-las-naciones-unidas-en-ginebra/?fbclid=IwAR0D-aFVmdlL65OcdmoXa_YNKpyy-Vb5_1zsdzCpA9XTlNI9iBcFcs4SoYE