El dilema del agua, los glaciares y la minería. ¿Hasta cuándo?

El pasado 19 de julio, la minera Anglo American ingresó a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de expansión “Los Bronces Integrado” en la cordillera de la Región Metropolitana, y a solo 40 kilómetros de la capital. Esto a pesar de que se emplazará -a todas luces- en medio de ecosistemas frágiles y necesarios para el territorio donde habita un 40% de la población del país, más precisamente en la parte alta de la cuenca de los ríos Mapocho y Colorado, este último el principal afluente del Maipo.

Como queda demostrado en el propio documento del EIA, el proyecto tendrá faenas parciales en un área protegida, el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca, y en zonas colindantes con glaciares rocosos, cubiertos y blancos como el Bien Nacional Protegido Rio Olivares. En concreto, la compañía incluirá faenas subterráneas (660 m profundidad promedio) con “tecnología sustentable” y una expansión del actual rajo abierto, que supuestamente no afectará los glaciares.

Si nos vamos al detalle y en concreto a la afectación de glaciares, vemos que poca importancia le dan a la escasa distancia de las operaciones con los glaciares infiernillo y observatorio (que por ser del tipo “Glaciares cubiertos”, pudieran no verse a simple vista) que se podrán ver duramente afectados por la evidente generación de polvo y material particulado, las vibraciones de procesos, maquinarias y tronaduras y la filtración de agua desde los mismos glaciares en la fase subterránea. Y esto no es algo que nosotros simplemente creemos, los daños históricos en glaciares, como en el infiernillo, han sido documentados por varios estudios entre 1992 y 2010, y confirman que el impacto de estos proyectos es real.

Si ampliamos aún más el foco, también nos encontramos con que la expansión pasará muy cerca de un Bien Nacional Protegido poniendo en riesgo los glaciares Olivares Alfa y Beta los cuales registran las mayores reducciones de superficie de la zona central de Chile. Estos glaciares se encuentran inmediatamente al norponiente de la explotación Los Bronces y Andina (de CODELCO), donde con vientos del noreste, es evidente la deposición de polvo y partículas. Una situación que no debiera ser despreciable si consideramos que estos glaciares contienen la mayor reserva de agua dulce de la región Metropolitana.

Con esto surge la duda y la preocupación de si las figuras de protección por si solas son suficientes o si requerimos de miradas e instrumentos más integrales a escala territorial para hacer conservación. En este sentido, que se sigan gestando esta clase de mega proyectos nos hace pensar que los esfuerzos de conservación aislados, como los BNP o las áreas protegidas, no son suficientes si a su alrededor se desarrollan industrias extractivas y energéticas con evidentes impactos y que, en este caso, quieren ampliarse de forma subterránea intentando convencer que de esta manera lograran la anhelada sustentabilidad. Lo más aterrador de todo esto, es que esta intención es en rigor un derecho que le otorga la ley minera a los titulares la cual les transfiere total soberanía bajo el subsuelo dotándoles de un poder que es absoluto.

Con lo anterior, queda claro que el derretimiento acelerado de los glaciares, atribuible en gran medida al cambio climático, ya no es la única amenaza para las reservas de agua de esta zona, ahora lo es también su mala gestión e incipiente protección.  La expansión minera y el riesgo que ésta impone sobre los glaciares y el agua de la alta cuenca del Rio Olivares y Mapocho (Santiago) es evidente, y lamentablemente se mantendrá latente mientras no se modifique nuestra arcaica legislación y no se materialice una protección y planificación efectiva del territorio por parte del Estado.

Por dar algunas cifras, según Sernageomin, en las cuencas Olivares y Colorado, solo Angloamerican cuenta con al menos 75 concesiones (de exploración y explotación) lo que corresponde a aproximadamente 12.000 hectáreas, de las cuales una fracción de ellas están inmediatamente bajo glaciares. La dimensión del interés y potencial minero de este territorio quedan confirmados al contabilizarse más de 200 concesiones de explotación y aproximadamente un 50% de la superficie de este territorio con algún tipo de concesión (ver foto 3).

Resulta curioso además que Aes Gener, una empresa generadora de energía y dueña de Alto Maipo, tenga gran cantidad de concesiones mineras otorgadas a su nombre (compradas a Aguas Andinas según convenio de junio 2011) principalmente en el cauce del rio Colorado. ¿Será acaso qué el código minero es usado también como mecanismo para llevar a cabo otros fines? Esto nos hace pensar que si hidroeléctricas y sanitarias también poseen concesiones mineras, lo que involucra una afectación sobre el recurso agua, la dimensión y gravedad del impacto es enorme para la soberanía sobre nuestros recursos naturales, imprescindibles para nuestra vida y para la sustentabilidad del desarrollo.

De concretarse la expansión minera en los territorios antes mencionados, no solo se estaría contribuyendo al deterioro y derretimiento acelerado de los glaciares, sino que además se les estaría entregando en bandeja las aguas que pudieran caer en su propiedad. Si, leyó bien, porque de acuerdo al código de agua de 1981 y al de minería de 1983, quienes sean titulares de una concesión minera tendrán el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores mientras sean utilizadas para sus trabajos de exploración y explotación. Un “beneficio legal” pensado justamente para fomentar la actividad minera sobretodo en el norte donde la disponibilidad de este bien preciado es escasa. Actualmente en la reforma al código de agua se busca regular el uso de este derecho, el cual se les seguiría otorgando con la salvedad de que el titular deberá justificar a la DGA que efectivamente están haciendo uso de estas aguas en sus faenas. Sin embargo, dado el escenario actual de escases hídrica que azota nuestro país – y fuertemente a la RM – pareciera ser que esta medida sigue siendo bastante débil, descontextualizada e insuficiente.

Todo lo anterior parece irónico cuando se contrasta con los resultados entregados por el Instituto Mundial de Recursos Hídricos (WRI), a un mes del ingreso del SEI del Proyecto de expansión de los Bronces, el cual sitúa a Chile en el lugar número 18 del ranking global de países con estrés hídrico lo que significa que nos encontramos en riesgo alto de vivir una gran crisis, lo que significa alta vulnerabilidad. Sumado a esto, Fundación Chile en su informe “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile” posiciona a la región Metropolitana en una situación extremadamente alta.

Para seguir sumando, el propio Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR²) y la Dirección meteorológica de Chile (DMC), confirman la megasequía en la zona central de Chile, que se extiende por al menos 10 años, alcanzando para este año, al mes de julio, un déficit anual del 72% en las precipitaciones, y que está generando bajas en los caudales del rio Maipo en un 50% (mínimos históricos el año 2019). Y como si fuera poco, y en pleno invierno, el Ministerio de Agricultura acaba de decretar emergencia agrícola en la zona y desde el gobierno anuncian la creación de una mesa nacional de la sequía.

Con estos antecedentes, parece lógico pensar que los glaciares y su protección toman un rol absolutamente clave. ¿Tendrá sentido proyectar y operar un proyecto de extracción minera en estos territorios por las próximas décadas poniendo en riesgo un ecosistema que provee de agua a los 7 millones de personas que viven aguas abajo, y pudiendo afectar negativamente al Santuario de la naturaleza Yerba Loca y los glaciares que alberga el Bien Nacional Protegido Rio Olivares?

A nuestro parecer la respuesta es que por ningún motivo se debe aceptar mas proyectos en este territorio, y esto validado también por la ciudadanía, quien se encuentra tremendamente preocupada. La empresa propietaria de los Bronces y su proyecto de expansión recalca que ha invertido varios años de trabajo con comunidades.  Sin embargo, no han logrado convencerlos a todos ya que actualmente vecinos del sector de Farellones están llamando a través de sus redes sociales para movilizarse en contra de este proyecto y defender los glaciares. Una lucha difícil de dar dado el maratónico plan de audiencias de Anglo American, que según el portal infolobby registra en lo que va del año 140 audiencias, siendo éstas realizadas con servicios públicos, instituciones y ministerios, muchos de los cuales deben manifestarse en la evaluación ambiental del proyecto de expansión. Angloamerican es el top 1 del país en lobby.

Si vamos resumiendo, la cordillera de Santiago está viendo amenazada sus aguas y por ende nuestra seguridad hídrica, tenemos un “saludo a la bandera” con la conservación de ecosistemas frágiles y un precedente impresentable sobre la vulnerabilidad directa de un área protegida e indirecta de un Bien Nacional Protegido. Y, por otro lado, proyectos mineros con alto nivel de lobby y escaso o nulo apoyo ciudadano.

Al mismo tiempo que entra este EIA minero al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ocurren otros tres importantes hitos para la institucionalidad ambiental y que consideramos pertinente mencionar. Por un lado, se discute el Proyecto de ley sobre protección de Glaciares y por otro lado se vota en el Senado la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y se intenta reformar el SEIA.

Según lo que se pudo observar en una de las últimas sesiones de la comisión de energía y minería del senado sobre la Ley de protección de Glaciares, hay presión minera y del propio ministerio de la cartera por limitar sus contenidos, definiciones y restricciones, e incluso relativizar su pertinencia y existencia. En simple, estamos frente a un Gobierno que no está de acuerdo con el proyecto de ley porque no quiere dificultar el camino a la actividad minera, y se escuda diciendo que conservación y minería son compatibles, y anteponiendo argumentos relativos al efecto en el empleo y la merma en los ingresos que ocasionaría la promulgación de esta ley. Esta postura viene a confirmar y mantener abierto el camino, no solo para que mineras emplazadas en áreas de alto valor de conservación (por ejemplo, aquellas cercanas a fuentes de agua) sigan operando, sino que permite la futura expansión de sus operaciones, nuevos proyectos y prospecciones en casi cualquier territorio.

La ciudadanía, al mismo tiempo que comienza a desconfiar del mito que la minería es el “Sueldo de Chile”, plantea legítimas dudas sobre los potenciales impactos de algunos proyectos mineros sobre los glaciares, áreas protegidas y ecosistemas cordilleranos, así como de la robustez y confiabilidad del actual Servicio y Sistema de Evaluación Ambiental (SEA y el SEIA respectivamente) en su tarea de preservar nuestro medio ambiente y la biodiversidad.

Es por ello que la declaración de nuevas Áreas Protegidas Oficiales -que incluyan Glaciares- se perfila como una medida real y urgente para la zona central de Chile, siempre y cuando contemple además la implementación de medidas accesorias, pero muy relevantes, como declararlas áreas de interés científico para efectos mineros – que traspasa la responsabilidad del Intendente al Presidente de la República para aprobar el uso minero dentro de estas áreas – y que se considere en su diseño zonas buffer para protegerse de externalidades generadas por industrias colindantes. Sin embargo, la real y anhelada solución sería que con el solo hecho de que un territorio tenga una categoría protegida se prohibiera explícitamente el ingreso de la minera dentro y alrededor de estas.

De modo general, la existencia de Parques Nacionales y el uso de infraestructura verde, son medidas fundamentales de mitigación y adaptación ante el cambio climático y un escenario de escasez hídrica. El gobierno debe involucrarse y hacerse cargo de su responsabilidad, pero con una visión holística, coherente e integrativa con las comunidades.

En paralelo al despertar ciudadano en lo que refiere a materias ambientales, su importancia y urgencia, y la necesidad de involucrarse ante el escaso compromiso del Estado y el desmesurado interés económico, resuenan cada día con más fuerza las iniciativas civiles que intentan cuidar y preservar estos territorios de montaña y sus recursos. Un objetivo necesario a seguir empujando y presionando -con argumentos científicos y con base en lo socioambiental- desde la ciudadanía y las ONGs debe ser redefinir el código minero y el código de agua, ambos instrumentos que no hacen otra cosa que prolongar la agonía del país y amenazar nuestra propia supervivencia. Asimismo, deben buscarse soluciones basadas en la justicia ambiental o ecológica, y en un entendimiento más profundo y ético de nuestra relación con la naturaleza.

Vemos que las autoridades enfrentan la megasequía desde una óptica cortoplacista y asistencialista, con un foco claro en infraestructura gris y tecnificación, con subsidios parche y con un claro interés en seguir aumentando los suelos agrícolas regables y otras actividades económicas con alta demanda de agua, continuando de paso con la privatización del agua. No parece razonable ni ético que, en estos días, estando en una situación de crisis hídrica alarmante, el Estado siga rematando más derechos de agua para el desarrollo de actividades económicas privadas, con un sobreotorgamiento del recurso, como el reciente caso del Rio Renaico.

En todo caso, aunque la tecnificación, la racionalización, la concientización sobre su consumo y la infraestructura son obligatorias como estrategias para la gestión del recurso, es impensable e inaceptable que el gobierno no vaya al origen, a la naturaleza misma del agua, entendiendo su ciclo, y a cuidar su fuente y a priorizar el consumo humano, que es un derecho, por sobre el uso industrial.

Es seguro que se intentará desviar la atención de la ciudadanía alejándola del real origen del problema y de las estrategias de mitigación más acertadas, y se presentarán como brillantes soluciones las carreteras hídricas y el bombardeo de nubes, o poner énfasis en la responsabilidad a la ciudadanía (y no en la agricultura e industria) como se insinúa con la cuestionada campaña “dúchate en 3 minutos”. Todas estas iniciativas son a nuestro juicio incoherentes y no atacan el problema de raíz.

En el escenario actual de cambio climático donde se constata un severo estrés hídrico y donde la institucionalidad ambiental y el modelo económico están en crisis ¿qué opción nos queda?, ¿Estamos suficientemente informados de los proyectos que se están perfilando a solo kilómetros de nuestros hogares y sus consecuencias?, ¿Nos damos cuenta que estos proyectos están amenazando nuestros derechos, como es el agua y una naturaleza libre de contaminación?, ¿Actuamos en coherencia cuando vemos que nuestros territorios y recursos son sacrificados por el mero interés económico?, ¿No será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a nuestros tiempos y realidad? ¿Qué opina Ud?

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