En la legislatura se aprobó una ley que facilita aún más los procesos de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental para las mineras que extraen litio. Los ecosistemas de salares y la provisión de agua para las comunidades indígenas están cada vez más en peligro.
El jueves 4/09 se aprobó en la legislatura el Decreto Acuerdo N° 9194 propuesto por el ejecutivo que ratifica a las reservas minerales que contengan litio como recurso estratégico. El decreto convertido en Ley N° 6.138 deroga el Decreto Acuerdo N° 7592 – P/2011 que plantea que en materia de exploración y explotación de minerales de primera categoría, como es el litio, un procedimiento adicional, a los previstos en el Decreto N° 5772 – P/10, como es el estudio ambiental por parte del Comité de Expertos (integrado por representantes del ministerio de producción, CONICET, UNJu, Dirección de Minería, de la legislatura, entre otros) para el Análisis Integral de Proyectos de Litio.
Fue el mismo estado provincial en el año 2011 el que tuvo que reconocer, aunque sea formalmente, que en la Reunión de expertos senior sobre el desarrollo sostenible del litio en América Latina, organizada por la CEPAL – Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en el año 2010, habían concluido que “La extracción de litio a través de la evaporación de salmueras en salares puede tener impactos significativos en el delicado equilibrio de los suministros de agua. Estudios exhaustivos de impacto medioambiental y de monitoreo son esenciales para impedir, minimizar y mitigar cualquier impacto negativo en la flora y fauna así como en los ecosistemas de los salares y las áreas adjuntas”. Por eso afirmaban que “es aconsejable aplicar análisis específicos sobre el impacto y conveniencia de la ejecución de proyecto de exploración y explotación del litio”.
Con el Decreto 7592 del año 2011, los proyectos de litio para ser aprobados o rechazados tenían que tener resolución conjunta del ministro de producción y el Secretario de Gobernación, aprobación de la Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos, previo procedimiento de la U.G.A.M.P. (Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial) (conformada por instituciones del estado provincial, universidad, empresarios mineros, AOMA, entre otros) y recomendación favorable del Comité de Expertos para el análisis Integral de Proyectos de litio. Con la Ley aprobada recientemente el Estado provincial facilita aún más el proceso de estudios de impacto ambiental a favor de las multinacionales y empresas mineras, y reduce la misma solamente a la evaluación por parte de la U.G.A.M.P. totalmente cuestionada por organizaciones ambientales y comunidades indígenas.
El negocio del litio
La provincia de Jujuy tiene una de las principales reservas de litio y es parte de lo que se denomina el triángulo del litio, cuyas áreas concentran el 80 % de las reservas mundiales de salmueras entre Argentina, Bolivia y Chile. Este recurso no renovable ha cobrado especial interés de parte de las multinacionales mineras por el rol en la producción de baterías para dispositivos electrónicos, para la fabricación de autos eléctricos y la industria automotriz. En los proyectos mineros puede verse la incidencia de empresas multinacionales del sector automotriz como la Toyota, Nissan, y Mitsubishi en la extracción primaria del mineral.
En el país hay por lo menos 47 proyectos (42 de extracción en depósitos en salmueras y 5 en depósitos de la roca pegmatita) según un informe del Ministerio Nacional de Energía y Minería del año 2017. Los proyectos más avanzados en la puna argentina están en Jujuy, a través de Sales de Jujuy y Minera Exar situados en el salar Olaroz Cauchari, al sur oeste de la provincia. Ambos son proyectos propiciados por el gobierno provincial y la empresa estatal JEMSE, quien es socia minoritaria (8.5 % de los intereses) de multinacionales como Orocobre (Australia) y Toyota Tsusho (Japón), en el caso de Sales de Jujuy, o Lithium Americas (Canadá) y GFL Lithium Co. (China), en el caso de la empresa EXAR.
Si bien el litio se puede extraer de distintos depósitos: de la salmuera, de la roca dura y de depósitos sedimentarios, y cada uno exige distintos tipos de extracción y métodos de procesamiento, es la extracción de los depósitos de salmueras por evaporación la forma más rentable, y es a la vez la que pone en riesgo los ecosistemas de salares y humedales por la afectación de las reservas de agua dulce, afectando el modo de vida, de producción y de identidad de las comunidades indígenas de la zona.
Ecosistemas en peligro
Hay varios estudios como los realizados recientemente por la *FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) en Jujuy y también por el **OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina) que dan cuenta de la fragilidad de los ecosistemas de salares. Los salares se encuentran en regiones de gran aridez, donde los balances hidrológicos son negativos (se pierde más agua por la evaporación de los salares de lo que ingresa por las lluvias estacionales). Las únicas fuentes de ingreso de agua al sistema del salar, son a partir de las lluvias de verano y las recargas laterales de los ríos de estación debido a la aridez del clima.
La producción de litio mediante el método de evaporación y sin la reinyección de agua en el sistema subterráneo, como lo hacen actualmente las multinacionales, puede generar un riesgo muy probable en la degradación irreversible de las reservas de agua dulce cercanas, como también la alteración del sistema hídrico superficial y la afectación del proceso ancestral de cosecha de sal practicada por las comunidades originarias.
Según el geólogo forense Fernando Díaz, citado en varias investigaciones al respecto, afirma que por cada tonelada de litio extraído, se evaporan dos millones de litros de agua. También menciona que la extracción de la salmuera para obtener litio genera la disminución del nivel base de agua subterránea de las cuencas generando un descenso de agua dulce fuera de los bordes de la salina, provocando la desaparición de lagunas y vegas.
Tanto en Chile, en el salar de Atacama, como en la cuenca Olaroz Cauchari, o en Salinas Grandes y Guayatayoc, diversos científicos coincidieron sobre la amenaza que implica la explotación indiscriminada de las aguas de la zona especialmente a través de la minería del litio en microorganismos, especies mamíferas y vegetales, en el balance hidrológico, impactos salinos sobre la superficie y acuíferos, y afectación de la vida de las comunidades del lugar. Hay que mencionar también que la producción de carbonato de litio requiere altos niveles de agua durante su procesamiento con distintos elementos químicos generando así la contaminación de las aguas, y afectación de la salud de los trabajadores y las comunidades indígenas.
El agua es vida
La explotación de litio por parte de las multinacionales mineras en la provincia siguen teniendo luz verde a pesar de los daños irreversibles que podrían llegar a ocasionar.
Los procedimientos de evaluación y estudios de impacto ambiental en la provincia, que data de gobiernos anteriores, vulneran las mismas legislaciones nacionales e internacionales como vienen denunciando organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas en la provincia, en relación a lo que plantea la Ley General de Ambiente (Ley 25.675) y el Convenio 169 de la OIT que da cuenta del proceso de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias involucradas.
El proyecto de ley aprobado recientemente por el oficialismo, donde el mismo estado provincial disuelve la Mesa de Expertos del Litio para la evaluación de los proyecto de extracción de litio, es una clara muestra de que la tendencia es dar vía libre a las multinacionales, incluso derogando las normas vigentes que ya son completamente limitadas y con sobrados cuestionamientos.
El estudio de la FARN realizado en el salar Olaroz Cauchari, a partir de entrevistas realizadas a integrantes de las comunidades indígenas atacameñas, da cuenta que no hubo espacios de información y debate sobre los impactos ambientales y sociales en su modo de vida y producción agropastoril del proyecto de minería, y ningún espacio garantizó el procedimiento de consentimiento previo libre e informado a las diez comunidades del lugar, de hecho el grupo Apacheta denuncia el accionar fraudulento al respeto. Es importante remarcar que la concesión realizada por el estado provincial a las multinacionales en el salar Olaroz Cauchari es territorio indígena, y además se encuentra en una Reserva provincial de Flora y Fauna creada en 1981.
En la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc viven 33 comunidades coyas y atacameñas. Actualmente no se explota litio de los salares, pero si desde el 2009 que multinacionales como Orocobre, avanzaron en acciones de exploración, generando impactos ambientales y sociales en la cría artesanal de sal, contra los derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades están organizadas desde hace años en la Mesa de Salinas Grandes y Guayatayoc contra este accionar que rechazan. Vienen realizando distintas acciones, marchas, denuncias legales que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Indígenas.
Portón abierto a las multinacionales extractivistas y saqueadoras
Gerardo Morales tomó la posta del trabajo realizado por el PJ y profundizó la política minera junto con Macri generando todo tipo de facilidades como las rebajas impositivas votadas en la legislatura jujeña (con el aval del PJ), o la eliminación de un impuesto a la exportación de minerales por decreto, a la que se suma la retención por regalías de un minúsculo 3%.
El Código de minería y la Ley de inversiones mineras del menemismo vigentes hasta ahora, procedimientos de Estudios de impactos ambiental EIA más rápidos y funcionales a las empresas, y de consulta previa libre e informada falsos y plagados de irregularidades son el mejor escenario para el saqueo y el extractivismo a favor de las multinacionales mineras de los países imperialistas en Jujuy y Argentina. Por eso Morales anunció con bombos y platillos el avance en la inversión de los dos principales proyectos en extracción de litio en el salar Olaroz Cauchari, como Sales de Jujuy S.A. y Minera EXAR, y Alberto Fernández afirmó que las personas deben amigarse con la minería, dando todo tipo de garantías a las multinacionales imperialistas para que continúen con el saqueo y la contaminación.
Hay que hacerse eco de las denuncias y de la lucha de las comunidades originarias de la puna, de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, y de organizaciones ambientalistas y técnicos que vienen dando cuenta del peligro e impactos que puede generar la extracción evaporítica de litio en los salares, el uso y la contaminación indiscriminada del agua. Es necesario exigir el cumplimiento de la Ley General de Ambiente y todas las leyes ambientales, como también el Convenio 169 de la OIT, leyes y tratados internacionales de derechos indígenas, que hacen al consentimiento previo, libre e informado, y al derecho a decidir de las comunidades sobre sus territorios, sobre sus modos de vida, cultura y producción, como también la prohibición de la megaminería y toda técnica extractivista que ponga en riesgo nuestros bienes y recursos naturales, como el agua.
[1] * Extracción de litio en Argentina: un estudio de caso sobre los impactos sociales y ambientales. FARN. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Autora: Marchegiani y otros. Año 2.017.
Estudio de los Recursos hídricos y el impacto por explotación minera de litio. Cuenca Salinas Grandes y Guayatayoc, Jujuy. FARN. Autores: Sticco y otros. FARN. Año 2.018.
** Impacto socio ambiental de la extracción del litio en las cuencas de los salares alto andinos en el Cono Sur. Autora: Bárbara Jerez Enriquez. Observatorio de conflictos mineros de América Latina. OCMAL. Año 2.018.