La ONG Global Witness cifra en más de 80 los activistas asesinados el año pasado. Colombia, con 24 muertos, supera a Brasil como el peor país.
Julián Carrillo sabía que iba a ser asesinado. Como su cuñado Santiago. Y su yerno Julián. También sus sobrinos Guadalupe y Alberto, y su hijo Víctor, a quien vio morir a balazos. Solo era cuestión de tiempo. En diciembre de 2017 un grupo armado prendió fuego a su casa. Logró salir vivo, pero un año después no pudo escapar a su suerte: fue abatido por un grupo de hombres con armas de alto calibre, como si fuese un peligroso criminal.
Pero el delito que cometieron Carrillo y los cinco miembros de su familia asesinados en dos años en el territorio indígena de Coloradas de la Virgen (Chihuahua, norte de México) fue resguardar los bosques de la Sierra Madre. Protegerlos de las nuevas concesiones mineras autorizadas por el Gobierno; de la tala ilegal y del crimen organizado, que se apropia del territorio para sembrar cannabis o amapola.
Carrillo fue uno de los 14 defensores de la tierra asesinados en el país norteamericano el año pasado, según el último informe de la organización ecologista Global Witness. La cifra revela que la situación apenas ha mejorado respecto al año anterior, cuando murieron 15 activistas. También demuestra que los mecanismos de protección que brinda el Gobierno a los defensores y periodistas en riesgo raramente funcionan. El protector de los bosques de la Sierra Madre contaba con ese mecanismo. De poco sirvió.
Su lucha fue la continuación de la de tantos otros líderes indígenas rarámuris que dieron la vida por evitar la deforestación de sus territorios. Porque, para esa etnia, el bosque lo es todo: atrae el agua, provee de alimentos, da refugio a los animales. Defenderlo está en su ADN.
El crimen más sonado en la comunidad fue el de Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman, conocido como el Nobel de la Ecología. Ser uno de los activistas más reconocidos de América Latina no impidió que fuera asesinado sin piedad, también a tiros, en enero de 2017. Ni que la impunidad, la intimidación y la violencia contra sus sucesores —entre ellos Julián Carrillo— continuase en Coloradas de la Virgen.
La situación no es mucho más alentadora en los demás países de América Latina: la región volvió a ser en 2018 la más mortífera del planeta para los defensores de la tierra, según la lista negra de la ONG. Colombia superó por primera vez a Brasil como el país con más asesinatos de la región, con un total de 24 frente a los 20 del país gobernado por Jair Bolsonaro.
Pero la organización alerta que todo apunta a que la situación en Brasil empeorará. “Bolsonaro ha prometido permitir la explotación de las reservas indígenas con proyectos de minería, agricultura e infraestructura. En lo que va del año, esto ya desencadenó una serie de invasiones a tierras indígenas por parte de usurpadores de tierras armados”.
El informe ¿Enemigos del Estado? hace un llamado especial sobre la situación en Guatemala, un país en el que se quintuplicaron los asesinatos en el último año. Si en 2017 murieron tres defensores en ese país, el año pasado la cifra se disparó hasta los 16 debido a una ola de violencia vinculada a proyectos hidroeléctricos en tierras ancestrales.
En concreto, la organización denuncia el asesinato de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro, dos de las cabezas más visibles del movimiento indígena en contra de la hidroeléctrica de San Andrés, que, según Global Witness, está vinculada a la poderosa familia Mata.
Los cuerpos de los hermanos Esteban Pedro aparecieron a orillas del río Yalwitz en diciembre de 2018, cerca de la hidroeléctrica. No fueron los únicos miembros de la organización Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis en sufrir las consecuencias de su activismo. En octubre de ese año, al menos seis de ellos ya habían resultado heridos al ser atacados por la policía durante una manifestación.
Por primera vez, el informe documenta también cómo los Gobiernos utilizan sus leyes para criminalizar e intimidar a los defensores. Por ejemplo, destaca que decenas de campesinos y estudiantes fueron detenidos en Nicaragua después de que el gobierno aprobase en 2018 una ley que ampliaba la definición de terrorismo.
“A diferencia de los asesinatos, estas amenazas más sutiles no llegan a ser titulares de prensa, razón por la que son muy útiles para quienes buscan aplastar la disidencia”, asegura Global Witness. “Al igual que con los asesinatos, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de sus países”.
Fuente:https://elpais.com/sociedad/2019/08/02/actualidad/1564774252_605978.html