Amenaza ambiental, 39 minas a cielo abierto en Morelos

En el Registro Público de Minería existen 25 mil 221 concesiones mineras vigentes que amparan 20 millones 970 mil hectáreas. De acuerdo con el libro Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un Reto Múltiple, de Paul Hersch Martínez, Lilián González Chévez, Mariana Solorio Damian y Catalina Sedano Díaz, y actores sociales de la Flora Medicinal en México, bajo el auspicio del Instituto de Nacional de Antropología e Historia (INAH), muchas de las concesiones vigentes se superponen con zonas arqueológicas registradas y es seguro que otras coincidan con zonas aún no conocidas ni exploradas.

México es uno de los países en el mundo que cobra menos derechos por concesiones del subsuelo y menos impuestos por los productos que extraen las empresas mineras nacionales y extranjeras. Cobra por extensión de tierra concesionada y no por volumen de metal extraído, en los primeros años de concesión cobran 5.90 pesos por hectárea cada semestre.

En Morelos se cuentan con 39 concesiones, entre ellas las ubicadas en los municipios de Temixco, Miacatlán, Xochitepec y Cuernavaca, sumando 15 mil 25 hectáreas en un estado cuya superficie forestal ha sido desmontada en un 70 por ciento.

La minera pretende establecer su explotación a 12 kilómetros de la capital del estado, en una zona que involucra a numerosos asentamientos humanos, entre ellos Acatlipa; Temiaxco; Xochitepec; la Unidad Morelos; Alpuyeca; Tetlama; Cuentepec; Xochicalco; Palpan; Tlajotla; Coatetelco, y Miacatlán.

Dicha concesión fue entregada a la empresa canadiense Esperanza Silver, de Vancouver, por la Secretaría de Economía y vence hasta el 14 de mayo de 2059, en la cual está incluido el subsuelo de la zona arqueológica de Xochicalco, declarada patrimonio cultural de la humanidad en 1994.

En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos Gold; sin embargo, en 2014 ante la presión de comunidades afectables, ambientalistas y académicos, así como la participación del Gobierno estatal resultó en el rechazo de la manifestación de impacto ambiental presentada para iniciar la explotación en enero de ese año, aunque las concesiones no se cancelaron al durar 50 años y ser prorrogables otro medio siglo más.

MEGAMINERÍA EN MORELOS HOY

La empresa canadiense Alamos Gold podría pretender reactivar el proyecto de explotación en el cerro del Jumil, informó la alcaldesa de Temixco, Jazmín Solano López, quien advirtió que desde hace un mes la empresa la ha buscado, teniendo al mismo tiempo reuniones con las comunidades cercanas a la mina de Huautla.

No obstante, aseguró que dependerá de la misma población si el proyecto se reactiva, aunque personalmente sólo le han entregado ciertos estudios, “dejan la información de que cambian de empresa, me han dejado carpetas y vienen algunos estudios, pero deben medir el tema social y político”.

Por su lado, la arqueóloga e investigadora del INAH en Morelos, Silvia Garza Tarazona, recordó que desde hace cinco años se encuentra en constante lucha para que la minería termine en el país, teniendo como ejemplo en Morelos, un proyecto que afectaría en gran medida la zona arqueológica de Xochicalco al ubicarse en los límites de la concesión minera y cuando decidan a utilizar explosivos se podrían generar daños graves en la región.

Comentó que todas las excavaciones de ese tipo deben ser consideradas ecocidios e inclusive genocidios, pues, la forma en que efectúan los trabajos ya no es en túnel, como antiguamente se sabía, sino que ahora realizan una perforación con la que arrasan con todo, además de que la tierra que utilizan y llenan con ácidos, para obtener los minerales deseados, la vuelven a esparcir, ya contaminada, en la mina.

Refirió que a corto plazo, el polvo tóxico de las minas a tajo abierto integrado por metales pesados se impregna en las mucosas y la piel, lo que provoca: irritación en los ojos; conjuntivitis; comezón inusual, y enfermedades graves en la piel. A largo plazo afecta los riñones, hígado y pulmones, aumenta los abortos, tumores y malformaciones congénitas.

Los tóxicos pueden también incapacitar para siempre o incluso llegar a matar, mientras que los trabajadores mineros están expuestos a mayores riesgos por su cercanía a los tóxicos, el polvo y el ruido; igualmente representa una sobrexplotación a los recursos naturales en México, así como a los derechos de los campesinos, quienes no son bien recompensados por sus tierras.

Garza Tarazona confirmó que si las labores de minería continúan, entonces, el área arqueológica desaparecerá y, además, podría dejar a Cuernavaca sin agua potable.

Según el citado libro Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un Reto Múltiple, una mina pequeña de tajo abierto, se detalla en el libro, consume unos 250 mil litros de agua cada hora, 250 tinacos de mil litros, lo que representa lo que una familia campesina usa en 20 años.

Para el gasto excesivo de agua en su beneficio, las mineras la sacan de pozos que pueden ser muy profundos y de ríos cuyo cauce desvían. Posteriormente, la vierten, ya con residuos tóxicos, en corrientes naturales y, entonces, llega al subsuelo; por el momento, el control y el monitoreo de esos procesos contaminantes resulta insuficiente y hasta nulo.

Entonces, el que disminuya la cantidad de agua no es el único problema, sino que está la contaminación que se genera, pues con ese efecto disminuye la disponibilidad de agua para consumo humano y agrícola.

En 2012, debido al Proyecto Jumil, de Alamos Gold, se suscitaron agresiones a opositores, división social y afectaciones previsibles en Temixco, Miactalán y Xochitepec. La megaminería se aprovecha de estos conflictos sociales para comprar voluntades; además, utiliza la desinformación y hostiliza a los opositores para sacar provecho a favor de su proyecto, dejando de lado las problemáticas que podría ocasionar en las comunidades y no le da el peso necesario a las necesidades de sus mismos pobladores.

Ante ello, el texto puntualiza que las instituciones públicas requieren una política integral e intersectorial de protección, lo cual evitaría que mientras unas dependencias promueven proyectos sin considerar sus riesgos, otras se vean afectadas por las consecuencias de ellos en su responsabilidad pública.

Por todo ello, es necesario un sistema permanente de monitoreo e información a nivel municipal, estatal y federal, para ser aplicado desde antes del otorgamiento de concesiones con la participación decisoria de los pueblos afectables.