Comunidades de la costa de Chiapas exigen freno a proyectos hidroeléctricos y mineros

“Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y actuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región”, refiere la organización chiapaneca que se opone a la construcción de la represa en la zona media alta de Tapachula entre los ejidos Mexiquito, Congregación Zaragoza y El Cairo, en el municipio de Huehuetán.

Al mismo tiempo las comunidades se oponen al proyecto que pretende instalarse en los ejidos Chespal Nuevo y Chespal Viejo, afectando territorios indígenas Mam de los municipios de Tapachula y Cacahoatán.

De acuerdo al testimonio de Claudia Ytuarte Núñez, integrante de la La Voz del Pueblo, existen por lo menos siete proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas en la región costa sur de Chiapas.

También, en la misma zona existen 78 conseciones mineras (de un total de 99 en todo Chiapas) en los municipios de Escuintla, Chicomuselo, Acacoyagua y Tapachula. Los minerales son extraídos por empresas canadienses y chinas, los cuales van del oro, plata, mercurio, zinc, plomo, hierro hasta el titanio, éste último clave para las industrias tecnológicas, aeronáutica, naval y armamentista.

“En 2014 vimos la relación presa-minería”, relata Ituarte, antropóloga quien ha colaborado con la organización del Soconusco desde su creación. “Dónde había permisos de exploración mineras en la costa fue donde ubicamos un punto cerca de Congregación Zaragoza donde esta la (presa) de Cuilco. La (presa) de Coatán donde está cerca el punto de Aguacaliente. Descubrimos que todos los minerales que son importantes extraer, la mayor parte marcaron desde Ciudad Hidalgo por toda la llanura hasta Mapastepec y el mar; con las presas realmente toda esta franja costera desaparecería porque es un sistema bien interconectado. Por ejemplo, los manglares desde San José hasta Pijijiapan están conectados por la (reserva) Encrucijada”.

Renovables en Chiapas, un atractivo negocio

El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos.

Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano.

“El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.

Específicamente, el proyecto de Cuilco presentado en 2012 planteaba la construcción de una cortina de 35 metros de alto, lo cual inundaría un área de nueve hectáreas de terreno donde los campesinos siembran café y plátano.

A pesar de que la empresa Hidrochiapas, S. de R. L. de C. V. argumentó desde la presentación del proyecto que “cuenta con la anuencia de la mayoría de los propietarios de la zona”, fue hasta el año de 2014 cuando representantes de las empresas Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. se dieron cita en el lugar para intentar comprar tierras para la instalación de mini centrales hidroeléctricas en los ríos Coatán y Cuilco.

“Las pequeñas y medianas hidroeléctricas en el país dejarán una derrama de poco más de 30,000 millones de pesos en los siguientes 10 años, señaló en 2013 Jacobo Mekler Waisburd, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica. Dicha asociación, através del Grupo Comexhidro promueve los proyectos de Cuilco y Coatán. A su vez, Amexhidro representa los intereses de un conglomerado de 19 empresa, las cuales cuentan con 4 proyectos en operación, 23 permisos aprobados por la Comisón Reguladora de Energía y 43 proyectos en desarrollo.

Paradójicamente para los campesinos, la energía producida por las mini centrales hidroeléctricas de los ríos sería distribuida a clientes privados e incluso se habló desde 2012 que el excedente sería vendido a ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

El caso de Grupo Comexhidro es un ejemplo del suministro de energía eléctrica producida por la inversión privada mediante proyectos de energía “limpia” en México la cual responde a intereses corporativos como lo exhibe su catálogo de clientes: Walmart, Comex y General Motors así como a 10 ayuntamientos de estados del centro-norte de México.

Hidroeléctricas: abuso y violencia en México

Mientras el negocio en energías renovables ofrece gran rentabilidad para las corporaciones, en las comunidades donde se instalan los proyectos abundan las denuncias por prácticas ilegales tales como corrupción y violencia contra quienes se oponen a las represas.

Un ejemplo es lo que sucede con las comunidades en la región donde opera la central hidroeléctrica en la sierra de Zongolica, Veracruz. La implementación de la hidroeléctrica a cargo de Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. en conjunto con Electricidad del Golfo de S.L y Conduit Capital Partners LLC, ha sido señalada por pagar sobornos para obtener licencias irregulares o inexistentes y omitir consultar a las comunidades dentro del rango de afectación en las cuencas.

De acuerdo al reporte “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, de un total de 304 megaproyectos registrados en todo el territorio mexicano donde se ha suscitado hechos violentos, la industria hidroeléctrica se encuentra en tercer lugar en generación de conflictos, sólo después de la actividad minera y petrolera.

Entre las empresas hidroeléctricas que suman mas reportes de violencia se encuentra Grupo Comexhidro.

“Regularmente, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción institucionalizada, como los juicios y recursos de amparo. En tanto que las comunidades que buscan la negociación de beneficios son las que realizan acciones ‘no institucionalizadas’, como la toma de instalaciones, de oficinas públicas, de las empresas, o retención de funcionarios”.

“Por otra parte, expertos relacionados con la industria extractiva en México, dentro del sector público y privado –que fueron consultados para esta investigación– coincidieron que la consulta previa frente a un megaproyecto sirve para legitimar la implementación del proyecto y la actuación del Estado más que para las propias comunidades”, denuncia el reporte presentado en marzo de 2019.

Aún con toda la documentación e incluso con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las comunidades circundantes al río Cuilco han impedido la realización de la obra pues “coloca en riesgo la vida del río Cuilco que abastece a cientos de comunidades que subsisten de él y a la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada, donde desemboca”, enfatizó la organización La Voz del Pueblo.

“Nosotros lo hemos detenido. Acacoyagua (donde se detuvo la operación minera) y todos los que estamos aquí lo hemos detenido por esa parte de el compromiso de la sociedad con el lugar donde vive”, señala Claudia sobre la firmeza de la organización en hacer frente a la imposición de proyectos que las comunidades nunca solicitaron.