La consolidación del modelo extractivista contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años.
Mediante un proceso de subasta y remate se otorgaron 275 concesiones con más de 1.500 millones de dólares comprometidos en el período 2018 – 2021, para actividades de exploración minera, manifestó este 27 de abril Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. De tal manera que las transnacionales que tienen proyectos en el país anunciaron la creación de la Alianza para la Minería Responsable en Ecuador (AMRE). Alianza que está liderada por Adventus, Lowell Copper, Cornerstone, Lumina Gold, INV Metals, Lundin Gold, Newcrest, Toachi Mining, SolGold y la Cámara de Minería del Ecuador. Así, la política extractiva se profundiza en Ecuador, violentado los derechos individuales y colectivos de la población, en especial su derecho a la consulta previa porque las comunidades no fueron consultadas por el estado ecuatoriano para el otorgamiento de la concesión minera a favor de las compañías mineras.
El presidente Lenín Moreno, el 24 de abril de 2019, mediante Decreto Ejecutivo 722, dispuso la emisión de la nueva Política Minera del Estado, la cual tiene seis ejes: planificación sectorial, inversiones, consulta previa y popular, gestión eficiente y sostenible, combate a la minería ilegal y beneficios tributarios. Estos ejes buscan fundamentalmente una mayor articulación entre Ministerios, inversionistas extranjeros y sectores de la sociedad civil, incrementar la inversión con beneficios tributarios como exenciones de impuestos y eliminación de otros, flexibilizar las normas para el otorgamiento de permisos y licencias ambientales, y regular la consulta previa, libre e informada. Asimismo, el Gobierno ha incluido a los proyectos mineros Fruta del Norte y Mirador, ubicados en Zamora Chinchipe y Loma Larga, en Azuay, en el plan de ingresos de la minería para el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según la investigación de Martín Zorrilla y otros (2018), nuestro país cuenta con la mayor biodiversidad del mundo, la amenaza de extinción para parte de esta biodiversidad ha aumentado dramáticamente desde abril de 2016, tiempo durante el cual el Gobierno ha abierto alrededor del 13% del país a la exploración minera, con muchas de las concesiones en bosques previamente protegidos. Si se produce exploración o explotación, estas nuevas concesiones disminuirán significativamente las áreas protegidas forestales, dado que más del 30% del área total protegida por Bosques Protectores (BP) se incluye en las nuevas concesiones mineras exploratorias. La mayoría de las concesiones se ubican en la hiperdiversa zona de bosques y fuentes de agua.
En el marco de la resistencia frente a la imposición de proyectos extractivos las organizaciones sociales desde el 2017, exigieron a la Contraloría General del Estado investigar y emitir informes sobre las irregularidades denunciadas por las comunidades, respecto de varios proyectos de minería a gran escala. Hasta la fecha el contralor subrogante Pablo Celi ha visitado los proyectos mineros: Loma Larga en Quimsacocha – Azuay y Llurimagua en Imbabura.
El proyecto Llurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami) y la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco) de Chile, empresa que, hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. La falta de evaluación y control permitió que no se apliquen medidas de prevención y mitigación, por lo tanto, no aplicaron sanciones administrativas para suspender o revocar la licencia ambiental, es decir que el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó el estudio de impacto y plan de manejo ambiental sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto. Las violaciones a la ley han sido tan graves que la Contraloría concluyó en su informe que la concesión minera debió haber sido revocada.
Mientras que el informe de la Defensoría del Pueblo sobre este proyecto, evidencia que varias personas de la zona de Intag, opuestas al proyecto minero, están bajo amenaza constante. Además, señala que, junto a la ausencia de supervisión de las operaciones mineras, el Estado, a través de sus instituciones, incluida la Policía Nacional, violó sistemáticamente los derechos de la comunidad y la naturaleza.
El 8 de mayo de 2019, Carlos Pérez, Ministro de Energía y Recursos No Renovables, anunció una reforma al Código Orgánico Ambiental para normar la consulta previa y popular, en el tema minero, petrolero y eléctrico; también anunció que el presidente Lenín Moreno en días posteriores firmará un Decreto Ejecutivo en este sentido. Esta reforma alarma a las comunidades afectadas, en el caso de Quimsacocha atenta contra la consulta popular del 24 de marzo de 2019, que ha sido un precedente importante de democracia, con una repercusión directa, vinculante con el territorio, luego de un proceso largo de resistencia que no ha estado exento de persecución, criminalización y judicialización a los dirigentes sociales.
Con estos antecedentes, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU denuncia que este nuevo anuncio de regular las consultas vía decreto es ilegal, porque pretender regular un derecho constitucional violentando el principio de reserva de ley, pues es una clara contradicción a las decisiones judiciales y decisiones de las personas en los territorios, que se han pronunciado y demandado para frenar las actividades extractivas.
Exigimos que se cumplan las sentencias y las decisiones expresadas vía consultas populares, que las autoridades estatales cumplan lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en el Examen Especial sobre el proyecto Llurimagua. Además, que se cumpla lo dispuesto por la Defensoría del Pueblo en la Resolución Defensorial sobre la violación a los derechos humanos y de la naturaleza de este proyecto, donde exhorta al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables a declarar la caducidad de la concesión minera Llurimagua, y a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) la reversión de autorizaciones de uso de agua.
Alertamos que la imposición y consolidación del modelo extractivista en el Ecuador atenta contra los derechos humanos y de la naturaleza, garantizados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales; por lo tanto, contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años, incluso existen asesinatos de dirigentes sociales que han quedado en la impunidad y son muestra de un contexto de conflicto por la apropiación de los recursos naturales por parte del Estado y las empresas transnacionales. Hemos constatado que hasta el momento el papel del Estado ha sido garantizar que las actividades de las empresas mineras no se interrumpan; un ejemplo claro es la imposición de una política pública minera violentando el derecho a la consulta previa libre a informada, y su incapacidad para controlar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades mineras.
Fuente:https://cedhu.org/noticias/counicados/152-alerta-por-la-consolidacion-del-modelo-extractivista-en-ecuador?fbclid=IwAR2lBZHwIlL3mL4YXty9Ud9GChBkMzpNOV__DNl0sNhfi60FgRvxM7QrMsE