Hace unos meses que se remacha que la First Silver Majestic Company y la empresa Pietro Sutti consiguieron 22 concesiones mineras para hacer prospección y explotación en San Luis Potosí, en Virikuta o desierto de Coronado (subsistema del Gran Desierto de Chihuahua, una de las más importantes zonas megadiversas en México).
Ya el propio delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en San Luis Potosí, Joel Milán Navarro, se vio obligado a declarar que ni First Majestic Silver ni Pietro Sutti han hecho peticiones formales ni han presentado manifestaciones de impacto ambiental (MIA): “Semarnat hasta ahora no tiene ningún proyecto registrado ni petición por parte de empresas, pues para hacerlo primero tienen que hacer una mia, pero no hay registro de que lo hayan hecho”(El Exprés, de San Luis, 8 de abril de 2011).
Pero la empresa Pietro Sutti ha realizado exploraciones en el semidesierto, en la frontera de San Luis Potosí con Zacatecas, por lo menos desde 2009, “bajo su responsabilidad”, es decir, sin que constaran autorizaciones de cambio de uso de suelo y sin manifiestos de impacto ambiental, según afirmó Francisco Sandoval, delegado de Semarnat en Zacatecas (La Jornada San Luis, 28 de octubre de 2009), para explotar un enorme yacimiento de litio.
No podemos darnos el lujo de dudar del impulso prospector de la minería. Su historial es negro en cuanto a gestión social se refiere, porque la fragmentación, el divisionismo y la ingeniería de conflictos violentos son parte de sus estrategias como consta en otras partes del planeta, y México está desatado abriéndole cancha a las mineras. Basta revisar las desaseadas reformas a las leyes de minería (de 1996, 2005 y 2006). En 2008 México obtuvo “el quinto lugar mundial con mejor destino a la inversión a la minería”, según el reporte Behre Dolbear, de febrero de 2009, y el primer lugar en inversión en exploración en América Latina (según el reporte de Metals Economics Group, de marzo de 2009) al recibir el 6 por ciento de la inversión en exploración mundial (626 millones de dólares)” quedando por arriba de importantes países mineros como Chile, Perú y Brasil. Ver el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del gobierno federal mexicano (p. 206).
Y si las mentadas concesiones no existen, o no aparecen, recordemos que luego es difícil encontrar los documentos oficiales que evidencien la construcción de la infraestructura necesaria para los sitios de acceso de las mineras, pues los permisos pueden transferirse a los municipios y éstos tal vez los enmascaren con obras a beneficio de los ejidos, carreteras o pozos de agua, que las comunidades autorizan sin saber que están firmando directamente la destrucción de sus pueblos.
Es realmente crucial entender los peligros que se ciernen sobre Virikuta. Cualquier proyecto minero implica abrir conductos subterráneos y/o despanzurrar los cerros, abrir lagunas de lixiviados, alterar los niveles del suelo, enfrentar desplomes. Se envenenará el aire de la región, se afectará de gravedad la enorme riqueza biológica del desierto, la vitalidad de los suelos, los ríos, los manantiales y los mantos freáticos pero también, de un modo brutal, la profunda diversidad social y las posibilidades de futuro de una población de ejidatarios y pequeños propietarios de origen huachichil con una ancestral presencia custodiando en el desierto.
Las mineras fragmentarán el territorio, propiciarán la instalación de corredores industriales en la región de Catorce con sus minas, maquilas, comercios, cantinas, prostíbulos, centros “recreativos” y enclaves turísticos, y promoverán un clima de corrupción generalizada como cualquier boom-town. Expandirán el sistema carretero pavimentado que ya abre sus ramales para mejor extraer los minerales, y se urbanizará el desierto, lumpenizando a quienes hasta ahora viven sobre todo de sembrar milpa de temporal, de ser pastores de chivas y borregos, de recolectar frutos y hierbas medicinales de la amplia vegetación desértica, como hacen las mujeres, sabedoras antiguas de los remedios locales.
Debe quedar claro que el futuro prometido es la destrucción ecológico-social de toda la región y no sólo de las zonas identificadas como el sitio exacto donde estarán las extracciones.
Y por si fuera poco Virikuta es, desde 1999, uno de los 14 sitios sagrados identificados por la unesco, sin duda uno de los ámbitos rituales más importantes de América Latina porque está vivo: entraña una relación milenaria entre los habitantes del desierto (que cuentan con títulos ejidales sobre esas tierras) y las comunidades wixárika que van en peregrinaciones anuales a hacer ceremonias, colectar jícuri y revitalizar los manantiales, continuando una sabiduría del agua que algunos pueblos indios ejercen de antaño entre ambas sierras madres mesoamericanas para equilibrar los flujos y torrentes del agua en todas sus formas, pues para los wixaritari, Virikuta es una esquina de su territorio simbólico.
Hacia el año 2000, los wixaritari y los huachichiles del desierto habían logrado una profunda relación de respeto mutuo que les posibilitaba cuidar del desierto y disminuir tajantemente el tráfico de especies y de peyote mediante normas autogestionarias pactadas de común acuerdo, tras haber sido declarada Virikuta Área Natural Protegida (por su biodiversidad) en 1994.
Mas los sucesivos planes de manejo propuestos por organismos de conservación, como wwf, junto con otras ong y las dependencias federales y autoridades potosinas, a todos los niveles de gobierno, fueron coartando y lastimando esta relación respetuosa, en un proceso de fiscalización creciente de los peregrinos wixaritari, a los que se intenta controlar mediante credenciales, certificación, cuotas de colecta, permisos y planificación de ruta y acceso, más el hostigamiento intolerable de policía y ejército cual si fueran traficantes, mientras se le abre la puerta al verdadero tráfico de sustancias y a la corrupción de la región.
Enfrentar a las mineras y toda su corrupción implica ineludiblemente fortalecer los lazos milenarios entre las comunidades huicholas y los ejidatarios del desierto. Es también la hora de hacer valer todos los derechos consagrados en las leyes mexicanas, en convenios como el 169 de la oit y el de Viena, y en la reciente jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cifra la relación de los pueblos con su territorio en algo más que la mera posesión y producción, a partir de elementos espirituales y culturales.
Mediante acciones legales, nacionales o internacionales, las comunidades wixárika han sabido recuperar miles de hectáreas de su territorio ancestral, algo que les ha dado reconocimiento mundial por su transparencia y su efectividad jurídica. Hay que sumarnos a estas acciones con toda la fuerza social disponible.
REVISTA OJARASCA
Yessica Alquiciras, José Godoy, Evangelina Robles y Ramón Vera Herrera
SUPLEMENTO MENSUAL NÚMERO 169. MAYO DEL 2011