Por el presunto delito de sabotaje, el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez Guartambel, será llamado a comparecer ante la Fiscalía del Estado.
La denuncia contra el dirigente está relacionada con la interrupción de las vías de acceso al campamento minero propiedad de la compañía china Ecuagoldmining S.A., el 6 de mayo pasado.
Además de Pérez Guartambel, en esta nueva denuncia colocada por el delegado zonal del Ministerio del Interior, Santiago Correa, se incluye a otros siete comuneros.
En el documento se describe que ese día personas no identificadas colocaron obstáculos en la vía y además tenían información de “grupos interesados en realizar la toma del campamento minero”.
Mientras, esta diligencia judicial se ventila, las actividades mineras en Río Blanco continúan suspendidas por la disposición del juez Paúl Serrano, quien acogió la acción de protección planteada por algunos ciudadanos.
El argumento utilizado fue que se violentó la Constitución al no aplicar la consulta previa, libre e informada durante la ejecución del proyecto.
También se dispuso el retiro progresivo de los cerca de 50 militares que custodian el campamento minero.
Para el gobernador del Azuay, Xavier Enderica, ese fallo suena contradictorio, pues dice que por un lado se pide retirar a la fuerza terrestre y por otro resguardar el sitio de minería ilegal. (I)
Reclamos Concesión
Dirigente
Yaku Pérez actúa como procurador común de los comuneros de la parroquia Molleturo dentro de los reclamos contra las actividades mineras de Río Blanco.
Comunidades
Los comuneros alegan que la concesión minera afecta tierras y territorios de la comuna ancestral San Felipe de Molleturo. Alrededor del proyecto están comunidades.