El proyecto de una multinacional para volver a explotar la mina de cobre situada en los límites de los municipios de Touro y O Pino (A Coruña) ha recibido este domingo en Santiago un contundente rechazo por parte de 134 colectivos integrados en los sectores de la pesca y agricultura, que lo consideran una amenaza para sus intereses socioeconómicos. La multitudinaria manifestación que ha recorrido la capital de Galicia ha contado con el respaldo de varios Ayuntamientos, organizaciones sindicales y todos los partidos de la oposición en el Parlamento de Galicia que han exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que impida la reapertura de la mina y firme ya la caducidad de la concesión.
Al igual que ocurriera en febrero de 2016 cuando una movilización similar logró que la Xunta paralizase el controvertido proyecto de ley de acuicultura, la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA) emprendió una campaña informativa bajo el lema “No queremos una herencia envenenada” para apoyar las reivindicaciones de los vecinos de ambos ayuntamientos del área metropolitana de Santiago e impedir que la mina recupere la actividad treinta años después de su cierre. La entidad denuncia los daños que a su juicio provocarían los vertidos de la explotación en los recursos pesqueros y marisqueros de la ría de Arousa.
La movilización ha rematado con la lectura de un manifiesto en el que advierten a los poderes públicos del desastre medioambiental y económico que supondría la actividad minera. Los datos e informes que alertan de las consecuencias contaminantes que tendría la explotación para los sectores pesquero-marisquero y agrícola pretenden servir de argumento para evitar que la empresa multinacional Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas obtenga del Gobierno gallego los permisos administrativos para comenzar a operar en agosto.
Los promotores de la marcha han recordado que cuando en los años ochenta la minera Río Tinto abandonó la vieja explotación, dejó allí un desastre que todavía permanece, con ríos y regatos contaminados por las aguas ácidas y metales pesados: “En todo este tiempo, la Xunta miró para otro lado, pese a las numerosas denuncias que hubo, y es lógico, por tanto, que la posible reapertura genere un firme rechazo social. Un sentimiento que se acrecienta si reparamos en las cifras da explotación: 689 hectáreas de extensión donde meterían más de 100 millones de toneladas de lodos altamente contaminantes. Y todo eso a 200 metros de dos aldeas, Arinteiro y Torreis, que estarían condenadas a desaparecer”.
Consecuencias «peores que las del ‘Prestige»
Los detractores de la mina creen que los puestos de trabajo ofrecidos por la empresa promotora son un engaño ante las secuelas que tendría la explotación. “El proceso de extracción del mineral exigiría voladuras diarias que afectarían a la estabilidad de los diques de contención de las balsas por lo que estas podrían reventar sin ninguna capacidad de reacción”, afirman en el manifiesto. Y avisan que en 12 horas su carga letal ya estaría en la ría de Arousa. “Sería peor, mucho peor que el Prestige ¿Cómo se podría vivir en un entorno así?”, proclama el manifiesto que además crítica que Galicia se haya convertido «en una cuadrícula minera como consecuencia de una política que pone los intereses privados por encima de los de toda la sociedad”.
También advierten a la Xunta que “en cuanto el cobre deje de ser rentable [los promotores de la mina] huirían como ya ocurrió hace treinta años, y solo quedarían los restos del naufragio en forma de más contaminación e incertidumbre para nuestro futuro; y frente a eso no hay compensación posible”. Por eso piden a Núñez Feijóo que se restaure el daño causado por la anterior explotación y que los responsables paguen la recuperación medioambiental.
Cobre San Rafael, la filial promotora de la mina, ha acusado a los colectivos que se oponen al proyecto de generar «una alarma infundada» a través de «argumentos sin base técnica». En un comunicado difundido mientras se desarrollaba la masiva manifestación, asegura que la explotación cuenta con «garantías» de control y seguridad para la «no afección a las aguas y al medio natural» y ofrece «diálogo y transparencia» a los colectivos que se oponen a la mina.
La empresa niega que afecte al Camino de Santiago y, aunque admite que «se realizará una voladura al día, dividida en pequeñas cargas», sostiene que el polvo «se mitigará con riego de pistas, acopios y voladuras». Sobre los vertidos al río Ulla que los detractores del proyecto denuncian, Cobre San Rafael responde que habrá «cero salidas de aguas de proceso al exterior.
Fuente:https://elpais.com/ccaa/2018/06/10/galicia/1528640485_493819.html