La industria extractiva asegura que la comunicación con las comunidades es tan importante como la parte técnica, pero los indígenas denuncian que las vulneraciones de derechos continúan.
Más de la mitad de los conflictos sociales de Perú se deben a discrepancias entre empresas privadas y comunidades acerca de proyectos mineros o de energía. Esto viene sucediendo desde 2003, de acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, que indican que la población suele oponerse debido a la contaminación de recursos naturales, la pérdida de fuentes de agua para la agricultura o la pesca, y por problemas de propiedad de tierras.
La Defensoría reporta que entre 2009 y 2015, en dos de cada tres conflictos el diálogo empezó después de un hecho de violencia, y un 40% de quienes participaron en esas conversaciones tenían una lengua materna distinta del español; el 86% procedía de comunidades campesinas. Desencuentros similares ocurren en Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras y México, países con rasgos semejantes a Perú: presencia de población indígena, abundancia de recursos naturales e interés de inversionistas en minería, petróleo, y represas, entre otros rubros. El más reciente informe de Global Witness señala que en 2017 fueron asesinadas 197 personas defensoras de la tierra y el medioambiente, el 60% en América Latina.
Estos conflictos y cómo solucionarlos fueron parte de los debates que el Banco Interamericano de Desarrollo organizó en el Diálogo empresarial de las Américas, la pasada semana en Lima. Mientras los representantes de las corporaciones mineras aseguraban que para la nueva generación de ejecutivos la relación con la comunidad tiene tanta importancia como los aspectos técnicos de la operación, los líderes indígenas analizaron 12 casos en los que las empresas del sector extractivo han perjudicado sus comunidades y pidieron al Estado y al sector privado respetar sus derechos y el medioambiente.
En el conversatorio Recursos naturales y energía inteligente para las Américas, siete consejeros delegados comentaron sus lecciones para trabajar de manera sostenible en un entorno con diferencias culturales, raciales o religiosas. Este hemisferio produce el 20,4% de la hidroelectricidad en el mundo y la demanda de energía puede aumentar un 91% en 20 años, indica el BID.
Uno puede manejar la mejor mina del mundo, pero si tiene bloqueos de carretera constantes, no funciona
Kelvin Dushnisky, presidente de Barrick Gold Canadá, afirmó que el punto de partida es cuidar el bienestar de la fuerza laboral y actuar de manera responsable en cuanto al medioambiente. El ejecutivo destacó que no es fácil establecer confianza con las comunidades, pero debe trabajarse mediante “comunicación y consulta, desde el inicio, con las partes involucradas en el proyecto”. “Es mejor empezar antes: la consulta a las comunidades locales debe estar desde las primeras reuniones, aun cuando no sabemos si tenemos yacimiento. Hemos tenido problemas cuando hemos consultado los programas ya diseñados o un plan ya desarrollado”, explicó el ejecutivo.
En Perú, el Ministerio de Energía y Minas establece como requisito de los proyectos de inversión reuniones informativas para la población afectada, pero además en 2011 aprobó la ley de consulta previa a pueblos indígenas, basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este indica que toda decisión que afecte a los pueblos indígenas debe ser consultada previamente para que den su consentimiento. En 2015, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, reconoció que varios megaproyectos mineros iniciaron en Perú en la última década sin consulta previa, y planteó una “consulta posterior” que no se concretó.
Dushnisky explicó que en su empresa identifican círculos concéntricos de interlocutores: “Este abordaje local nos ayuda a superar diferencias: hay mucho trabajo por hacer. Uno puede manejar la mejor mina del mundo, pero si tiene bloqueos de carretera constantes, no funciona”.
Richard Adkerson, presidente de Freeport McMoran, planteó que la minería tiene “una herencia terrible” porque cuando una empresa llega, “invierte en recursos, da trabajo a algunas personas, y cuando se va, la situación es peor a antes de su llegada. Con eso tenemos que vivir”. El ejecutivo de la compañía que opera la mina Cerro Verde en Perú resumió las dificultades de haber trabajado con culturas y religiones diversas en Papua-Nueva Guinea, Congo, Chile, y la zona de nativos de EE UU. “Mucha gente pone su enfoque en sacar el mineral del suelo y el resto no le parece necesario, lo ve como una complicación”, advirtió.
En Perú, entre 2009 y 2015, en dos de cada tres conflictos sociales el diálogo empezó después de un hecho de violencia
Según Adkerson, las empresas deben asegurarse de que “las personas de la localidad reciban beneficios en trabajo, educación, salud y oportunidades empresariales”, pero a veces el interés del Gobierno central no es el mismo que el de las comunidades locales. “Esa no puede ser excusa para no brindar atención a la comunidad”, planteó.
A raíz del poco cumplimiento de los compromisos que firman algunas empresas con comunidades y los continuos conflictos, en enero de 2017, Perú aprobó una ley que crea un fondo de adelanto social para programas que reduzcan las brechas en zonas donde se desarrollarán actividades económicas como “proyectos mineros en fase de exploración avanzada o donde haya decisiones de inversión ya tomadas”, precisó el año pasado la exministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín. Este año el país destinará 15 millones de dólares a ese fondo.
“Tuvimos un debate recientemente en una mina complicada, ¿Es más difícil la parte técnica? Lidiar con los problemas comunitarios es más complicado: si no lo hacemos bien, perdemos nuestra licencia para operar”, describió Adkerson. “En los años noventa, una operación de extracción de oro creció y necesitábamos retirar a parte de la población. Tuvimos que establecer una organización de pobladores con autoridad para tratar estos problemas con ingenieros de minas, pero nunca se resuelve. Uno hace cierto progreso, empodera a la gente y quieren más. Uno los educa mejor y quieren más. Quizá es el ciclo del mundo. Hay que trabajar con esto sin sentir que es un gran problema”, recomendó.
Alex Dimitrieff, presidente de Crecimiento Global en General Electric (EE UU), esbozó ideas similares: “Parte de la regla es invertir en las comunidades, hacer inversiones adelantadas con el gobierno, involucrar a los funcionarios públicos para que vean las contribuciones de nuestra compañía a la comunidad. No hay una receta, hay muchas culturas”.
Demandas de pueblos indígenas
En la audiencia pública El impacto de la corrupción en los derechos de los pueblos indígenas unos 100 líderes de comunidades y organizaciones de pueblos originarios elaboraron recomendaciones que entregaron a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre de las Américas.
Una docena de líderes sintetizaron los problemas que afrontan por proyectos mineros o de infraestructura no consultados previamente por las empresas a las comunidades, o que se realizan infringiendo sus normas, o recortando su territorio.
Hermógenes Tantarico, presidente comunal de San Juan de Kañaris, al norte de Perú, expuso una de las situaciones más graves para las comunidades indígenas. La población habla una variante del quechua llamada Inkawasi-Kañaris y, como comunidad indígena, tenía derecho a que un proyecto minero y otro de instalación de Internet les fueran consultados, pero no hubo consulta previa. “Hablamos nuestra lengua desde niños y sentimos el atropello de estas empresas en nuestro territorio. En el primer caso tenemos problemas por un proyecto de inversión en telecomunicaciones: nos exigen vender parcelas de nuestro territorio y modificar el estatuto interno de la comunidad. Necesitamos desarrollo, pero respetando nuestras leyes”, afirmó Tantarico.
“El otro problema es el megaproyecto minero Cañariaco Cooper, que tiene la concesión del 96% de nuestro territorio de la comunidad. Este proyecto fue presentado en nuestra asamblea y no lo aceptamos. Comunicamos al Estado nuestra decisión y no nos hizo caso. En 2013 tuvimos un conflicto con heridos y denunciados por terrorismo. El Estado no nos respetó. Hoy demandamos la anulación del megaproyecto que la población tajantemente ha rechazado, porque la comunidad tiene sus propios recursos en fauna, bosques, neblinas, agricultura y ríos”, agregó la autoridad comunal.
En contraste, la empresa canadiense a cargo del proyecto ve un clima optimista para su inversión, después de que el Gobierno anunciara 15 millones de dólares para obras de irrigación y caminos, y nuevas normas que le facilitarán los permisos de exploración.
Otros casos de vulneración de comunidades, expuestos en la audiencia, fueron la afectación de fuentes de agua en la región Moquegua, los monocultivos de palma aceitera en la comunidad de Santa Clara de Uchunya (en la Amazonía norte), y la minería en la comunidad amazónica Tres Islas (en la selva sur-oriental). El Estado ha otorgado concesiones mineras, sin consulta, en el 60% del territorio de Tres Islas, y los beneficiarios delegan la explotación a mineros ilegales que han causado problemas de contaminación por mercurio, redes de prostitución y tala ilegal.
Tres Islas, al igual que Kañaris, y cientos de comunidades indígenas de Perú esperan que el Estado inscriba en los registros públicos su territorio colectivo. Desde 2009, las autoridades de organizaciones amazónicas y andinas denuncian que pese a cumplir con los requisitos, no obtienen su título y ello los deja en situación de vulnerabilidad frente a las empresas privadas y, también, frente a mineros y taladores ilegales.
Fuente:https://elpais.com/elpais/2018/04/17/planeta_futuro/1523971461_185956.html