07 de Abril de 2011Una comunidad aborigen de Catamarca le solicitó al máximo tribunal que detenga la contaminación minera ya que la minera «Agua Rica», la cual en su «informe ambiental admite la producción de daños ambientales».
06/04/2011. Una comunidad aborigen pidió a la Corte Suprema de Justicia que ordene el cese de la actividad de una minera de extraer metales preciosos en la provincia de Catamarca, a raíz de la contaminación que se genera. La acción de amparo contra el Estado y varias provincias fue interpuesta por la Comunidad indígena oriunda de Catamarca, para que se le ordene a la minera «Agua Rica», la cual en su «informe ambiental admite la producción de daños ambientales».
Según la presentación, la minera, para extraer oro, cobre y molibdeno en el yacimiento ubicado en la ciudad de Andalgala, en Catamarca, utiliza solventes altamente tóxicos, «causando contaminación del aire, agua, suelos, vegetación, y daños en la salud de los habitantes de la región».
La acción de amparo es contra la provincia de Catamarca, «por cuanto a través de sus órganos dictó la resolución que allanó el camino para que se agrave la contaminación del medio ambiente omitiendo actuar a fines de asegurar y garantizar un ambiente sano para sus propios habitantes y de sus generaciones futuras», se indicó.
También involucra a Tucumán, que debería oficiar de policía.
Pero la misma, también está dirigida contra Tucumán, por la omisión en ejercer el poder de policía «al permitir que en su territorio se instale la planta de filtrado y el minaroloducto, omitiendo velar por el mantenimiento de un medio ambiente sano al no haber intervenido para evitar la inminente contaminación de la cuenca del Río Juramento, que sirve de agua potable y de riego para importantes comunidades de su cercanía».
Contra la provincia de Salta, los demandantes le endilgan haber omitido «oponerse a la instalación de la megamina en perjuicio de sus habitantes, la cual producirá contaminación sobre las aguas de la cuenca del Río Juramento viéndose así afectado el Río Santa María, cuyas aguas atraviesan esa provincia». También en su demanda, los indígenas acusan a La Rioja y por sobre todo al Estado Nacional ya que habría omitido «realizar una adecuada gestión ambiental y arbitrar las medidas conducentes a resguardar el medio ambiente, ya que es razonable el Estado actúe para evitar los daños en las personas».
Debido a la «urgencia en proteger y prevenir los daños al medio ambiente y la evidente contaminación que conlleva la actividad minera a cielo abierto, en la misma acción de amparo se ha peticionado una medida precautoria para que cese de inmediato todo tipo de actividad, a efectos de evitar el deterioro ambiental que progresa en modo exponencial, no existiendo soluciones tradicionales para repararlo», sostuvieron en el recurso que está ahora a estudio de la Corte Suprema.
La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado Gregorio Dalbón, quien señaló que «de una vez por todas la Argentina necesita como lo han hecho países desarrollados terminar con la minería a cielo abierto y evitar desastres naturales, pérdidas de fauna, flora y enfermedades que afectan y matan a los ciudadanos».