Caso Majaz:
Lima, 12 de setiembre de 2007
APRODEH EXPRESA SU SOLIDARIDAD HACIA PERSONAS E INSTITUCIONES AGRAVIADAS POR RESPALDAR CONSULTA VECINAL
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa su solidaridad con el abogado Javier Jahncke de Fedepaz, el obispo de Chulucanas Daniel Turley, la emisora piurana Radio Cutivalú, la ONG Transparencia, las instituciones belgas de cooperación, el Padre Marco Arana, el abogado Quique Rodríguez y todas las demás personas e instituciones que han sido agraviadas por parte de algunos medios de comunicación, que los han acusado de promover el terrorismo y el desgobierno por el solo hecho de respaldar una consulta vecinal. Así como la Defensoría del Pueblo, APRODEH considera que los alcaldes distritales de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa tienen todo el derecho de convocar a los ciudadanos de estos distritos para conocer su opinión en función a una situación que puede afectarlos, como son las actividades que la empresa minera Majaz, actualmente en manos del grupo Zijin, pretende realizar en su territorio.
APRODEH lamenta que algunos funcionarios hayan señalado que se trata de una “consulta ilegal”, sin advertir que se trata de un mecanismo de participación amparado en la Ley Orgánica de Municipalidades y avalado por los Consejos Municipales de los tres distritos involucrados; sin precisar además ninguna norma concreta que haya sido vulnerada; y tras ello, acusar de difundir publicidad pretendiendo atemorizar a la población de los tres distritos piuranos, como si expresar el propio punto de vista fuera un acto delictivo. APRODEH saluda la decisión de parte del Primer Ministro, Jorge Del Castillo, de buscar el diálogo con la población de las provincias afectadas.
Precisamente, la consulta del 16 de setiembre permitirá saber cuál es la opinión de los habitantes de la zona, dado que la posición del gobierno, de respaldo a la empresa, se ha evidenciado de manera abierta en estas semanas. APRODEH invoca al gobierno y las empresas mineras a no identificar como enemigos suyos a las personas e instituciones que solamente buscan un desarrollo sostenible y el respeto a la voluntad popular.
APRODEH espera que prime una solución dialogada al conflicto que ha generado la permanencia no autorizada de la empresa Majaz en dos comunidades campesinas y advierte a las autoridades que pretender promover la inversión privada no puede implicar atentar contra la vida de los más pobres.