Cuenca, 28 de agosto del 2017
Río Blanco no se rinde. Hoy se cumplen 18 días de protestas frente al campamento de la minera china Junefield/Ecuagoldmining en los páramos del Cajas y los campesinos siguen firmes en su propósito de expulsar definitivamente a la empresa y proteger sus derechos y los de la naturaleza.
Inexplicablemente, no ha habido respuesta a su demanda por parte de las autoridades de la función ejecutiva en la provincia ni tampoco una clara voluntad de diálogo. Hasta la fecha, ninguna autoridad del ejecutivo se ha trasladado al lugar de los hechos para escuchar sus denuncias sobre los delitos ambientales y los abusos de la empresa minera.
Durante 18 días con sus noches, hombres, mujeres y menores de edad de Río Blanco han permanecido ante uno de los accesos a las instalaciones de la mina, desafiando el frío intenso de la noche, cocinando en comunidad y manteniéndose gracias al trabajo colectivo.
Ignorar las justas protestas de Río Blanco por parte de las autoridades competentes es faltar a su deber de garantizar los derechos establecidos en la constitución y es, de hecho, una forma de violencia estatal.
De otro lado, la minera china sigue llevando trabajadores de comunidades vecinas al campamento, lo cual crea un ambiente de tensión que ya se ha desencadenado en actos de violencia contra la comunidad de Río Blanco.
Para las organizaciones sociales hay dos motivos más de honda preocupación: la denuncia de militarización del territorio y las agresiones policiales. Personal y vehículos militares amanecieron el jueves anterior 24 de agosto en la comunidad de San Pedro de Yumate, ubicada a 30 minutos del campamento minero, de acuerdo con un tuit de la Voz del Tomebamba: “San Pedro de Yumate-Molleturo amaneció militarizado, debido a que moradores de Río Blanco se levantaron en contra de minería”.
En una carta enviada al gobernador del Azuay, Xavier Enderica, ese mismo día, varios integrantes de Yasunidos Guapondelig exigían disponer el retiro inmediato de los militares y detener las agresiones policiales, que también se habían producido, según denuncias de los comuneros recogidas por El Universo.
La jefa política del cantón Cuenca, Vanessa Cueva, en diálogo telefónico con Yasunidos Guapondelig, aseguró que no existían tales agresiones y que la presencia de los militares no estaba relacionada con el conflicto en Río Blanco, sino con un control de armas en la parte baja de Molleturo.
Yasunidos Guapondelig hace un llamado urgente al ministro del Interior, César Navas, al gobernador del Azuay, Xavier Enderica, y al jefe de Policía del Azuay, Coronel Pablo Tamayo Peñaherrera, a mantener la actuación de la fuerza pública férreamente ceñida a nuestros derechos constitucionales, a desmilitarizar la zona de manera inmediata y a resolver el conflicto a través del diálogo.
Igualmente, solicitamos un pronunciamiento al respecto al alcalde Marcelo Cabrera y al prefecto Paúl Carrasco, quienes votaron a favor de las declaratorias de Cuenca y del Azuay como territorios libres de minería metálica, así como al gerente general de ETAPA, Boris Piedra, y al subgerente de Gestión Ambiental, Paúl Vintimilla. ETAPA es la institución responsable del cuidado del Parque Nacional Cajas.
Exhortamos a los colectivos sociales y organismos de derechos humanos de la región y el país a permanecer en vigilia para garantizar la integridad de los campesinos y campesinas de Río Blanco, así como a los medios de comunicación a mantener una cobertura permanente del conflicto.
Entre los comuneros, los activistas, las ecologistas y las artistas que se dieron cita en el platón realizado el viernes anterior 25 de agosto frente a la gobernación del Azuay, el mensaje era que Río Blanco no está solo porque Río Blanco es el Cajas y el Cajas es Cuenca. Río Blanco defiende el agua que bebemos. “Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Río Blanco es la mejor”, cantaban los manifestantes.
YASunidos Guapondelig