Alan privatizado ¿Acaso el Estado es de los grandes empresarios mineros?
Nicolás Lynch.
LA REPUBLICA Jueves, 13 de Septiembre 2007
El proceso de reprivatización del Estado, llevado a cabo de manera mafiosa durante el fujimorato, sigue gozando de buena salud. Dos hechos recientes así lo señalan: la entrega a los grandes empresarios del proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo y la férrea oposición gubernamental a la consulta popular de tres municipios piuranos sobre la conveniencia de la actividad minera en su zona. El Estado, por definición, encarna la autoridad pública y le corresponde ejercerla, se supone, en representación y para beneficio de todos. Pero en nuestro país el Estado republicano nació como un Estado patrimonial, es decir, contradictoriamente, con dueños, como patrimonio del grupo criollo que heredó el poder colonial.
Esta situación ha sido lentamente revertida a lo largo de la república, en especial en los últimos 80 años, que han sido testigos de un importantísimo proceso de democratización social y política. Sin embargo, esta democratización sufrió un duro revés durante la dictadura que, practicando una suerte de neopatrimonialismo, privatizó no solo empresas sino buena parte de la autoridad pública.
El actual gobierno de García, a pesar de pertenecer a un partido cuyo fundador insurgió a la vida política precisamente luchando contra el Estado patrimonial, ha decidido no sólo continuar -como ya hizo el gobierno de Toledo- sino en muchos casos profundizar esta reprivatización estatal del régimen autoritario.
En el caso de Forsur es clarísimo. El Estado, en lugar de asumir sus obligaciones, abdica de ellas. Ciertamente, el problema de la reconstrucción es complejo, pero son las autoridades locales y regionales las que han debido ponerse al frente, con la ayuda y el asesoramiento del gobierno central. Los empresarios privados, sobre todo los relacionados con la zona, pueden y deben colaborar, pero no mandar. Si mandan se termina la autoridad pública y la lógica de servicio que ella supone, para ser reemplazada por una autoridad distinta cuya lógica, obedeciendo a su naturaleza, es la ganancia.
El caso de la consulta popular es similar. Nadie discute la importancia de la minería para el desarrollo del país y de las regiones en las que se asienta, pero el desarrollo minero no puede darse al margen de la opinión de las poblaciones en cuyos territorios se va a producir.
La oposición del gobierno a la consulta, no vinculante por lo demás, es su oposición a escuchar la opinión de otros peruanos que no son empresarios mineros pero que van a ser directamente afectados por la actividad de estos. La salida debería ser el acuerdo y no la imposición, que es lo que hasta ahora se concluye de las reiteradas declaraciones del Presidente. ¿Acaso el Estado es de los grandes empresarios mineros? Hasta ahora parece que sí. Es más, diera la impresión de que no están dispuestos a compartirlo con nadie.
En estas condiciones de profundización de la privatización del Estado, el choque con las instituciones de la democracia va a ser cada vez más agudo. Ojalá no lleguemos a ningún desenlace fatal.