Buen Romance.
Carlos Reyna
LA REPUBLICA Lunes 10 de setiembre 2007
El ideal democrático es que la gente vote respecto a sus asuntos comunes. Unas veces los resultados de las votaciones son de cumplimiento obligatorio, otras sirven como importante elemento referencial para las autoridades. El segundo es el caso de la consulta vecinal de los municipios de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, respecto a la conveniencia de una explotación minera en su jurisdicción. Es totalmente válida y legal como expresión de opinión popular. Y ya le ha hecho varios aportes al desarrollo institucional de la democracia en el país. La consulta, así como su antecedente en Tambogrande, saca a colación una de las grandes deficiencias de nuestra actual democracia: la completa exclusión de las poblaciones locales y regionales, así como de sus autoridades electas, de toda decisión importante respecto al establecimiento de explotaciones mineras en sus jurisdicciones.
Esta falla, quién no lo sabe, ha sido un recurrente factor de conflicto entre mineras y comunidades. Un mérito de la consulta es recordarlo con firmeza, a ver si es reparada. También sirve para señalar que las democracias modernas sí trasladan atribuciones a las autoridades locales o regionales en materia de explotaciones mineras. Sólo un par de ejemplos: en Canadá los municipios deciden si tal emprendimiento minero se establece o no en su jurisdicción.
En Chile, son autoridades ambientales regionales, visibles, especializadas y autónomas las que fiscalizan y deciden sobre las cuestiones ambientales. Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido cortejar al gobierno en este asunto. Ha acusado a la consulta de ilegal e ilegítima y ha denunciado judicialmente a los alcaldes promotores.
Con ello, ha recubierto de legalidad a todo el cerco tendido contra ellos por buena parte del actual régimen. Ojalá tuviera los mismos arrestos sancionadores cuando los partidos incumplen la ley que los rige.
La consulta sería ilegal si pretendiera que sus resultados fueran de cumplimiento obligatorio. Los promotores han señalado, por el contrario, que la idea es la de dejar expresada la opinión de la gente.
El mecanismo escogido es uno tan conocido como el del sufragio universal. Este es un simple e importante acto de libertad de expresión. Lo que es ridículo es que el JNE cuestione la legitimidad de la consulta.
Sólo la gente misma puede quitar la legitimidad a un evento o a una institución. Esto revela que el JNE conoce poco de sus propias atribuciones y muestra su tendencia a sobrepasarlas. Con razón se ha convertido en el punching ball del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, ya que no les prestan los colegios, los promotores de la consulta preparan a las canchas deportivas como locales de votación. Que les vaya bien.